El Govern comunica al TSJC que el nuevo decreto hace "imposible" cumplir la sentencia del 25%

BarcelonaJusto en el tiempo de descuento, el día que acaba el plazo para cumplir la sentencia que obliga a hacer un 25% de castellano a todos los centros de Catalunya, el Govern ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declare la "imposibilitat legal" de ejecutar esta decisión. La Generalitat argumenta que ahora, después del decreto ley aprobado el lunes, hay un "nuevo marco legal" que impide establecer porcentajes a la hora de enseñar las lenguas en la escuela, cosa que es "incompatible" con el 25% de castellano en las aulas impusieron los jueces.

Este escrito al TSJC supone un giro de guion. Hace dos meses, el departamento trasladó a los magistrados los trámites que había puesto en marcha para hacer cumplir la sentencia: entonces eran la reforma de la ley de política lingüística, un nuevo decreto anunciado por el conseller de Educación, Josep González-Cambray, y una encuesta sobre la realidad idiomática en los centros, pero ninguna de las tres propuestas es todavía una realidad. Ahora, en cambio, el Govern cambia de criterio y comunica prácticamente lo contrario a los magistrados: que la sentencia es imposible de ejecutar después de que el mismo Govern haya cambiado el marco legal.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el Govern quiera desobedecer: en el informe, los abogados de la Generalitat defienden que para "asegurar la mayor efectividad" de la sentencia del 25% hace falta que los centros públicos y concertados "elaboren o revisen los proyectos lingüísticos para adaptarse a este nuevo marco legal". De hecho, Cambray ha declinado precisar si considera que está desobedeciendo a los tribunales: "Lo que hacemos es legislar".

Precisamente este martes el departamento de Educación ha enviado a los directores y directoras de los 5.000 centros educativos instrucciones a través de un correo electrónico para informarles sobre cómo tienen que aplicar el decreto aprobado el lunes. Este correo tiene un doble objetivo: tranquilizar a los docentes y a los equipos directivos e intentar protegerlos jurídicamente, porque el Govern se hace cargo de la legalidad de los proyectos lingüísticos de cada centro, y también intentar convencer al TSJC de que no está desobedeciendo, sino que el Govern –a pesar de hacerlo sin porcentajes concretos– quiere regular el uso de las lenguas. "Hacemos de escudo legal de los centros educativos", ha defendido el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.

La vía para conseguir este doble objetivo es a través de un cuestionario de siete preguntas al que los directores tendrán que responder en 30 días. Se trata de preguntas "muy sencillas" sobre los proyectos lingüísticos de cada centro que solo se pueden responder con un sí o con un no.

1. ¿Es el catalán la lengua normalmente empleada como vehicular y de aprendizaje?
2. ¿Es el catalán la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado?
3. ¿Prevé un uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano?
4. ¿Incorpora criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas oficiales?
5. ¿Tiene en cuenta la diagnosis de la realidad sociolingüística del centro?
6. ¿Tiene en cuenta los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en las diferentes etapas educativas?
7. ¿Evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?

Los centros tienen hasta el 30 de junio para responder. Si todas las respuestas son afirmativas, significa que el proyecto se adecúa a la nueva norma aprobada por el Govern y, por lo tanto, ya está verificado y validado. En cambio, si hay alguna respuesta negativa, quiere decir que el proyecto no se adecúa al nuevo decreto y los centros tendrán que modificar su proyecto. Tendrán todo el curso próximo para hacerlo.

Document: Les instruccions del Govern als centres per complir amb el decret lingüístic

El Govern calcula que prácticamente todos los centros responderán que sí a todo y, por lo tanto, los proyectos quedarán validados automáticamente en el próximo mes. La clave, aquí, es que es el departamento quien asume la validación de estos documentos, es decir, que es el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, quien se hace responsable ante los tribunales. Este es uno de los compromisos que el conseller adquirió ante los representantes de los directores, muy inquietos por las repercusiones judiciales a las cuales se podrían enfrentar si el Govern no acata la sentencia. Con este cuestionario, Educación cree que sí que cumple la sentencia porque está dando instrucciones a los centros (así lo establecía el auto), y a la vez se ahorra el mal trance de ordenar a todos los centros que hagan una asignatura más en castellano, que es lo que piden los jueces.

Los directores consultados por el ARA respiran más tranquilos después de la aprobación del decreto y de las nuevas instrucciones. "El problema del catalán en la escuela no es un problema educativo, sino que se generó para obtener unos réditos políticos y, por lo tanto, la solución tiene que ser política y la responsabilidad es del conseller", apunta Joan Cumeras, director del Instituto Santiago Sobrequés de Girona. A su parecer, los pasos del Govern van en la línea "de alejar la justicia de la escuela y volver al terreno de la pedagogía". "Nos convenía mucho que el departamento se hiciera responsable y no dejara en manos de cada centro la aplicación de la sentencia. Entiendo que el nuevo decreto lo hace", afirma.

Desde la patronal de la concertada hicieron presión para dar cobertura jurídica a los directores. Ahora se sienten algo más protegidos: "Se atribuye la responsabilidad de la legalidad de los proyectos lingüísticos al departamento", defiende Meritxell Ruiz, secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), a pesar de que pide que se apruebe cuando antes mejor la nueva ley del catalán, ahora en estudio en el Consejo de Garantías Estatutarias, para estar "todavía más protegidos".

Toque de atención

Las instrucciones también dejan claro que, una vez esté el proyecto lingüístico validado, es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa hacer que se cumpla. A pesar de que sea de manera sutil, se trata de un toque de atención a los docentes y también al personal de atención educativa, que al final son los que escogen el idioma con el que hablan a los alumnos, para que hablen en catalán a la clase, después de que el Govern haya detectado un cierto relajamiento en el uso de la lengua catalana en las aulas. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, el conseller Cambray ha avisado que "un profesor no puede elegir la lengua con la que da clase", sino que tiene que usar "la lengua que explicita el proyecto educativo de cada centro".

Habrá que ver si todo ello es suficiente a ojos de los jueces, que siempre han sido muy claros y han sentenciado que todas las escuelas catalanas tienen que hacer un 25% en castellano, es decir, esta materia y otra de "troncal o análoga" en la misma lengua. Una de las dudas que abre este nuevo escenario es qué pasará en las escuelas donde ya hay algunas clases en que se aplica el 25% de manera escrupulosa, porque así lo han conseguido judicialmente algunas familias que lo han reclamado individualmente al TSJC (los jueces siempre han dado la razón a estas familias). El Govern explora personarse en cada uno de los procesos –ahora hay 47 en vigor– para alegar ante los jueces que hay una nueva normativa catalana (el decreto ley aprobado el lunes) y española (la ley Celaá) que han cambiado las reglas del juego.

Cambray se defiende

El conseller de Educación ha asegurado que el objetivo último es "proteger los centros educativos" de los tribunales. No ha querido hacer pronósticos, sin embargo, sobre si el TSJC considerará que con el decreto y las instrucciones habrá suficiente para cumplir con la sentencia del 25%. "No puedo responder qué piensa un tribunal y menos un tribunal que lo que ha hecho hasta ahora es extralimitarse", ha argumentado. De hecho, la sentencia quiere imponer porcentajes de castellano a los centros, mientras que el decreto los rechaza explícitamente.

A la espera de que el TSJC diga si le parece bien la respuesta de la Generalitat a la sentencia, a quien seguro que no han gustado ni el decreto ni las instrucciones es a PP y a Vox, que ya han anunciado que su intención es llevarlo al Tribunal Constitucional (TC). De hecho, una de las intenciones del Govern para aprobar un decreto con rango de ley era poder trasladar el frente jurídico del TSJC al TC, para que sea otro tribunal quien se pronuncie en el debate y lo haga ya el curso que viene.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que en Catalunya no imperie el "bilingüismo cordial" que hay en Galicia. Ciudadanos directamente denunciará al conseller Cambray ante la Fiscalía por "incumplimiento flagrante" de la sentencia. No todo son malas noticias para el Govern, sin embargo, que este martes ha sabido que ya tiene garantizados los votos de los comuns para aprobar el decreto en el Parlament. La nueva ley del catalán en la escuela será el siguiente paso una vez que llegue el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, probablemente a finales de esta semana.