Así destaparon los Mossos d'Esquadra el caso Montoro

BarcelonaEl día 9 de noviembre de 2017 toda la atención política y mediática en Cataluña estaba concentrada en la plaza Villa de París de Madrid, en el Tribunal Supremo. Por allí desfilaron los miembros de la mesa del Parlament, encabezados por Carme Forcadell, con la amenaza de acabar en prisión preventiva –así fue esa noche para la presidenta de la cámara–, tal y como pocos días antes le había ocurrido a medio Gobierno de la Generalitat y también a los líderes del ANC y Ómnium —Carles Puigdemont ya era en Bélgica—. Mariano Rajoy estaba al frente de la presidencia del gobierno de España y hacía poco más de diez días que había aplicado el 155 para aplacar la declaración de independencia en el Parlament. Pero mientras todo esto ocurría y Cataluña vivía las semanas más tensas desde la restauración de la democracia, el Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra tenía el ojo puesto en otro sitio: en la empresa Messer Ibérica de Gases SA (Tarragona). Aquel día estaba previsto un cacheo que les llevó, de forma inesperada, a destapar uno de los casos de presunta de corrupción más sofisticados desde el fin de la dictadura: el caso Montoro.

Justo en otoño del 2017, la policía catalana pilota una causa adscrita al juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, donde se investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra la administración pública. La sospecha es que la empresa Messer Ibérica de Gases había construido una planta sin los permisos necesarios y, en consecuencia, también estaba en cuestión el papel del Ayuntamiento de El Morell, en ese momento gobernado por CiU. El día 9 de noviembre de 2017 el magistrado autoriza a la policía a realizar los registros y a intervenir documentos físicos y correos electrónicos que resulten de interés para la investigación. Les indica que deben ir "de forma simultánea" a la sede central de Messer, a la autovía Tarragona-Salou, y a la planta del Morell de la misma sociedad; y, una vez terminados, que deben dirigirse al consistorio municipal.

Un correo sospechoso

Desde la sede de Messer Ibérica de Gases, en el polígono de Vila-seca, se ven las atracciones más altas de Port Aventura. A las nueve de la mañana se plantan los agentes del Área de Investigación Criminal (AIC) de los Mossos de Tarragona como policía judicial, sin saber que de ahí sacarán documentación que les llevará hasta Montoro.

De ese registro sacan pilas de información. Lo ordenan y analizan. Una de las partes más minuciosas es la de desgranar los correos; separar el grano de la paja. Buscar palabras clave es un filtro que ayuda: "pagar", "concepto", "euro" [...]. Un agente del Área Investigación Criminal de Tarragona tiene una vista especial –dicen quienes le han visto trabajar– que no le falló en esta ocasión. Halla un filón, aparte de la causa central, que apunta a una de las personas más poderosas de ese momento, el ministro de Hacienda del gobierno español. Es lo que se dice, en términos jurídicos, un "encuentro casual" que, pese a ser una vía restrictiva para evitar investigaciones prospectivas, permite a la policía abrir nuevas líneas si hay indicios de delito. Fue el caso de esa causa.

La "vía directa" hacia Montoro

Eran las 8:30 horas del 5 de diciembre de 2013. Rubén Folgado, director técnico de Messer Ibérica, pulsa el botón de enviar. Es un correo dirigido a Karl Hauck, subsecretario de la misma empresa, y dice: "La vía más directa, como siempre, es pagar a ese equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro". En el marco del análisis de toda la documentación, el investigador de los Mossos lee este correo y sospecha. Se habla de un miembro del gobierno español, de pagos, y de un despacho que resultará ser Equipo Económico. El momento no puede ser más complicado: provisionalmente, el jefe del cuerpo en ese momento es Ferran López, y Josep Lluís Trapero está imputado por sedición en la Audiencia Nacional junto al resto de la cúpula de la policía. La Generalitat está intervenida por el 155, lo que implica que de facto Montoro forma parte del gobierno del que cuelgan los Mossos, como conseller de Economia.

Con la más absoluta discreción, el investigador que ha encontrado el correo lo comenta con sus superiores de la AIC de Tarragona. Luego viajan a Sabadell, en el Complejo Central de los Mossos, y comparten la información con los jefes de investigación criminal. El escrito es sólo una pequeña evidencia y convienen que necesitan más información. Quieren saber si hay base para ir más allá y solicitar al juez abrir una pieza separada. Revisan todo el historial de correos y ven que entre Folgado y Hauck se habla de la modificación del impuesto eléctrico: buscan una exención fiscal del 85% que llevan años persiguiendo, y Equipo Económico (EE), un despacho fundado por el propio Montoro, aparece como la "vía directa" para conseguir esa exención millonaria. A partir de fuentes abiertas, como noticias en los diarios, los Mossos buscan contexto sobre la ley, sobre qué ocurrió en 2013 y cómo esta modificación acabó aprobándose tras el pago a EE. Son semanas de trabajo intensivo y el 20 de abril del 2018 la policía catalana le presenta todo al juez que investiga el caso de Messer Ibérica para que abra una nueva carpeta.

"Ilustrísimo señor magistrado juez [...]. El objeto del presente escrito es informarle sobre unos hechos, detectados en el marco de la investigación relacionada con sus diligencias previas, que deberían ser objeto de investigación, ya que presentan caracteres de infracción penal", dicen los Mossos, además de informar que esta pieza separada la liderará la unidad de Anticorrupción de la policía catalana, encuadrada en la división de investigación criminal, entonces pilotada por el intendente Toni Rodríguez, que tres años después será cesado, cuando llegue ERC a Interior. Paralelamente al caso secreto de Montoro, la misma unidad también investigará más o menos en la misma época el caso de la exconsejera Laura Borràs y, más tarde, el extitular de Interior Miquel Buch por la protección de Puigdemont.

Un juez 'rara avis'

Ese filón que apuntaba a Montoro, entonces el todopoderoso ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy, no era la primera vez que sobrevolaba los juzgados. En el 2017 la Fiscalía Anticorrupción de Madrid recibió una denuncia que apuntaba a un tráfico de leyes por parte del dirigente del PP, pero se archivó. ¿Qué hacía pensar que en ese momento, desde Tarragona, un juez sí sacaría adelante la investigación? Si ha sido posible es porque el magistrado al frente, Ruben Rus Varela, es una rara avis.

"Muy discreto", "sin ánimo de protagonismo" y de "trato exquisito", apunta un profesional tratado. "De pocas pulsaciones", comenta otro. En definitiva, uno outsider de la carrera judicial que extrañamente lleva corbata y que solía salir fumar a las puertas del juzgado de Tarragona. Cuando ve las evidencias de los Mossos sobre Montoro, no le tiembla el pulso. Decide dar el aval a los Mossos en un escrito el 2 de agosto del 2018.

Los últimos presupuestos

El PP no sabe lo que le venía encima, pero ya lo estaba pasando mal. La condena por el caso Gürtel lleva, el 31 de mayo del 2018, a una moción de censura inédita de las fuerzas de izquierdas y plurinacionales contra Mariano Rajoy que termina con Pedro Sánchez en la Moncloa. Ahora bien, por el caso que ocupa los Mossos, antes de irse de Hacienda, Montoro hace algo relevante para las gasistas: aprueba el proyecto de ley de los presupuestos, el 24 de mayo en el Congreso, que les ayudará a volver a ahorrar dinero después de haber contratado a Equipo Económico. Para entenderlo hace falta ir unos meses atrás.

El 16 de octubre del 2017 es un día que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no olvidarán nunca. A primera hora de la mañana, acuden a la Audiencia Nacional y ya no salen: ingresan en prisión preventiva. El mismo día, se reúne la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que respiran aligerados. Desde Equipo Económico les habían avisado que la situación en Cataluña podía "contaminar" la aprobación de los presupuestos estatales, pero en ese encuentro constatan que, sin embargo, habrá la modificación fiscal que reclaman. Camuflado entre las cuentas existe un cambio en el impuesto sobre actividades económicas (IAE) para rebajarles la presión fiscal. Hacía años que lo intentaban sin éxito (desde principios de siglo) y, tras la operación del impuesto eléctrico, deciden volver a probarlo con Equipo Económico y les vuelve a salir bien. Pese a la moción de censura, los presupuestos de Montoro se aprueban en el Senado y definitivamente en el Congreso el 28 de junio del 2018. Ya como exministro —la titular es entonces María Jesús Montero—, Montoro celebra la aprobación en la bancada de la cámara española, aplaudiendo de pie. Con los pagos millonarios a Equipo Económico, las gasistas se ahorrarán 51 millones de euros en impuestos.

Noches sin dormir

Con el aval judicial el 2 de agosto del 2018, comienza una de las investigaciones más intensas jamás asumidas por el cuerpo de los Mossos. Se pasan el día revisando correos, comunicaciones, informes solicitados a la Agencia Tributaria de las cuentas de EE y sus implicados. También escuchan discursos de Montoro de la época en el Congreso y se estudian la legislación fiscal, además de contar con una denuncia anónima de 2017 y aportada a la causa en 2019 que incluye información sobre el modus operandi del dirigente del PP. Tal es la dedicación, que por las noches cuesta dormir y olvidarse de la presunta trama corrupta.

Las fuentes documentales se combinan también con entrevistas a fuentes humanas. Hablan con diputados de la época, periodistas amenazados por Montoro, con expertos en moverse entre bambalinas en el Congreso y con los habituales de los despachos de la Moncloa y las empresas de Madrid. No siempre son bienvenidos para hacer preguntas, pero de todo ello salen nuevas líneas de investigación: ven que hay operaciones similares en el caso de eléctricas, tabacaleras, empresas de juego, renovables, de purines… Siguen el hilo del dinero, que entran en Equipo Económico y salen del despacho a otras empresas pantallas, localizan testaferros, etc.

La investigación fluye hasta el punto de que los Mossos sólo tienen una opción para continuar: acudir al ministerio de Hacienda ya las oficinas de Equipo Económico. Y ahí la limitación es absoluta porque, como policía de Catalunya, no pueden operar más allá de las fronteras administrativas del Principado.

Carmen García Cerdá es la fiscal del caso, y de momento ha dado alas a la investigación. Es una profesional experimentada en casos de corrupción, puesto que ha trabajado en el caso Púnica y Lezo. "Se apasiona por los temas" –dicen quienes la conocen–. Llegados a ese punto de la instrucción, necesitan colaboración de los demás cuerpos de seguridad del Estado y es ella la que decide encomendarlo a la Guardia Civil como policía judicial, en lugar de la Policía Nacional. Ya ha trabajado con ellos previamente y decide confiar en la UCO, que capitanea Antonio Balas (un nombre que ha saltado recientemente a primera línea mediática por el caso Leire Díez).

Tensión con la Guardia Civil

Para entender la dificultad de la empresa, es necesario volver a hacer referencia al contexto. Los Mossos y la Guardia Civil se ven abocados a colaborar en un momento en el que las calles de Cataluña arden por las protestas postsentencia del Procés (hasta 13 años de cárcel por sedición a raíz del 1-O) y cuando aún colea la desconfianza entre las dos policías en sede central en el otoño del 2017.

Antonio Balas asiste en reuniones a la sede central de los Mossos uniformado hasta el último detalle, y no debe pasar mucho tiempo para que las tensiones entre el instituto armado y la policía catalana empiecen a aflorar. Tensión por cómo llevar la investigación y tensión porque la Guardia Civil no se cree el caso en la misma medida que lo hacen los Mossos. Se desprende del mismo sumario: la fiscal debe insistir a la policía española en que entregue inmediatamente los resultados del vaciado de las cuentas bancarias y tarjetas de los investigados. Una parte clave, si bien alguna fuente del caso apunta que no es imprescindible, para acreditar si ha habido enriquecimiento de Montoro y de su equipo de Hacienda (los resultados de este trámite se han aportado a la causa recientemente, con información poco preciada, según algunas fuentes).

Paralelamente, el choque dentro de la Fiscalía va in crescendo. El jefe de Anticorrupción en el Estado, Alejandro Luzón, acota el margen de actuación de la representante del ministerio público en el caso, García Cerdá. Un ejemplo: la fiscal informa favorablemente a intervenir telefónicamente a cinco investigados. Las escuchas de los Mossos, pese a que son pocos días, dan frutos, pero Luzón no lo ve claro y pide echar atrás el aval judicial. La Audiencia de Tarragona le dará la razón.

También queda en el aire otra parte de la investigación sobre la filtración de datos fiscales de famosos por parte de Montoro: Rafa Nadal, la baronesa Thyssen, Jordi Pujol, la Gürtel… en este caso, el juez Rus no ve delito y decide centrarse en las otras partes de la investigación. Y así llegamos al 16 de julio de este año, cuando el juez decide imputar a Montoro y a todos los implicados y levantar una parte del secreto de sumario. El terremoto político y económico provocado por la causa que se inició por el ojo clínico de un agente es de gran magnitud. Sin embargo, la investigación todavía continúa y faltan muchas incógnitas por resolver. Pero no cabe duda de que, para los Mossos, tantas veces cuestionados, ha supuesto una gran inyección de autoestima.