"¿Quieres que me envuelva con una estelada en Andalucía?": ¿por qué ha fracasado la nueva financiación?

Barcelona / MadridCon doce años de retraso, el mes de enero, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba un nuevo modelo de financiación autonómica. Era la primera vez que se llegaba tan lejos desde la reforma de 2009, también impulsada por el PSOE, aunque aquella reforma llegó con el consenso de todas las comunidades gobernadas por los socialistas –las del PP votaron en contra– y también con el aval específico del tripartito que entonces pilotaba la Generalitat. Una situación muy diferente a la actual, porque Montero presentó una reforma que solo han avalado Cataluña y las Canarias y que ha tenido que superar un ciclo electoral adverso para la Moncloa. "¿Quieres que me envuelva con una estelada en Andalucía?", decía la exministra a ERC, recuerda una fuente consultada. Los comicios andaluces de mayo –con Montero de candidata socialista–, de hecho, hicieron retrasar el calendario. Tanto, que ni siquiera ha llegado a la mesa del consejo de ministros.

Ni el PP ni tampoco las dos comunidades de régimen común gobernadas por los socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha, la avalaban. Con el adelanto electoral, la reforma ha quedado en papel mojado. Pero, ¿por qué ha sido tan tortuoso este intento de reformar un sistema que no satisface a ninguna comunidad?

El pacto para que Cataluña tuviera una nueva financiación nace de la investidura de Salvador Illa. ERC pidió una reforma del modelo a cambio de dar sus votos para que el líder del PSC, ganador de las elecciones del 24 de mayo, fuera presidente de la Generalitat. El PSOE hizo suyo el pacto. Las negociaciones entre el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y ERC empezaron en abril de 2025, pero quedaron truncadas cuando estalló el caso Cerdán y el PSOE quedó en shock. Hasta el punto de que sobrevoló el escenario de un adelanto electoral. En aquel momento, sin embargo, las negociaciones ya no iban bien, porque el PSOE era reticente a materializar uno de los puntos del pacto del verano de 2024: el traspaso de la gestión del IRPF a Cataluña.

De hecho, esta cuestión encalló las conversaciones durante meses hasta que durante el otoño de 2025 ambas partes decidieron dividir la negociación: por un lado, el modelo de financiación, y por el otro, el IRPF. Todo ello desembocó en el acuerdo de enero de 2026 para reformar el modelo, aunque en aquel momento el PSOE ya tenía problemas para que sus barones aceptaran un modelo que consideraban que solo beneficiaba a Cataluña. Ahora bien, quedaba el traspaso del IRPF. El PSOE se cerró en banda a ceder esta competencia y ERC se negó a aprobar los presupuestos de la Generalitat –Illa los acabó retirando en marzo después de aprobarlos en el consejo ejecutivo–. Tras el choque, ambas partes decidieron volver a sentarse pero dejando esta carpeta aparcada.

Entretanto, las elecciones andaluzas del mes de junio encallaron la tramitación del nuevo modelo, porque María Jesús Montero no quería que interfiriera en su campaña. La idea era que se discutiera en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en julio, pero el PP presionó para cambiar la fecha porque “se lo quería estudiar” por considerarlo un “trato de favor” hacia Cataluña. “Con ellos no hemos contado nunca”, afirman desde Hacienda. “Ha pesado más el «que caiga España, que ya la levantaremos nosotros»”, apuntan fuentes de este departamento.

Ahora bien, en Cataluña el modelo tampoco tenía el aval de todos. Junts lo consideraba insuficiente –seguían defendiendo el concierto económico– y, a estas alturas, si la reforma hubiera llegado al Congreso, el partido de Carles Puigdemont todavía no habría dado su sí. Es decir, que si Sánchez no hubiera adelantado las elecciones, no había ninguna garantía de que saliera adelante. “No todo ha dependido de nosotros”, defienden fuentes de Hacienda.

El nuevo sistema de financiación suponía un incremento de los recursos para todas las comunidades. Para Cataluña, 4.686 millones de euros anuales. El gobierno español defendía que todo el mundo ganaba (o se quedaba igual) en términos absolutos. Por eso, desde el ministerio de Hacienda se respira "lamento", reconocen fuentes de este departamento, que finalmente no se haya podido materializar esta reforma. El modelo se aprobó en el CPFF del mes de septiembre, pero ya no ha llegado a la mesa del consejo de ministros. "Todo ello ha estado marcado por un ciclo de demoras provocadas por convocatorias electorales y por no tener las mayorías", apuntan otras fuentes consultadas.

El precedente en 2021

La reforma aprobada en septiembre no era el primer paso que daba el gobierno español para renovar el modelo. De hecho, Montero siempre se lo fijó como un compromiso, tanto durante el primer mandato de Pedro Sánchez como durante el segundo. El primer gran paso en esta dirección fue en diciembre de 2021. La exministra planteó cambiar el cálculo de población ajustada –que nivela los recursos de la financiación siguiendo criterios como la población, el gasto en sanidad o en enseñanza, por ejemplo, y sirve para saber cuánto recibe cada autonomía–. La negociación del modelo pactado con ERC también fue un escollo.

Entonces, la Generalitat –gobernada por ERC y Junts y presidida por Pere Aragonès– se avino a discutirlo, pero con muchos matices. El consejero de Economía, Jaume Giró (Junts), fue el encargado de dejar claro que el concepto de población ajustada no gustaba a Cataluña, que contestó con una propuesta en la que se reclamaba tener en cuenta la población real y que se abordara el reparto de impuestos. El resto de comunidades también enviaron sus planteamientos. Montero acabó tirando la toalla ante la imposibilidad de llegar a un común denominador, ya no solo con Cataluña, sino con el resto de comunidades, incluidas las del PSOE. Aquello quedó en un cajón: influyeron las desavenencias entre Junts y ERC y el adelanto electoral al Estado de 2023.

Con el acuerdo entre ERC y el PSC, la exministra de Hacienda se vio empujada a arremangarse. Fuentes de su entorno creen que fue ella quien facilitó que el trabajo avanzara más deprisa por su visión descentralizada del Estado y más “sensible” con los territorios y sus demandas. Ahora bien, ERC consideraba que la exministra arrastraba los pies a la hora de ponerse manos a la obra con la reforma por su candidatura en Andalucía, pero también porque "las prioridades no coincidían", apuntan fuentes republicanas.

Una carta para la campaña del 29-N?

Fuentes de Hacienda dicen que el trabajo no se ha hecho “en vano”. El nuevo modelo puede servir al PSOE para la campaña electoral, sobre todo en aquellos lugares, como el País Valenciano y Murcia, donde sobresale la infrafinanciación. Desde ERC admiten decepción porque las negociaciones de los últimos meses no vean la luz. Y quieren explotar en campaña esta cuestión, pero en su caso para señalar directamente a los socialistas como los responsables de que haya descarrilado la reforma.