Madrid / Valencia / PalmaSolo en 4 de las 17 comunidades autónomas del Estado gobierna un único partido. Las coaliciones incluso llegaron el año pasado por primera vez al gobierno español y acabaron con una anomalía histórica. En toda Europa el multipartidismo se impone y las mayorías absolutas desaparecen, de forma que priman los acuerdos pero se dificulta el día a día.
Hay una frase comodín que los ministros socialistas utilizan casi cada semana para dejar de lado las propuestas del socio menor de coalición: que la iniciativa en cuestión genera “inseguridad jurídica”. Es el problema que el PSOE ve tanto con la limitación de los precios del alquiler en la futura ley de la vivienda, como en la ley trans que ha propuesto el ministerio de Igualdad o la ley de violencias sexuales -conocida como ley del solo sí es sí - que por fin aprobó el consejo de ministros a las puertas del 8-M después de un año estancada.
Para Podemos, es la manera que tiene la Moncloa de “bloquear” una iniciativa. Advirtiendo incluso que el Tribunal Constitucional podría acabar tumbándola, tal como hizo el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la ley de vivienda. Esta se ha convertido en la última medida que enfrenta a los socios de coalición en el gobierno español después de solo 14 meses de convivencia marcados por las turbulencias. Gobernar en coalición en el Estado es inédito, como también lo es hacerlo con un equilibrio de mayorías tan frágil en el Congreso.
La luna de miel no duró ni un mes después de la difícil investidura, y desde entonces Unidas Podemos ha volcado a la prensa continuamente todas las desavenencias citando fuentes de los ministerios que controla. Esto, sumado al hecho que el hasta ahora vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no ha dudado en marcar perfil propio dentro de la coalición y en contradecir a Pedro Sánchez si hacía falta. El partido lila insiste que lo importante es normalizar la confrontación diaria y que haya debate dentro del ejecutivo. Pero el PSOE censura que no se haga solo de puertas hacia dentro.
La marcha de Iglesias supone un cambio de paradigma en la coalición. La Moncloa no tiene claro cómo será la interlocución con el partido lila después de que el candidato a las elecciones madrileñas haya defendido una “dirección coral” a pesar de ungir a la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, como sucesora. De momento Sánchez ha cancelado las reuniones que tenía los lunes con Iglesias para solucionar temas de equilibrios dentro de la coalición. Habrá que ver si la confrontación se reduce como quiere el PSOE para seguir haciendo lo que le interesa o Podemos continúa haciendo ruido.
No ha ocupado tantas horas de análisis pero una coalición que tampoco ha disfrutado precisamente de una salud de hierro es la del PP y Cs en la Comunidad de Madrid. De hecho, ya ni siquiera existe. A diferencia del gobierno del Estado, el de la capital española estaba presidido por la líder de un partido, Isabel Díaz Ayuso (PP), pero cada martes comparecía como portavoz después de las reuniones del consejo ejecutivo el líder de la otra formación, Ignacio Aguado (Cs). Este hecho intentaba romper la imagen de gobierno bicolor -a pesar de ser evidente que era así-, de forma que era habitual que se produjeran diferencias de criterio en público entre Ayuso y el vicepresidente Aguado, que generaban confusión. Los últimos meses, con motivo de la pandemia, las discrepancias se hicieron todavía más evidentes. Ayuso desautorizaba versiones de Aguado expresadas en cuanto que portavoz del gobierno, lo que le dejaba en mal lugar. A su vez, el dirigente de Cs, con las relaciones cada vez más deterioradas, aprovechaba la cuota mediática que mantenía para expresar sin reservas su opinión, aunque contraviniera la de la presidenta.
Los principales conflictos en los seis años de gobierno de coalición valenciano se han producido cuando el “mestizaje” -la fórmula con la que bautizaron la combinación de los tres partidos en todas las conselleries para evitar que ninguna formación gestionara de forma autónoma ningún departamento- se ha visto alterado por la toma de decisiones en solitario por parte de algún cargo del Consell sin contar con el visto bueno previo del resto de socios. Por ejemplo, el adelanto electoral de 2019 decidido de forma autónoma por el presidente Ximo Puig; o la elaboración de los presupuestos de 2021 por parte del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y en la última ocasión, durante la gestión de la pandemia, por el liderazgo de Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Tres momentos en los que Compromís y el PSPV, las dos grande fuerzas, han chocado duramente, mientras que Unidas Podemos se ha quedado al margen. Tres ocasiones también en que los valencianistas han acusado a los socialistas de actuar como si gobernaran solos. Los dos últimos choques se solucionaron con un acuerdo para modificar el mecanismo de toma de decisiones y garantizar que en el futuro se hiciera de manera colegiada.
En las Islas ya hay bagaje político en gobiernos de coalición. Francesc Antich encabezó el primer Pacto de Progreso en 1999, y la actual presidenta socialista, Francina Armengol, avanza en su segundo mandato de coalición con Més per Mallorca y Podemos. La experiencia, sin embargo, no elimina los problemas y las fricciones. Estos últimos meses Més y Podemos han ido aumentando los esfuerzos para marcar perfil ante un PSIB que controla la mayoría de las conselleries más implicadas en la gestión de la pandemia: Salud, Educación, Hacienda y Modelo Económico, Turismo y Trabajo.
Las tensiones se han hecho notar con discrepancias explícitas respecto a la relación con el Estado, sobre todo en cuanto a la financiación, marcado por el Régimen Especial de las Baleares (REB). Hasta el punto que Més llegó a sacar adelante martes -con Més per Menorca, los regionalistas de El Pi y el apoyo parlamentario del PP y Cs- un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos españoles. Los socialistas del PSIB han criticado con dureza la iniciativa porque insisten que el incumplimiento del REB se tiene que abordar con la negociación política.
El liderazgo del PSIB continúa siendo indiscutible, pero tanto Més como Podemos han amenazado más de una vez con romper el Pacto a raíz de disputas en cuestiones como la protección del territorio o el cumplimiento de la ley de vivienda. Tampoco han faltado tensiones por la gestión comunicativa del escándalo del Hat Bar -la salida nocturna de la presidenta rozando la hora de cierre obligatorio de los bares- y el último anuncio de cierre obligado de la restauración sin poner ayudas sobre la mesa, que provocó manifestaciones en la calle.