La mayoría del PP en el Senado concluye que la financiación singular de Catalunya sería "insostenible"

MadridTal y como ya hizo con la ley de amnistía, el PP ha aprovechado que tiene mayoría absoluta en el Senado para hacer oposición contra la financiación singular de Catalunya. El procedimiento ha sido prácticamente calcado con la diferencia de que sobre el sistema de financiación autonómica todavía no existe ninguna reforma en tramitación en las cámaras españolas y el debate no ha convocado a presidentes autonómicos –la amnistía propició un careo entre Pere Aragonès e Isabel Díaz Ayuso lleva ocho meses en el mismo foro. Sin embargo, los populares han utilizado de nuevo la comisión general de comunidades autónomas, pensada para debatir asuntos que afectan a sus competencias, para emitir un posicionamiento contrario al acuerdo de los socialistas con ERC. Después de haber escuchado a doce expertos, la mayoría de ellos llamados a iniciativa del PP, la comisión ha aprobado un texto este lunes que alerta de que la financiación singular sería "insostenible".

"Al acercarse al sistema foral, pero aplicándolo a una comunidad con mayor peso económico como Catalunya, estaría en riesgo el equilibrio del sistema de financiación autonómica", recoge el informe de dieciocho páginas, que va desgranando los posicionamientos "mayoritarios" sin mencionar el sesgo de los perfiles elegidos. "Los expertos fueron tajantes cuando afirmaron que la propuesta de singularidad fiscal es inconstitucional, entre otras cosas, para contravenir al principio de igualdad fiscal, que está claramente recogido en la norma básica", concluye el PP. El impacto de un "aumento de los recursos" para Catalunya, que el informe estima entre "6.600 y 13.200 millones de euros anuales", "requeriría una redistribución de recursos que sería insostenible para el resto de las comunidades autónomas, afectando a la equidad y la solidaridad interterritorial", dice el texto, que ve innegable que habría "desequilibrios financieros".

A juicio de los expertos convocados por el PP, "la consolidación estructural de singularidades fiscales en el sistema" podría llegar a considerarse "dumping fiscal". Estos expertos rechazan que sea lo que está haciendo Madrid, a diferencia de lo que sostiene el gobierno español sobre las rebajas de impuestos de Ayuso, pero alertan de que podría hacerlo Catalunya. "Que una comunidad autónoma baje sus impuestos dentro del rango que le otorga el sistema nunca puede considerarse competencia desleal", afirma el informe sobre la política de Ayuso, que al mismo tiempo advierte que una "descentralización tributaria" con la posibilidad que Cataluña gestione "impuestos clave" como el de sociedades podría serlo, ya que permitiría "establecer políticas fiscales atractivas para empresas y contribuyentes de alto nivel económico, hecho que podría distorsionar la asignación de recursos a nivel nacional". Justo lo que otros expertos atribuyen a las políticas de la presidenta madrileña con impuestos cedidos como el de sucesiones.

Por otro lado, los grupos independentistas y el PSOE han rechazado las conclusiones aprobadas por el PP. El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, aunque crítico con el acuerdo PSC-ERC, ha denunciado que es un informe "de parto" que sólo ha servido "de excusa para organizar un aquelarre en el Senado". La portavoz republicana, Sara Bailac, defendió el pacto suscrito por su partido y criticó el uso espurio de las instituciones por parte de los populares, que este lunes tuvo un ejemplo doble con la coincidencia con el polémico congreso antiabortista.