¿A favor o en contra de los macrofestivales?

BarcelonaDe acuerdo con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), un macrofestival musical es el que reúne al menos a 10.000 personas en una sola jornada. En Catalunya, esto incluye desde el Primavera Sound, que se mueve con aforos superiores a los 70.000 espectadores diarios, hasta el Vida Festival de Vilanova y la Geltrú y el Cabró Rock de Vic, que se acercan a los 10.000. Entre el primero y los otros dos están el Sónar y el Cruïlla en Barcelona, ​​la Acústica en Figueres, el Rock Fest en Santa Coloma de Gramanet, el Canet Rock en Canet de Mar... Es decir, eventos estacionales que se celebran los meses de junio, julio y agosto, la mayoría de ellos en entornos urbanos. También, según SGAE, en el 2022 la recaudación por venta de entradas de los macrofestivales catalanes representó el 45% del total de la música popular en directo en Cataluña: 39,28 millones de euros de un total de 86,5 millones . Un récord histórico que refleja al mismo tiempo las virtudes y los inconvenientes de un modelo económico y cultural.

Algunos macrofestivales, los que reúnen más público, se han convertido en polvo de atracción turística y su viabilidad depende del turismo. El Primavera Sound llegó a tener un 65% de espectadores extranjeros en el 2022, una cifra que bajó al 52% en el 2023 por "el incremento del precio de los aviones y de los hoteles y la coincidencia con el gran premio de Fórmula 1", explicó Alfonso Lanza, uno de los directores del Primavera Sound. En el Sónar este porcentaje ha oscilado entre el 60% de 2012 y el 32% de 2023. En otros festivales, en cambio, el público es mayoritariamente catalán.

De acuerdo con los datos de la SGAE, los macrofestivales tuvieron 689.000 espectadores en 2022. Por tanto, por el volumen de gente que reúnen en poco tiempo son acontecimientos que ponen a prueba la gestión medioambiental de los municipios que los acogen. "Los festivales tienen un gran impacto sobre el entorno", admite Jordi Herreruela, director del Cruïlla, un festival que el pasado año puso en marcha un proyecto para "eliminar el consumo eléctrico de generadores de gasóleo y otros combustibles fósiles" y para conectarse directamente a la red eléctrica para utilizar electricidad proveniente de fuentes de energía renovable.

El impacto también tiene que ver con los residuos y la contaminación acústica, dos de los puntos de fricción entre festivales y vecinos que las administraciones públicas tratan de arbitrar. La Asociación Plataforma Stop Concerts, constituida oficialmente en marzo de 2022, reclama "una limitación horaria máxima para celebrar eventos musicales, excluyendo los horarios nocturnos" en el Parc del Fòrum, sede de festivales como el Cruïlla, el Primavera Sound, el Share y la Telecogresca, y de conciertos con aforos de más de 15.000 personas. Stop Concerts también pide el traslado de los "eventos musicales del Parc del Fòrum a otras localizaciones dentro del área metropolitana de Barcelona y apartadas de viviendas". De momento, es lo que ha hecho el Reggaeton Beach Festival, que este año se hará en el Circuit de Catalunya, en Montmeló. Sin embargo, para festivales como el Primavera Sound y el Cruïlla cambiar de emplazamiento significaría perder la ventaja competitiva y de movilidad que implica organizar un evento masivo al que el público puede llegar en metro; lo mismo ocurre con el Rock Fest, que se hace en el Parque de Can Zam.

"Hay un debate sobre el uso del espacio público y los festivales están bajo sospecha", explica Xavier Marcé (PSC), concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, que durante la presentación del Cruïlla 2024 defendió "la idea de los festivales urbanos", pero también admitió que "el equilibrio no es fácil". En la misma rueda de prensa, Marcé abrió la caja de los truenos de la limitación de los aforos cuando dijo que en un festival "no es necesario tener 80.000 personas, sino 25.000", contraponiendo al Primavera Sound en el Cruïlla.

La relación de las administraciones públicas con los macrofestivales también es objeto de debates de fondo sobre la naturaleza de las políticas culturales. En el libro Macrofestivales. El agujero negro de la música (Península, 2023), el periodista Nando Cruz recoge unas declaraciones de Dani Granados (comunes), delegado de Derechos Culturales del Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2023, en las que defiende que se introduzcan "dinero público en festivales porque te permite hacer política pública y garantizar que no sean sólo espacios que comercializan una serie de conciertos, sino que tengan una relación distinta con la ciudad". O cómo deberían convivir negocio, cultura y uso del espacio público.

¿Están a favor de los macrofestivales de música? ¿Por qué?