Entidades prolengua presentan un recurso para anular la sentencia del 25%
Argumentan que se ha vulnerado el "juez predeterminado por ley"
BarcelonaUn frente de entidades prolengua –entre ellas Plataforma per la Llengua, USTEC, SEPC e Intersindical– han presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para revocar la sentencia que impone el 25% en castellano en las aulas. Consideran que ha habido una vulneración de los derechos fundamentales porque no se ha respetado el "juez predeterminado por ley". Argumentan que el presidente de la sala de lo contencioso administrativo, Javier Aguayo, "pudo elegir la participación en este caso" de acuerdo con unas normas de reparto de los juzgados que no se ajustan al derecho internacional porque permiten a los presidentes de sala de los tribunales intervenir en casos que tienen "impacto social, económico o mediático". Pese a que no se ha sumado a este recurso, Òmnium Cultural también ha apoyado la iniciativa.
El abogado Ramon Llena, que asesora al Consell per la República y que ha participado en la elaboración del incidente de nulidad de las entidades, ha explicado que tanto la Constitución como el Convenio Europeo de Derechos Humanos establecen que el reparto de los casos tiene que ser aleatorio y que los magistrados no pueden decidir en qué causas participan para que no pueda haber sospechas de parcialidad. "Las normas de reparto tienen que velar por que esto sea así y no se generen rastros de imparcialidad", ha dicho Llena. En este sentido, ha explicado que en diciembre del 2020 se aprobó una regulación sobre las normas de composición de las secciones y los tribunales –similares a las anteriores– que dan vía libre, según ellos, a los presidentes de las salas para participar en casos que consideran de relevancia pública. En concreto, estas normas afirman que el presidente de la sala "presidiría las secciones para la deliberación, votación y sentencia de los casos en los que [...] se traten asuntos con especial trascendencia económica, social o mediática".
Javier Aguayo es el presidente de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC y el incidente de nulidad se queja de que haya participado en la deliberación sobre la sentencia del 25% a pesar de que no preside la sección quinta del ámbito del contencioso ni participa en sus deliberaciones –está asignado a la sección primera–."Pese a ser unas normas aprobadas y convalidadas en todas las instancias de la estructura organizativa de la administración de justicia, y publicadas oficialmente, entendemos que incorporan criterios manifiestamente vulneradores del principio de juez ordinario predeterminado por la ley y permiten lo que trata de evitar este principio constitucional, que es que un juez, un miembro del tribunal sentenciador, escoja los temas en los que interviene y en los que no, e incluso pueda interferir en deliberaciones ya iniciadas modificando la composición del tribunal a media deliberación", explicita el escrito.
Por lo tanto, estas entidades concluyen que "la intervención no prevista ni previsible de Aguayo no se ajusta a la necesaria garantía del derecho constitucional en relación al juez ordinario predeterminado por la ley, ni al mismo derecho previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos". Esto a pesar de que la decisión de Aguayo esté amparada por las normas aprobadas por la sala de gobierno del TSJC y el Consejo General del Poder Judicial. Una vez presentado el escrito, el TSJC tendrá que valorar, primero, si acepta la personación de estas entidades –que todavía no tienen respuesta– y, después, cómo responde a este incidente de nulidad.
Críticas a la Generalitat
Plataforma per la Llengua, el SEPC y la USTEC –presentes en la rueda de prensa– han criticado a la Generalitat por no haber llevado a cabo esta acción y que sea la sociedad civil, han dicho, quien tome la iniciativa. Han criticado la "inoperancia" del gobierno catalán a la hora de hacer frente a la sentencia del 25% –han asegurado que las instrucciones de este martes del conseller Josep González-Cambray no protegen a los centros educativos– y también la falta de transparencia, puesto que según ellos no han explicado de forma suficiente qué estratégica jurídica han puesto en marcha ante el TSJC.