El exlíder del PSC en L'Hospitalet acepta 9 meses de cárcel por corrupción

BarcelonaLos exconcejales del PSC en Hospitalet de Llobregat Cristian Alcázar y Cris Plaza han aceptado una condena de nueve meses de cárcel por los delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social. Tanto Alcázar, que era teniente de alcalde y también líder del PSC en la ciudad, como Plaza tenían que sentarse este martes en el banquillo de la Audiencia de Barcelona por el caso de la liquidación fraudulenta del sueldo que el segundo cobró cuando dejó el cargo que ocupaba en el Consell Esportiu. Por último, han llegado un acuerdo con la Fiscalía –que pedía cuatro años y medio de cárcel para ambos– y con la acusación popular ejercida por los comunes, que reclamaban seis años y sumaban el delito de malversación.

Para lograr la conformidad ante el tribunal, ministerio público y comunes han aplicado a los dos acusados ​​el atenuante de reparación del daño, ya que han respaldado los 47.147 euros de indemnización que les reclamaban por haber simulado el despido irregular de Plaza por más de 6.486,96 euros. El pacto también suspende durante un período de dos años las penas de prisión de nueve meses que ambos han aceptado, por tanto no tendrán que ingresar en un centro penitenciario.

Hace cinco años el caso de presunta corrupción del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat sacudió a la federación local del PSC y el Ayuntamiento de la ciudad, donde los socialistas gobiernan desde hace más de cuarenta años. La causa madre, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a través de esta entidad, está atascada en el juzgado de instrucción número 2 de L'Hospitalet, por lo que la de este martes era la primera pieza de la trama que llegaba a juicio.

Trabajador del partido

Tanto Alcázar como Plaza fueron suspendidos de militancia cuando se les abrió el juicio oral, tal y como marcan los estatutos del PSC en casos de presunta corrupción. Aunque durante meses se resistió a dimitir reivindicando su inocencia, cuando Alcázar dejó finalmente a sus cargos políticos a raíz del escándalo judicial volvió a trabajar para el PSC –donde tenía plaza como trabajador antes de ser concejal–, tal y como ha confirmado el ARA. El partido justifica haberle mantenido en plantilla por respeto a la presunción de inocencia.

Habrá que ver cómo actúa ahora el partido una vez Alcázar ha aceptado la condena y, por tanto, ha admitido la corrupción. El código deontológico del PSC marca que en caso de condena deberá ser expulsado como militante, pero no concreta qué ocurre en caso de que también trabaje para la formación. A preguntas del ARA, fuentes oficiales de la calle Pallars explicaban antes del juicio que, antes de ser concejal, Alcázar ya había trabajado para el PSC y que se reincorporó a su plaza una vez dejó los cargos políticos. También aseguraban que la formación del exdirigente socialista, graduado en comunicación, se corresponde con las tareas que desarrolla ahora el partido, apoyando a la organización de actos.

Una indemnización fraudulenta

¿Cuáles son los delitos que han reconocido los dos acusados? Los hechos se remontan a 2016, cuando Plaza era secretario técnico del Consell Esportiu, un cargo equivalente al de director. Trabajaba desde el 2001. Según el relato de las acusaciones, cuando quiso dejar el Consell Esportiu para saltar a la política institucional en L'Hospitalet, él y Alcázar simularon un despido fraudulento para que Plaza pudiera recibir una indemnización. Así cobró 47.147,62 euros. La realidad, según la Fiscalía y los comunes, era que se trataba de una salida pactada, por la que no habría tenido que percibir indemnización alguna. Alcázar, concejal de Deportes y responsable político del Consell Esportiu, maniobró para hacerlo posible: en la carta de despido, que firmó él mismo, se aludía a supuestas causas "económicas y organizativas" para echarlo, una situación que sí da derecho a percibir indemnización.

De cara a la galería, el relevo de Plaza nunca se presentó como un despido: se le realizaron cuatro actos de despedida y algunos obsequios, como un iPad y un cheque de 300 euros en material deportivo. La prueba de que la entidad no pasaba penurias económicas en ese momento es que poco después, con el nombramiento del sustituto de Plaza, Eduard Galí, subieron los sueldos. Fuentes de la defensa de Alcázar consultadas por el ARA negaban antes del juicio la versión de las acusaciones y sostenían que el despido no fue simulado, sino que Alcázar había considerado que Galí, que ya era empleado del Consell antes, podía hacerse cargo de la gerencia él solo. "No se cometió ninguna mala praxis administrativa ni penal", aseguraban.

A diferencia de la Fiscalía, la acusación de los comunes consideraba que los 47.147,62 euros salieron de una subvención del Ayuntamiento que se dio ad hoc al Consell para que Plaza pudiera embolsarse ese dinero, lo que también habría implicado al consistorio. Los seis meses que pasaron entre el despido y su incorporación como asesor (luego acudió a las listas del PSC y entró como concejal) cobró un sueldo mensual con cargo a la Seguridad Social de 6.400 euros.

Alcázar, ex mano derecha de Núria Marín, era también primer secretario del PSC cuando ocurrieron los hechos y tenía una gran ascendencia sobre la militancia. Dimitió del cargo, lo que dejó el partido en manos de una gestora y abrió una disputa sucesoria dentro de la federación, dividida entre partidarios y detractores de la entonces alcaldesa de L'Hospitalet. El denunciante del caso del Consell Esportiu, el entonces teniente de alcalde Jaume Graells, también dejó el partido denunciando presiones y desidia dentro del Ayuntamiento para esclarecer las supuestas irregularidades en las cuentas de la entidad. Ahora es el líder de ERC en Hospitalet. Por su parte, Marín –ahora delegada del Gobierno en Madrid– estuvo investigada en la trama principal del Consell Esportiu, pero la jueza acabó archivando la causa contra ella.