Las bambalinas de la politización del Tribunal de Cuentas

MadridLa última renovación de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas fue en 2012 y el PP, con mayoría absoluta, mantuvo la balanza decantada a su favor. Que ahora Pablo Casado esté bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal de Cuentas no es ninguna idea original. Es, de hecho, la misma jugada que entonces hizo Mariano Rajoy. El mandato que empezó en 2001 tenía que acabar en 2010, cuando todavía gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, pero el PP esperó a imponerse en las elecciones del 2011. El bloque conservador tiene las riendas de esta institución altamente politizada, tanto por el sistema de elección de los consejeros como por las dinámicas internas que se generan. “Se hace mucho la pelota porque los cargos importantes se nombran a dedo”, explica al ARA un funcionario que conoce las interioridades del Tribunal de Cuentas.

El 3 de agosto de 2012 el nuevo pleno acordó la composición de las secciones de enjuiciamiento y de fiscalización y Ángel Algarra se quedó con el departamento sexto, el de comunidades autónomas. Su equipo es el que confeccionó, a instancia del Senado, el informe de más de 700 páginas que ha servido para investigar la acción exterior de la Generalitat. “Ha salido de un departamento que está invadido por personal militar”, subraya una fuente del órgano. Algarra provenía del cuerpo militar y su elección como consejero en 2012 causó “sorpresa”, coinciden varias fuentes, porque no era un funcionario del máximo nivel -30-. “La sensación es que Algarra y Margarita Mariscal de Gante [exministra de Justicia] eran dos personajes de José María Aznar en la última renovación”, comenta otra voz con experiencia en el Tribunal de Cuentas. El tercero, inequívocamente, fue su hermano, Manuel Aznar.

La “colonización”

“Allá hubo una purga”, coinciden varias fuentes. Algarra cesó parte del equipo y trajo algunos funcionarios que provenían del cuerpo militar. “Todas las personas que nombra son gente de orden y conservadoras”, apuntan desde el tribunal en relación a esta operación de “limpieza”. Con este contexto, no tendría que extrañar la contundencia del informe fiscalizador contra la Generalitat, explican.

Esta “colonización” que puede darse por la libertad que tiene un consejero de designar cargos es un problema que se arrastra desde hace décadas al Tribunal de Cuentas. El actual presidente español, Pedro Sánchez, ya expresó cuando era aspirante a la secretaría general del PSOE en 2014 su voluntad de “descolonizarlo” y acabar con “el enchufismo”. La lucha interna se producía entre los funcionarios de los cuerpos específicos del Tribunal de Cuentas -auditores y letrados- y los que provenían otras administraciones. La mayoría de consejeros no son funcionarios de la institución y podían tener tendencia a llenar plazas con personas que ya conocieran de otras administraciones. Una sentencia del Tribunal Supremo, sin embargo, estrechó este margen y determinó que no podían haber más funcionarios de fuera que de dentro. Ahora los ánimos están más calmados.

Uno de los escándalos que llevó al Tribunal de Cuentas a copar titulares fue el nepotismo que imperaba en la institución revelado por el diario El País en 2014. Un centenar de su personal laboral, que solo tenía que pasar unas pruebas poco regladas para acceder al órgano, tenía lazos familiares. Algún caso sonado se produjo a escala funcionarial, como la designación en una posición de subdirectora de nivel 30 de una hermana del exconsejero Ciriano de Vicente y la creación de un cargo nuevo que obtuvo un hermano de un consejero actual, Javier Medina. El Supremo tumbó los dos nombramientos a raíz de denuncias internas.

El presidente en aquel momento, Ramón Álvarez de Miranda, admitió que se podían revisar algunas maneras de funcionar y en los últimos años ya no han aflorado más casos. Eso sí, las personas que promovieron los recursos en la justicia han sido apartadas y enviadas a las colonias, tal como se conocen en el argot del Tribunal de Cuentas las instalaciones donde se desarrollan tareas no tan relevantes como las que tienen lugar en el edificio de la calle Fuencarral de Madrid.

La autocensura

En el núcleo de poder del Tribunal de Cuentas están los departamentos de las dos secciones del organigrama, con una media de diez funcionarios de escalera A1 en cada una, que ostentan las plazas más bien pagadas. Son cargos de libre designación y esto hace que estas personas, al no ser inamovibles, sean conscientes de para qué consejero trabajan. “Instrucciones no hay, pero no hace falta que haya. Hay una cierta autocensura”, reflexiona una persona que pide colaborar con este reportaje desde el anonimato.

El funcionamiento en los departamentos es piramidal: un técnico elabora un informe que acabará a manos del director de aquella área y, después, se trasladará al resto de departamentos por si quieren poner objeciones. La dinámica que se repite es que si un trabajo se ha elaborado en un departamento de un consejero propuesto por el PSOE, por ejemplo, solo lo enmiendan y hacen aportaciones consejeros impulsados por el PP, ningún socialista. Todos los informes que se elaboran acaban siendo votados en el pleno y si una característica se ha mantenido inalterable a lo largo de los años es la unanimidad que se da entre los doce consejeros.

Que los dos bloques busquen el consenso no quita que no haya grandes diferencias ideológicas. La obsesión con el caso catalán tiene un precedente antes incluso de que se produjera el 9-N: el exconsejero Juan Velarde levantó polvareda con unas declaraciones en las que no descartaba bombardeos como los de Espartero en Barcelona del siglo XIX. Fuentes conocedoras recuerdan debates importantes que ha habido relacionados con la fiscalización de la iglesia o de la monarquía y, en este sentido, sí que se definían los bloques. “Cada año había enfrentamientos”, relatan sobre lo que se vivía entre bambalinas durante las dos últimas décadas.

Ha sido durando este periodo que el PP se ha hecho fuerte. Antes, había un pacto tácito para que el partido de la oposición al gobierno español tuviera la presidencia del Tribunal de Cuentas, hecho que “reforzaba la autonomía” de la institución, interpretan. El cambio implica que se cree un cierto “seguidismo” al presidente, añaden las mismas fuentes. En este sentido, todas las voces consultadas coinciden en que los consejeros juegan con las afinidades políticas y más todavía cuando se acerca el momento de la renovación. Tocaría este julio -el PP la bloquea, sin embargo- y habrá que ver si las posiciones de los consejeros en la causa del Procés pueden tener una lectura en esta línea.