Joaquim Bosch: "La corrupción política española no tiene equivalente en ningún país europeo"

ValenciaEl magistrado y portavoz en el País Valenciano de la organización Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, publica el libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (Ariel, 2022), que se presentó este martes en la librería La Central de Barcelona. La obra considera que el franquismo y el sistema de partidos que configuró la Transición son los principales responsables de la corrupción política, e intenta delimitar la dimensión recopilando datos como los publicados en 2013 por la Universidad de Las Palmas, según las cuales el coste de la corrupción en España se elevaba a 40.000 millones de euros anuales. También destaca que, según los cálculos de los investigadores Francisco Alcalá y Fernando Jiménez, si se eliminaran las malas praxis de la clase dirigente, España incrementaría un 20% el PIB durante un periodo de quince años.

¿Es España el estado con los políticos más corruptos de Europa?

— Hay países de corrupción sistemática, como los de Centroamérica, donde la corrupción afecta a todo el espacio público: políticos, jueces, policías, militares... En el ámbito europeo hay países donde la corrupción está repartida en unos cuantos estamentos, pero en niveles bajos. La gran particularidad española es que la corrupción se concentra extremadamente en el ámbito político. Mi impresión es que esto tiene mucho que ver con la corrupción generalizada del franquismo y el sistema de partidos que configuró la Transición. Tenemos muchos territorios donde están condenados, en prisión provisional o investigados presidentes de comunidades autónomas, consejeros, presidentes de diputaciones, alcaldes de las principales ciudades... Y de esto no hay ningún equivalente en ningún país europeo y democrático.

¿Y cuál es el motivo?

— Los estados contemporáneos se expandieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esto en Europa se hizo con instituciones democráticas y controles, mientras que en el estado español tuvimos cerca de cuarenta años de una dictadura especialmente corrupta. Esto hizo arraigar hábitos sociológicos muy profundos, y es el precedente inmediato del sistema democrático. A finales de los años 80 los estudios de la entonces Comunidad Económica Europea señalaban que el español era el único estado donde en las encuestas sobre las virtudes de los políticos los ciudadanos no ponían en primer lugar la ausencia de corrupción. Aquí estábamos acostumbrados al hecho de que los políticos robaran y que la honradez no fuera una virtud especial.

¿La corrupción afectaba al mismo dictador?

— Al dictador, a muchos de sus ministros, a cargos de todos los territorios... Hay muchos casos de apropiaciones de bienes públicos [por parte de Francisco Franco]. Quizás los más conocidos son los de Pazo de Meirás y el Palacio de Cornide en A Coruña. Al final de la Guerra Civil, el mismo Franco se apropió de aportaciones económicas que eran donaciones para la campaña [militar], o de ayudas para el país como la del café de Brasil [según el historiador Ángel Viñas, el dictador confiscó una donación del país latinoamericano para después revenderla al ministerio de Industria y Comercio].

Afirma que durante la Transición la corrupción del franquismo se ignoró porque había que priorizar los grandes pactos de estado. ¿No había alternativa?

— Solo habría sido posible con una ruptura con el sistema anterior, pero tenemos que recordar que de los últimos cincuenta ministros del franquismo, la mitad continuaron en política y la otra mitad pasaron a los consejos de administración de las grandes empresas del país. También, que en el primer Parlamento democrático del año 1977 había 110 parlamentarios que habían sido altos cargos del franquismo y que decenas de miles de empleados del Movimiento Nacional, partido único de la dictadura, pasaron a la administración pública sin ninguna oposición. O que los tres presidentes que tuvo el Tribunal de Orden Público del Franquismo acabaron en el Tribunal Supremo.

En países como Grecia y Portugal, que también sufrieron dictaduras durante la segunda parte del siglo XX, ¿se hizo de manera diferente?

— Allí sí que se produjo una ruptura democrática y hubo procesos contra cargos de la dictadura tanto en el ámbito político como en el jurídico y el funcionarial. En Portugal y Grecia, el régimen se hundió y aquí fue a la inversa: seguramente por la intensidad de la represión, que facilitó que el postfranquismo tuviera el control total de las instituciones para pilotar la Transición. Pensamos en los numerosos intentos de golpes de estado, que no eran simulaciones como demostró el 23-F, o que [entre 1975 y 1982] fueron asesinadas cerca de 250 personas por las fuerzas de seguridad o por bandas de extrema derecha amparadas por redes institucionales. En contra de lo que se ha dicho, aquí no hubo un pacto entre iguales.

Una vez superado este momento, los partidos habrían podido hacer reformas, pero usted denuncia que las cúpulas lo impidieron.

— El problema de las cúpulas es que se ha producido un conflicto de intereses entre las dinámicas que les permiten tener un fuerte control sobre las maquinarias internas [de los partidos] y unas reformas que podrían hacer disminuir este poder. Por ejemplo, reducir las cerca de 100.000 personas nombradas a dedo que hay en España. Es complicado que las eliminen porque les sirven para situar a altos cargos, cuadros intermedios, militancia de base... que tienen una importancia decisiva en la configuración de las mayorías internas de los partidos. 

En el libro propone reformas como que los jueces sean elegidos por sorteo o por los ciudadanos a través de unas elecciones, la reducción de la capacidad de modificar las contrataciones públicas una vez se hayan adjudicado y la implantación de listas electorales desbloqueadas. ¿Qué aportarían?

— En la mayoría de países europeos hay listas desbloqueadas. Portugal y España somos una excepción. Las listas bloqueadas impiden expulsar a los corruptos. Si la ciudadanía puede elegir disminuye el poder de las cúpulas, que no pueden imponer a sus candidatos.

También se queja de que en Catalunya se ha negado la corrupción con una actitud victimista.

— Hay casos clarísimos de corrupción, como la sentencia del caso Palau, donde se reproducen las mismas dinámicas de los principales partidos estatales. Ante esto, la respuesta no puede ser desviar la atención a través del discurso del victimismo, sino reconocer que hay un problema y hacer reformas democráticas.