Examen a los partidos: ¿qué propone cada uno en materia tecnológica?
Los programas del 29-N se llenan de inteligencia artificial y de redes sociales para menores, pero del espectro, la fibra o la brecha digital ya se habla menos
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BarcelonaLa campaña electoral va repleta de mítines, debates y clips de vídeo para TikTok en los que los candidatos buscan el titular que haga decantar unos cuantos votos. Pero donde cada formación política expresa las verdaderas intenciones, las medidas que aplicará si llega a gobernar, es en el programa electoral. Por eso he revisado los documentos de ERC, el Frente Amplio, Junts, el PP, el PSOE y Vox, además de las páginas programáticas de Alhora, que no ha publicado ningún documento completo. He buscado las propuestas sobre telecomunicaciones, plataformas, inteligencia artificial y administración digital, y también sobre el coche eléctrico y las placas solares, que son tanto energía como tecnología.
La edad de tener redes
Todos los partidos hablan de los menores en las redes sociales, pero no proponen lo mismo. El PP es el más restrictivo: ningún menor de 14 años podría tener cuenta en una red social, con verificación de edad obligatoria, límites al scroll infinito y un descanso digital nocturno. El PSOE y el Frente Amplio fijan el umbral en los 16 años. Los socialistas añaden una herramienta pública de verificación de edad dentro de la cartera digital y quieren restringir el uso de los chatbots de IA a los menores de 16 años sin permiso de los padres.
ERC y Junts no ponen ninguna edad mínima y actúan sobre el diseño de las aplicaciones. ERC quiere prohibir las prácticas que aprovechan las vulnerabilidades de los menores. Junts quiere obligar a las plataformas a realizar auditorías algorítmicas y a utilizar una verificación de edad “respetuosa con la privacidad”, y reclama que la Generalitat, y no el ministerio, gestione la protección de los menores en internet. Vox hace la propuesta más analógica de todas: sacar los móviles de las aulas.
El espectro, ese desconocido
Para que un adolescente pueda ver vídeos en el móvil hacen falta frecuencias, antenas y fibra. El espectro radioeléctrico aparece dos veces en siete programas.
El PSOE le dedica una frase: la hoja de ruta de la 6G incluiría pruebas piloto y “actuaciones en materia de espectro”. No concreta bandas ni calendario de subastas. El mismo documento afirma que la 5G ya llega al 99% de la población.
Junts es el único que hace una propuesta propia, aunque es de competencias y no de política industrial. Quiere una proposición de ley que modifique la ley general de telecomunicaciones para transferir a la Generalitat la regulación del sector, “la gestión regional del espectro radioeléctrico” y el control del despliegue de la 5G y la 6G. El objetivo es poder obligar a las operadoras a cubrir el 100% del territorio. El programa no explica cómo encajaría con una competencia que hoy es estatal y que depende mucho de Bruselas, que armoniza las bandas para toda la Unión.
Ningún otro partido habla de ello. Nadie menciona la renovación de licencias, que tanto preocupa a los operadores, ni el futuro de la TDT ni la consolidación del mercado de móvil mediante fusiones entre operadoras. Cabe recordar que este sector se queja cada año de la falta de previsibilidad regulatoria.
La conectividad en el territorio aparece un poco más. El PSOE promete bonos de conectividad y tarifas sociales de telecomunicaciones dentro del bono social único, una medida que de hecho el gobierno ya aprobó el martes pasado; el Frente Amplio quiere 5G SA, la “5G real”, en cada polígono industrial rural, y el PP promete 5G en las vías de alta capacidad. La única cifra concreta es de Junts: fibra óptica en todos los núcleos de más de 50 habitantes.
En cuanto a los satélites, solo el Frente Amplio manifiesta su apoyo a IRIS², la constelación europea de comunicaciones seguras que debe ser la alternativa a Starlink, y Junts defiende la estrategia NewSpace de la Generalitat.
La IA, entre la ley y la lengua
Con la inteligencia artificial pasa al revés: hay propuestas en todos los programas. El PSOE plantea una ley de gobernanza de la IA, con sanciones de hasta 35 millones de euros y la prohibición de los deepfakes hechos sin consentimiento, y quiere que los directivos de las plataformas que no retiren contenido ilegal respondan penalmente por ello. El Frente Amplio va más lejos: multas de hasta el 6% de la facturación mundial, penas de prisión para los directivos que desobedezcan la orden de retirar contenido y la prohibición de los chatbots de compañía que simulan vínculos afectivos.
El PP enfoca la IA hacia la empresa, con un centro de aplicaciones para pymes y zonas de innovación con siete años de trato fiscal favorable. Vox se conforma con un ambiguo “sumar a España a la carrera de la IA”.
La IA también llega al trabajo. El Frente Amplio quiere que las empresas que despidan por implantar IA paguen una cotización adicional y que el comité de empresa pueda vetar sistemas. Junts quiere que los autores sepan cuando sus obras sirven para entrenar una IA y que cobren por ello.
ERC y Junts añaden la lengua. ERC quiere cuotas de catalán, occitano y lengua de signos en las plataformas. Junts propone obligar por ley a las grandes plataformas y a los desarrolladores de modelos de IA a ofrecer el catalán como lengua nativa en las interfaces, en los asistentes de voz y en los algoritmos de recomendación, bajo sanción administrativa. Habrá que ver cómo se le explica a una empresa de California que su algoritmo tiene que recomendar en catalán.
Los partidos también se dividen sobre si hay que hacer pagar más a las grandes tecnológicas. El PSOE quiere gravar más a los “tecnooligarcas”, el Frente Amplio propone una tasa sobre los servicios en la nube y un canon por el agua de los centros de datos, y ERC, un impuesto digital europeo. El PP, Vox y Junts no proponen ningún gravamen específico.
Datos, ciberataques y censura
Otros temas digitales tienen menos espacio. En ciberseguridad, Junts quiere que la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña sea la autoridad de la directiva europea NIS2 y funcione “a la manera del SEM”, y el PSOE propone un servicio estatal para las víctimas de ciberestafas. En privacidad, ERC es el único que defiende el cifrado y rechaza la vigilancia masiva; el PP y Vox no dicen nada al respecto. Con la desinformación, el debate se convierte en una discusión sobre quién censura a quién: el PSOE quiere un índice del odio y la polarización de cada plataforma, y Vox denuncia una “deriva censora”. En investigación, Junts y el Frente Amplio quieren llegar al 3% del PIB, mientras que el PSOE, el partido que gobierna, se conforma con el 1,5% en 2035.
La cita previa y ciudadanos olvidados
Vox y Junts coinciden en querer acabar con la cita previa obligatoria en las oficinas del Estado; Junts lo haría con una ley de garantía de atención presencial. Ambos defienden a la vez el expediente digital y que la administración no pida papeles que ya tiene. Prometen digitalizar y, en el mismo programa, el derecho a no tener que pasar por la digitalización, cosa que dice mucho de cómo ha ido hasta ahora.
Tres partidos quieren utilizar la IA para hacer más eficiente la administración: el PP, en los trámites repetitivos; el PSOE, para liberar a los funcionarios de trabajo mecánico, y Junts, aprovechando que en diez años se jubilará buena parte de los empleados públicos. El Frente Amplio la mira más como un riesgo y propone una ley de uso de la IA en la administración.
La brecha digital casi no se menciona en ninguna parte. El PP habla de ella para ofrecer asistencia telefónica las 24 horas; el PSOE, por la brecha de género y la de las personas mayores, y Junts, para garantizar formación y atención presencial a las personas mayores. Siempre de pasada. ERC, Vox, el Frente Amplio y Alhora no la mencionan.
Enchufes y azoteas
En energía las diferencias son más claras. En cuanto al coche eléctrico, el Frente Amplio es el único que pone precio a las ayudas: un alquiler social de 100 euros al mes para un coche urbano y hasta 8.000 euros de subvención para autónomos y agricultores. ERC es el único que cuantifica la recarga, con 4.000 puntos de más de 350 kW antes de 2030. Junts lo apoya, pero advierte que la factura climática no la tiene que pagar siempre la misma gente, como “la familia que no puede permitirse cambiar de coche”. Vox quiere revertir la prohibición de los motores de combustión y los despliegues de zonas de bajas emisiones.
En el autoconsumo compartido la discusión es sobre la distancia máxima a la que un vecino puede compartir la energía de sus placas. El límite actual es de 5 km. ERC quiere ampliarlo a 10 km, y a 20 km en el mundo rural. El Frente Amplio propone un mínimo de 20 km, y Junts, 100 km. Ninguno de los tres concreta qué pasaría con los peajes de la red.
Las grandes plantas solares en el campo dividen a la derecha: el PP quiere desbloquear las conexiones a la red y Vox quiere impedir las macroplantas que considera “descontroladas”. Junts también quiere desbloquear los puntos de conexión que hoy el Estado se reserva, pero propone revisar el calendario de apagado de las nucleares catalanas si las renovables no llegan a tiempo.
En resumen
Los programas se preocupan por lo que los algoritmos hacen a los adolescentes, pero no mucho por quién pone las antenas, quién gestiona las frecuencias y quién se queda atrás cuando la administración se digitaliza. Y, sin embargo, la 5G que todo el mundo da por hecha, la fibra que no llega a la masía y la TDT que algún día se tendrá que jubilar también se decidirán durante esta legislatura.