El dilema de Pedro Sánchez: convocar elecciones para el 29 de noviembre o no

MadridPedro Sánchez ha tenido que tomar muchas decisiones complicadas esta legislatura, pero esta es la definitiva. Puede ser una jugada maestra final o un error definitivo. El presidente español tiene sobre la mesa el adelanto electoral inmediato a raíz de la derrota en el Congreso de los Diputados el viernes en la normativa de vivienda. Aunque por primera vez en muchos meses Junts se había sentado a negociar con el gobierno español, finalmente el grupo de Miriam Nogueras tumbó los dos decretos junto con el PP y Vox y abocó a Sánchez a una reflexión este fin de semana para decidir si convoca elecciones anticipadas. Se podrían celebrar de manera inmediata, el 29 de noviembre, con el hilo conductor del derecho a la vivienda, en un intento de movilizar a la izquierda ante unas encuestas desfavorables. Aunque dirigentes del PSOE se decantan ya por el adelanto, la decisión final es de Pedro Sánchez y todavía no consta que haya tomado una determinación definitiva.

El presidente español quiere tomar perspectiva. Por un lado, evaluar la movilización social fruto de la indignación por el voto de Junts, el PP y Vox –ayer hubo una treintena de manifestaciones, la mayor en Madrid, mientras que en Valencia hubo disturbios–; y por otro, estudiar con datos en la mano si es el momento más adecuado para ir a las urnas. La otra opción sería mantener el plan de celebrar los comicios en 2027, tal como ha ido repitiendo desde hace meses.

Los argumentos a favor de adelantar los comicios

En las últimas horas los chats de los socialistas y de la izquierda en general no han parado de hervir. En el PSOE hay muchos dirigentes que tienen claro que es el momento de avanzar la contienda electoral. Se reafirman en el hecho de que es una ventana de oportunidad similar a la que podían tener si fracasaban los presupuestos, que se preveían que incluyeran un gran gasto social, para avanzar los comicios en marzo. “El derecho a la vivienda nos da un relato”, se reafirma un dirigente consultado, al que le cuesta ver que de aquí a julio, cuando se acaba la legislatura, haya un pico de movilización similar que pueda favorecer a la izquierda.

De hecho, la campaña para el PSOE es clara: poner el foco en todo aquello que, con los decretos de vivienda aprobados, se podría haber evitado. Ayer, ya en modo campaña, fuentes del PSOE advertían: "Con el decreto ley en vigor, ni una más Maricarmen. Por culpa del PP, Vox y Junts los fondos podrán seguir desahuciando a personas vulnerables". De hecho, hay quien augura un aumento de las miradas hacia este fenómeno a partir de ahora.

Otros dirigentes socialistas también ven el adelanto electoral no tanto como una opción para volver a gobernar –las encuestas apuntan que el PP y Vox rozan los 200 diputados–, sino para intentar sacar un buen resultado, e incluso optar a la primera posición, aunque acabe gobernando Alberto Núñez Feijóo. Una opción que daría a la formación estabilidad para transitar hacia el postsanchismo.

Y es que el problema que tienen los socialistas no es tanto su resultado como la dificultad aritmética para poder gobernar. Su izquierda no está organizada. Sumar, que se presentará con el nombre de Frente Amplio, continúa sin cara visible –parece que el debate está entre Mónica García y Ada Colau–, mientras que Podemos tiene a Irene Montero. No es lo mismo que haya confluencia o que no la haya, cosa que dependerá de los nombres que se pongan sobre la mesa. "Estamos absolutamente preparados", afirmaba este sábado Yolanda Díaz, que se retira. Hay quien aboga por hacer cirugía electoral en las circunscripciones más pequeñas y que solo se presente el PSOE para maximizar el número de votos, o que la izquierda se alíe en una sola lista al Senado.

Los argumentos en contra de la convocatoria

Ahora bien, no todo el mundo dentro del partido lo ve así. Hay quien considera que convocar elecciones ahora sería entregar ya el gobierno al PP y Vox, cuando todavía hay opciones de continuar la legislatura al menos unos meses y desarrollar todo lo que el gobierno español tiene pendiente. De entrada, se está a punto de aprobar la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, de la cual Cataluña se beneficiaría en 17.104 millones de euros. O el proyecto de ley de la financiación que, habiendo pasado ya por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se tiene que llevar pronto al consejo de ministros y tramitarse en el Congreso, donde Junts volverá a tener la llave. Por todo esto que hay pendiente, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, pidió ayer “responsabilidad política a Sánchez” y “que cumpla los compromisos y deje de jugar con las necesidades de Cataluña”. También se dirigió al presidente de la Generalitat, Salvador Illa: “Exigimos que defienda a Cataluña por encima de los intereses del PSOE". A Junts le pidió "que decida si quiere defender los intereses del país o continuar haciendo piña con el PP y Vox”. Por su parte, Illa remarcó ayer que, si el PSC "hubiera tenido 26 diputados en lugar de 19 [por tanto, sustituyendo a los 7 de Junts], el viernes se habrían aprobado los dos decretos ley".

Los partidarios dentro del PSOE de no avanzar las elecciones también advierten que los comicios serían dentro de dos meses y que nada garantiza que la conversación pública siga girando en torno a la vivienda. Recuerdan que Ceuta todavía no está resuelto y la maquinaria judicial sigue activa, con la espada de Damocles de la imputación del partido en el caso Leire Díez. A la vez, entre marzo y abril está el juicio contra la mujer del presidente español, Begoña Gómez, que en función de cuál sea el resultado de los comicios podría tener que afrontar ya fuera de la Moncloa. De hecho, hay quien considera que este momento, el de Gómez sentada en el banquillo de los acusados, podría ser otra palanca de movilización para las bases del PSOE.

La ruptura con Junts

Por mucho que existan argumentos a favor y en contra del adelanto, la no convocatoria electoral debería ir acompañada, admiten las fuentes consultadas, de un intento de reconciliación con Junts para intentar dar continuidad a la legislatura. Un acercamiento que ahora es muy difícil porque la votación del viernes rompió todos los puentes con los de Miriam Nogueras. Antes de eso, en el gobierno español tenían la esperanza de que, con el retorno del expresidente Carles Puigdemont, podrían soplar nuevos vientos con los juntaires. Un retorno, por otra parte, que se puede acelerar la semana que viene: el martes el Constitucional tiene previsto dictar la primera sentencia favorable a la amnistía de los líderes del Procés, cosa que ya enviaría el caso de Puigdemont a la mesa del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para decidir si le retira las órdenes de detención. “Que se quede en Bruselas”, gritaba el viernes el Sindicato de Inquilinas en la sede de Junts. Pedro Sánchez seguirá, en las próximas horas, deshojando la margarita.