ERC, Junts, el PSC y los 'comuns' se dan más tiempo para negociar la reforma de la ley de política lingüística

BarcelonaDespués de la tormenta de la semana pasada, la reforma de la ley de política lingüística para esquivar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a dar el 25% de clases en castellano ha ralentizado el paso. El problema no está ni mucho menos resuelto, pero los impulsores del polémico cambio normativo han decidido levantar el pie del acelerador y darse más tiempo para negociar y, sobre todo, para encontrar más apoyos entre la comunidad educativa y las entidades pro lengua. Así, si el plan inicial de ERC, el PSC y los comuns –y también JxCat, antes de descolgarse del acuerdo por las críticas del sector– era empezar el trámite parlamentario de manera inmediata para poderlo tener terminado la semana que viene, ahora se han dado de margen hasta finales del mes de abril. Sea como fuere, no lo tendrán fácil, porque este fin de semana habrá contestación en la calle: varios sindicatos de la enseñanza han convocado una concentración en contra de la modificación.

Las señales de reducción de velocidad en pro de ampliar más el consenso han llegado este martes desde el Parlament. La mesa ha tramitado la proposición de ley por lectura única (es decir, para aprobarla por la vía rápida en un solo debate), pero en el marco de la junta de portavoces, que es donde hay representados todos los grupos y se fija la orden del día del pleno, ningún partido ha pedido que se incluya en la próxima sesión, la semana que viene.

El portavoz de los comuns, David Cid, ha explicado que se trata de un acuerdo político que implicaría llevar la reforma al pleno de después de Semana Santa, del 26 al 28 de abril. De este modo, los cuatro partidos que acordaron la reforma tienen todavía un mes para hablar con las entidades y rehacer el consenso. La principal crítica recibida, expresada en las redes sociales, es que se introduce el castellano como lengua de aprendizaje. Una modificación que para los promotores de la reforma tendría que servir para driblar la sentencia del TSJC que obliga a todos los centros educativos a dar el 25% de las clases en castellano. En la propuesta se introduce la posibilidad de que el castellano se use en las clases, pero no se fijan porcentajes: se deja en manos de cada centro educativo en función del entorno sociolingüístico. Los detractores de la reforma de la ley, sin embargo, creen que el cambio no servirá para frenar los tribunales, y lo ven como una vía para que se dé más castellano en la escuela.

En todo caso, con este margen de tiempo, los grupos políticos negociarán ahora qué enmiendas pueden introducir en la propuesta para llegar a un nuevo acuerdo. Este martes, la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, se ha abierto a introducir alguna "pequeña mejora", pero ha insistido que, a su parecer, la reforma es buena. Fuentes de Junts, a su vez, consideran que el frenazo de todos los grupos es un indicador de que la decisión ellos que tomaron el pasado jueves de desmarcarse del acuerdo era buena. Ahora el reto no es fácil, puesto que desde el Govern quieren intentar que las entidades pro lengua como Òmnium o la Plataforma per la Llengua avalen el cambio y, a la vez, mantener dentro del consenso lingüístico al PSC, que argumenta que se tienen que cumplir las resoluciones judiciales. De hecho, estará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya valorar si la reforma que propone la Generalitat es suficiente para concluir que se está cumpliendo su sentencia.

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, presentó la proposición de ley ante el tribunal como una de las medidas que estaba promoviendo para cumplir la sentencia del 25%, pero ya hay quien ha manifestado que no es suficiente. Una asociación de guardias civiles y varias entidades contrarias a la inmersión reclaman ya la ejecución forzosa de la resolución judicial, y la extrema derecha de Vox ha anunciado este martes que también lo ha solicitado ante el TSJC. Quien no pedirá esta ejecución forzosa es el gobierno español, a pesar de que también podía hacerlo. Fuentes del ejecutivo de Sánchez argumentan que la Generalitat ya se ha dirigido al tribunal explicando las medidas que ha tomado y que ahora es momento de "respetar la independencia de la justicia, la separación de poderes y los tiempos judiciales".

Distancia con la CUP

A pesar de que este es un tema que tensa al Govern –los dos socios de coalición, ERC y JxCat, mantienen posiciones diferentes– este martes los dos partidos han optado por no amplificar la polémica y bajar las revoluciones. Tanto la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, como la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera (JxCat), han coincidido en decir que la propuesta de reforma de la inmersión es un "buen punto de partida" y que, a partir de aquí, se pueden incluir modificaciones. Quien mantiene el tono elevado es la CUP, que ha advertido de que los cambios pactados en la definición del modelo lingüístico en la escuela todavía agrandan más la distancia que ya mantenía con el ejecutivo. El diputado cupaire Xavier Pellicer ha llegado a decir que su partido, y también "medio país", están "en pie de guerra" con el Govern y que para ellos la "legislatura está agotada". Ahora mismo no parece que haya ningún margen para que los anticapitalistas se acaben sumando a la reforma. De hecho, la CUP ha presentado una propuesta propia para reformar la ley de educación de Catalunya y situar el catalán como lengua "única" que no ha pasado el filtro de la junta de portavoces para ser debatida en el próximo pleno. Los cuparies han pedido que se debata la semana que viene, pero el resto de grupos lo han rechazado.