Las defensas de los encausados en la operación Judas impugnarán el procesamiento por la existencia de una causa secreta

Las defensas de los investigados en la operación Judas han anunciado hoy que presentarán escritos de nulidad para impugnar la resolución de procesamiento de los trece encausados. Los abogados de Alerta Solidària han explicado que han detectado incidencias, la última de las cuales la existencia de una causa secreta de donde surgen los indicios para inculpar a los investigados y a la que la defensa no ha tenido acceso. Es un procedimiento instruido en la Audiencia española muy probablemente desde el 2017, teniendo en cuenta el número de las diligencias, y de estas diligencias derivaría la causa actual. Lo ha anunciado el abogado del colectivo, Jordi Busquets, que representa a una parte de los encausados, cinco de los cuales hoy han declarado por vía telemática desde el juzgado de Mollet del Vallès y un sexto desde el de Cerdanyola. Se los acusa de pertenencia a organización terrorista y a nueve de ellos, además, por tenencia y fabricación de sustancias o aparatos de carácter terrorista.

“Se ha hecho una instrucción con pruebas que no han sido vistas por las defensas. Esto genera indefensión porque no tenemos el total de la prueba existente contra ellos”, ha denunciado Busquets. En este sentido, ha asegurado que se trata de "sorpresas" que se van encontrando poco a poco y que dejan al margen a las defensas. Estos indicios han derivado, ha criticado, de las "elucubraciones de la Guardia Civil" y de "hechos inconexos" que quedaron reflejados en el atestado policial. "El juez de la Audiencia Nacional ha copiado lo que decía el fiscal, que a su vez copiaba e incluso con faltas de ortografía los atestados de la Guardia Civil, que están hechos basados en fabulaciones", ha denunciado Busquets. En declaraciones al ARA, familiares de los encausados han explicado que tampoco saben en qué consiste esta causa secreta. Fuentes de la Fiscalia se han limitado a decir que esta segunda causa "no es pública" para evitar dar más información.

También se los ha informado de la existencia de una petición de fianza por parte de la Fiscalía de mil euros, una cifra que todavía no se ha determinado si es en total para los trece encausados o para cada uno de ellos. Las defensas han explicado que esperan que el jueves, cuando declararán uno de los investigados en Vic (Osona) y seis más en Sabadell (Vallès Occidental), quede claro este aspecto.

A pesar de que los encausados habían sido citados para declarar en los juzgados de Mollet a las 10.00 h, donde se han concentrado medio centenar de personas en apoyo suyo, no ha sido hasta las 11.30 h cuando han podido hacerlo por problemas técnicos. El de hoy era un trámite técnico, la declaración indagatoria, en la que el juez les ha notificado oficialmente la resolución de procesamiento y los delitos de los que se los acusaba, un procedimiento que ha durado unos treinta segundos para cada uno de los citados, según han expuesto fuentes de la defensa a la salida de los juzgados.

Ahora mismo los encausados saben que el juez Manuel García Castellón considera que formaban, dentro de los CDR, el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una supuesta célula integrada por los investigados de una "gran radicalidad" que querían cometer, según la investigación policial, acciones más contundentes como por ejemplo asaltar el Parlament. Los miembros de los CDR se enfrentan a penas que van de los 6 a los 27 años de prisión. Por este motivo, hace dos semanas García Castellón procesó por presunta pertenencia a organización terrorista a los trece activistas investigados en esta operación, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2019. Además, nueve son también procesados por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables considerados “de carácter terrorista”. La policía española detuvo a nueve menos de un mes antes de las protestas contra la sentencia del Procés y el resto fueron encausados meses después.