Tras los audios que el ARA hizo públicos de una reunión en la que la cúpula de comunicación de ERC trazaba un plan para intentar tapar el caso de los carteles de los Maragall, el partido cesó a Tolo Moya. Ahora el ex director de comunicación se defiende y apunta a un nombre como responsable del caso: Sergi Sabrià. "Maragall y Rovira mienten: soy la cabeza de turco para cubrir un conseller", ha dicho Moya en una entrevista en Menorca - Es Diari. Moya es uno de los expedientados por el caso de los carteles de los Maragall, junto al exviceconsejero Sergi Sabrià, el exvicesecretario de comunicación del partido Marc Colomer y el militante del Anoia que instigó la campaña. "Me querían utilizar. Dijeron que me lo comería yo, pero que seguiría trabajando", afirma Moya.
El Estado anuncia que traspasará 1.000 millones pendientes por Cercanías en tres años en plenas negociaciones de investidura
ERC advierte al PSC de que, "sin un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía fiscal, no habrá acuerdo"
BarcelonaEsquerra y el PSC entran en una semana decisiva para saber si un acuerdo para la investidura de Salvador Illa es posible o no. Este lunes por la mañana se ha reunido la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat, de la que han salido tres acuerdos para materializar algunos de los pactos que ERC y el PSOE ya habían puesto por escrito en los últimos meses y que pasan por el traspaso de Cercanías, la gestión de becas universitarias y el fondo de investigación. En total, un traspaso de recursos de 1.519 millones de euros del Estado a la Generalitat. En relación a Cercanías, la cifra más relevante son los 1.058 millones de euros pendientes que llegarán al gobierno catalán en los próximos tres años para empezar a aterrizar el traspaso.
Dentro de esta cifra se incluyen varias partidas para "poner el contador a cero", según ha explicado la consellera de Territorio en funciones, Ester Capella, e iniciar el traspaso de la red ferroviaria. En este sentido, el gobierno español abonará 283,4 millones de euros al año para saldar el déficit de explotación. Se trata del dinero que el ministerio de Transportes abona a Renfe por el coste de mantener el servicio. Ahora el Estado hará ese pago directamente a la Generalitat y el Govern lo abonará a Renfe mientras sea la operadora del servicio, antes de que acabe el año. Por otro lado, el gobierno español también pagará 191,5 millones de euros por enjugar la deuda que se ha generado desde 2016 hasta el año pasado y que Renfe atribuía a la Generalitat. Esta cuestión se encontraba actualmente judicializada por lo que, a medida que la Generalitat reciba el dinero por parte del Estado, lo pagará a Renfe y los procesos judiciales deberían quedar anulados.
El gobierno español también se ha comprometido a pagar las mejoras de los servicios ferroviarios de las líneas de Lleida a Cervera (RL3) y de Lleida a Manresa (RL4). En total, se transferirán 2,5 millones para la RL3 y 2,7 millones para la RL4. A partir de 2025, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) es quien asumirá la titularidad del servicio. Según ha explicado Capella, el Estado también se hará cargo de los servicios alternativos que deben prestarse cuando los trenes fallan y es a consecuencia de las obras que se realizan en la infraestructura ferroviaria. El gobierno español abonará 0,9 millones cada año hasta 2026.
Fondo de investigación y becas universitarias
Aparte de Cercanías, ambos gobiernos también han acordado desbloquear el traspaso de la gestión de becas universitarias: el Estado pagará dos millones de euros en 2025 y 2026, a más de 7,9 millones este mismo 2024 por los retrasos de los últimos tres años. Por último, también se ha acordado abonar 150 millones de euros cada año hasta 2026 en el fondo de investigación y desarrollo. La consejera de Economía en funciones, Natàlia Mas, y la de Territori, Ester Capella, encabezaron la reunión de la comisión mixta en la que, por parte del Estado, participaron el secretario de estado de Hacienda, Jesús Gascón , y el secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España.
Los republicanos habían exigido a los socialistas el cumplimiento de los acuerdos que han ido poniendo por escrito estos últimos meses, como el traspaso de Cercanías –la semana pasada Generalitat y Estado acordaron el inicio del traspaso con la línea R1 de cara a enero de 2025– o el del ingreso mínimo vital, aunque este lunes no han concretado nada al respecto. Tampoco sobre cuándo se hará efectiva parte de la condonación de la deuda del fondo de liquidez autonómico (FLA) pactado también por la investidura de Pedro Sánchez. La consellera de Economia, Natàlia Mas, ha asegurado que se está trabajando para que se materialice en los "próximos meses".
ERC insiste en la financiación singular
¿Está Esquerra más cerca de investir a Salvador Illa tras los tres acuerdos de este lunes? Mas ha asegurado que el cumplimiento de los acuerdos era una "condición imprescindible" para seguir negociando pero "no suficiente". El arrecife principal sigue siendo la reforma de la financiación autonómica. Precisamente, este lunes la secretaria general de ERC, Marta Rovira, envió un ultimátum a los socialistas para reclamarles un "paso adelante claro y decisivo" hacia el concierto económico. Si no, dice la dirigente republicana, el acuerdo para la investidura de Illa no será posible y Catalunya se encaminará hacia una repetición electoral. Esquerra exige un preacuerdo con el PSC antes de que acabe este mes para someterlo a consulta de sus bases.
Rovira envía este ultimátum en un artículo firmado conjuntamente con los cuatro negociadores oficiales del partido –Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Juli Fernández y Oriol López– a La Vanguardia:"Sin un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía fiscal no habrá ningún acuerdo de investidura posible". Los cinco dirigentes republicanos exigen "un paso de gigante" que lleve a un "cambio de modelo de financiación estructural, permanente e irreversible". La financiación singular –que Catalunya tenga la llave de la caja y se defina una cuota de solidaridad para el resto del Estado– es la principal condición que Esquerra ha puesto en el PSC para investir a Salvador Illa.
Los socialistas, sin embargo, rechazan un concierto económico similar al del País Vasco y defienden desarrollar el consorcio tributario establecido en el Estatut. Una propuesta que Rovira vuelve a rechazar en el artículo de este lunes, en el que califican a este consorcio "de una operación de maquillaje para que todo siga igual". "Tampoco pueden ser nuevas propuestas de financiación que nunca acaban de concretarse", añaden: "No podemos avalar a un Gobierno que renuncie a resolver el déficit fiscal que lleva décadas lastrando el progreso social y económico de Catalunya".
Aparte de la financiación, Esquerra también pide más de avances en materia de lengua. El partido no ha puesto el referendo como condición para esta negociación, pero sí piden mantener el diálogo con el Estado para abordar el conflicto político. En este sentido, en el artículo de este lunes, los cinco negociadores piden al PSC que "asuma esta realidad, deje de dar la espalda y se implique activamente en la construcción de esta solución política".
Los comunes advierten a ERC
Ante la posibilidad de que los republicanos se mantengan en una posición de máximos que pueda hacer descarrilar el acuerdo, desde los comunes avisan a ERC de que Catalunya estará "más cerca de la financiación justa" con un acuerdo progresista para investir a Salvador Illa que si se repiten las elecciones. En rueda de prensa, su portavoz, Joan Mena, ha asegurado que las fórmulas para lograr esta nueva financiación pueden concretarse más adelante y que su partido también velará por un nuevo modelo que corrija la infrafinanciación que sufre Catalunya. "Vemos margen de negociación y estamos trabajando con el PSC y conversando con ERC. Queremos cerrar el acuerdo lo antes posible, pero todavía hay tiempo", ha subrayado. Para calmar los ánimos de los socios de Sumar que se han mostrado reacios –por ejemplo, Compromís–, los comunes recuerdan que la eventual reforma de la financiación también podría extenderse a otras comunidades infrafinanciadas, como la Comunidad Valenciana, informa Martina Alcobendas.