Montero pide disculpas por el caso Alves tras el choque con el poder judicial

BarcelonaMaría Jesús Montero da marcha atrás. Al menos, por las formas. La vicepresidenta primera del gobierno español ha pedido disculpas este martes por sus palabras sobre la sentencia absolutoria del futbolista Dani Alves: "Si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión nada menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro estado de derecho, la retiro y de retiro". Ahora bien, sí ha vuelto a decir que la resolución judicial le parece un "retroceso" y que hay que ir al "fondo de la cuestión": a su juicio, lo importante es el "debate".

Montero, que hizo declaraciones a los medios de comunicación en el marco del VI Foro Mundial de Desarrollo Local en la Diputación de Sevilla, calificó de "vergüenza" el sábado la absolución de Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que revocó una condena previa de la Audiencia de Barcelona al futbolista. La dirigente socialista lamentó que "se cuestione el testigo de una víctima y que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, mayores y famosos", en alusión a la argumentación utilizada por el TSJC. Estas palabras han marcado la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, en el que la portavoz, Pilar Alegría, ha hecho equilibrios: "El respeto a las sentencias no es antagónico en poder opinar sobre las sentencias", ha dicho. Además, avisó de que queda la última palabra del Tribunal Supremo, sugiriendo que confía en que el alto tribunal corrija al TSJC.

La absolución de Alves abre un nuevo choque entre la Moncloa y los jueces

Las declaraciones de Montero habían abierto un nuevo frente entre la Moncloa y el poder judicial. Justo este martes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo un comunicado advirtiendo de que los políticos deben "compatibilizar su derecho legítimo a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones". El pleno del CGPJ ha emitido un comunicado en el que expresa su confianza en la "profesionalidad y capacidad técnica" de los magistrados de la Audiencia de Barcelona, ​​que condenaron al futbolista, y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que le han absuelto. "La protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual no implica renunciar a la presunción de inocencia", dicen, en cualquier caso.

El órgano de gobierno de los jueces no es el primero que ha alzado la voz contra Montero, ya que el PP también ha aprovechado las declaraciones para señalar al gobierno español. Envió una carta al comisario de Democracia y Justicia de la UE, Michael McGrath, y denunció que se trata de un "ataque directo" al estado de derecho y la separación de poderes. En el texto, firmado por la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, los populares se hacen eco de las protestas de jueces y fiscales y acusan al gobierno español de intentar "deslegitimar las decisiones de los tribunales cuando no se ajustan a la conveniencia política". Por todo ello, piden a la Comisión Europea que reitere que el respeto a la independencia judicial es "innegociable" y condene "cualquier ataque" al poder judicial.

Reprobación unánime

De hecho, más allá del comunicado de este martes del CGPJ, todos los jueces y fiscales ya habían reprobado de forma unánime a Montero lunes. "Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y apoyen la labor de los jueces y magistrados, y se evite comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial", aseguró el colectivo de jueces y fiscales. A su juicio, las declaraciones de Montero ponían en riesgo "el derecho fundamental de la presunción de inocencia" y, por tanto, también las "garantías procesales y la equidad de los juicios".

En su doble rol de magistrado en excedencia y miembro del gobierno español, también se ha expresado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha velado por hacer al máximo de pedagogía. "En cuestiones que suponen una lacra social como la violencia sobre las mujeres, no sólo las autoridades del poder ejecutivo, sino las del legislativo y el judicial, debemos explicar muy bien nuestras manifestaciones y resoluciones sobre por qué se llegan a determinadas conclusiones, con el fin de sensibilizar a la sociedad", ha subrayado.