ERC deposita la fianza del Govern de Puigdemont en el Tribunal de Cuentas

ValenciaLa causa del Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat vivió una doble sacudida este jueves con el anuncio de la renovación de sus consejeros y la negativa de la delegada instructora a aceptar los avales del Institut Català de Finances para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros. Un nuevo golpe para la treintena de ex altos cargos del Govern encausados, que ven cómo el procedimiento se encamina hacia un juicio que puede confirmar un castigo que, para algunos, se añadiría al del 9-N de 2014. El exministro José Luis Ábalos hablaba de "piedras en el camino" del diálogo cuando se cerró la instrucción y apostó por "actuar con inteligencia dentro del proceso jurisdiccional" para "desempedrarlo". La Abogacía del Estado se retiró de la acusación, pero se mantiene la Fiscalía y las acusaciones particulares, de forma que relevar los integrantes del tribunal se divisa como una rendija.

La previsión es que los nuevos consejeros puedan sustituir a los actuales a tiempo para juzgar el caso, pero existe la incógnita si también el recurso de apelación contra el rechazo al aval del ICF. El PSOE y el PP comunicaron que los plenos en el Congreso y en el Senado para escoger los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas serían la semana del 25 de octubre. Los grupos tendrán que registrar sus candidaturas –todavía no lo están, confirman fuentes parlamentarias– y los aspirantes tendrán que comparecer ante la comisión consultiva de nombramientos.

Ahi tendrán que exponer sus méritos y, posteriormente, el pleno del Congreso y del Senado los tendrán que votar por mayoría de tres quintas partes. Históricamente, el PSOE y el PP superaban ampliamente esta proporción y la comparecencia resultaba un mero trámite. Una persona que ha conocido desde dentro del Tribunal de Cuentas subraya que habría que seguir el ejemplo norteamericano y someter los candidatos a un examen en que se desnudaran sus afinidades políticas y se los sometiera a un control real. Esta vez los dos grandes partidos suman 208 diputados, a dos de los necesarios, así que Unidas Podemos tendrá que entrar en la ecuación.

Una vez publicados los nombramientos en el Boletín Oficial del Estado , los doce consejeros tendrían que celebrar un pleno para elegir cuáles van a la sección de fiscalización –ocho– y cuáles a la de enjuiciamiento –cuatro–. Las cámaras legislativas no deciden directamente esta distribución, sino que lo hacen los mismos consejeros, si bien puede estar más o menos definida previamente en el marco del pacto político entre los partidos. "Ya hay candidatos y candidatas", afirman fuentes del gobierno español, que no revelan nombres y calculan que a finales de noviembre ya se habrán ejecutado los cambios.

Los consejeros actuales

En el escenario actual, la encargada de juzgar la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 es Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con José María Aznar. Ella ya fue la que condenó al expresident Artur Mas y a los ex consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por el 9-N y no se espera que esta magistrada de "marcado perfil político" y "de derechas de toda la vida", según apuntan fuentes conocedoras de las interioridades del órgano fiscalizador, se convierta ahora en un flotador para los ex dirigentes independentistas.

En caso de condena y de un hipotético recurso de apelación, ahora mismo la causa tendría que recaer en los otros tres miembros de la sección de enjuiciamiento: María Antonia Lozano, propuesta en 2012 por Izquierda Unida; Felipe García Ortiz, por el PSOE; y José Manuel Suárez Robledano, por el PP. Fuentes del organismo avisan que esta teórica mayoría progresista podría no actuar como tal, dado que García Ortiz se ha acercado a tesis conservadoras durante los últimos años. Con todo, destacan que es un "político nato" y que su posición puede depender "de lo que le convenga".

Esta conveniencia tiene que ver con las posibilidades de ser reelegido. En el Tribunal de Cuentas es tradición encadenar mandatos hasta llegar a las dos décadas, como es el caso de García Ortiz, por ejemplo, poco afín al actual líder del PSOE, Pedro Sánchez. El gobierno español, sin embargo, tiene la intención de hacer un lavado de cara en el órgano fiscalizador. Fuentes del ejecutivo consultadas apuntan que se apostará por figuras "de consenso", "de prestigio" y "menos ideologizadas".

ERC paga parte de la fianzas

Al margen de la renovación del tribunal, los ex altos cargos encausados se enfrentan a un embargo inmediato si no abonan la fianza de 5,4 millones de euros que les ha impuesto este órgano. Para evitarlo, este viernes Esquerra ha abonado una parte, informa Quim Bertomeu. En concreto, y tal y como explicó el ARA antes del verano, dos millones de euros de la parte correspondiente a los gastos imputables a todas las personas que tuvieron responsabilidades de gobierno entre 2016 y 2017. Esto quiere decir que uno de los beneficiados será el presidente del partido, Oriol Junqueras, pero también el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. Fuentes de Esquerra explican al ARA que han movido ficha para evitar "la afectación personal y familiar de decenas de personas" y que lo ha hecho con coordinación con "la resta de organizaciones afectadas". Quedarán por cubrir más de tres millones de euros y el expresident de la Generalitat, Artur Mas, anunció este jueves que él pondría su piso. Ninguno de los afectados puede asegurar a estas alturas si todo ello servirá para frenar los embargos.