CAUSA CONTRA LA ACCIÓN EXTERIOR
Política 20/06/2021

A la espera de una fianza millonaria

5 min
El ex consejero de Exteriors Raül Romeva entrando en  una reunión del consejo ejecutivo al Palau de la Generalitat en una imagen de archivo.

BarcelonaLos investigados por el Tribunal de Cuentas desconocen la cantidad de dinero que se les puede reclamar, pero se espera que sea alta. Lo consideran otra forma de represión.

Raül Romeva: “Buscan la ruina económica”

“Si algún departamento estuvo vigilado desde el minuto cero es el de Exteriores”, recuerda el ex conseller Raül Romeva desde la prisión, a la espera del pronunciamiento definitivo del gobierno español sobre los indultos. Como titular del departamento entre 2016 y 2017, se enfrenta, además, a la causa abierta en el juzgado 18, que precisamente se deriva de las diligencias de la Fiscalía basadas en informes del Tribunal de Cuentas. Considera la investigación del órgano sobre el gasto en acción exterior una forma de “represión económica”. “Van a buscar la ruina”, afirma: “Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Persistir”.

El ex conseller recuerda que la acción exterior está permitida en el Estatut y en la Constitución: “Cuando la haces y explicas una realidad indiscutible en Catalunya, el Estado considera que es superar tus competencias”. Defiende, además, que los gastos del departamento se hicieron de acuerdo con los procedimientos administrativos.

Denuncia indefensión

“El sufrimiento es evidente”, lamenta: “Sufro yo, mi mujer, mis hijos, mi entorno”. Romeva también critica la indefensión en el caso del Tribunal de Cuentas, que “actúa como instancia jurídica sin las garantías de la instancia jurídica”: “Los abogados no tienen herramientas para defendernos”. Está “convencido” de que ganarán el caso en Europa: “Cuando uno lo explica en todo el mundo, la reacción es de enorme perplejidad”. Pero el proceso es lento: “Mientras tanto, se nos embargará todo”.

Aleix Villatoro: “Es un tribunal de excepción”

“El Tribunal de Cuentas es un tribunal de excepción”, considera Aleix Villatoro, ex secretario general de Acció Exterior. “Esto no va de responsabilidad contable, es un castigo político”, denuncia, preocupado por cómo pueda afectar a su familia. “Si nos embargan y nos sacan el dinero de las cuentas corrientes, la casa, no tengo más nada”, lamenta: “Hace mucho tiempo que expliqué a mis hijos que me podrían detener, que podría ir a la prisión, y esto es duro”.

Villatoro, que recientemente ha sido nombrado director del Consejo Catalán del Deporte y también está investigado en la causa en el juzgado 18, considera que el procedimiento del Tribunal de Cuentas es “poco garantista”. “Nos dan un mes para presentar alegaciones a un informe inmenso, no se nos responde, y nos darán una cifra in voce”, explica, denunciando “indefensión”.

Explicar el mandato del 1-O

Para el alto cargo, el planteamiento del organismo parte de una “limitación de la libertad de expresión”: “Si las facturas cuadran, si el encargo se hace de acuerdo con el procedimiento, no se puede juzgar el ejercicio de competencias legítimas”. Cita el voto particular de una vocal del órgano, María Dolores Genaro, que consideró el informe sesgado. “Una parte del trabajo del conseller es explicar la realidad política de Catalunya -defiende-. Había un Govern independentista que se comprometió a hacer un referéndum en sede parlamentaria. [...] Evidentmente, se podía explicar”.

Neus Munté: ”No he tenido nunca las competencias”

La concejala de JxCat en Barcelona Neus Munté se muestra perpleja por el hecho de formar parte de los investigados por el Tribunal de Cuentas en relación a la Acción Exterior. “No he tenido nunca ninguna competencia en acción exterior”, explica, puesto que cuando ella fue nombrada consellera de Presidencia, en 2016, la acción exterior ya no dependía de este departamento: “Es surrealista”. Desconoce la cifra que se le puede acabar exigiendo: “Prefiero no empezar a sumar, porque es deprimente”. Aún así, recalca el “convencimiento absoluto” de que toda la tarea internacional de la Generalitat está “amparada por el Estatut”.

Para Munté, “se llega al ridículo” en la investigación al decir que un gasto “no está bien hecho porque en un viaje, más allá de las acciones que se hicieran, se habló del Procés”. La ex consellera considera la causa una “forma de represión cruel” porque “afecta a nivel familiar”. “Es muy farragoso pensar que tendré una liquidación con unas cifras astronómicas, con un mes para abonarlas”, dice. Con todo, la familia lo lleva “todo lo bien que puede”: “Lo peor que nos puede pasar es que nos haga perder la esperanza en el día a día”.

Una “causa general”

Para el ex portavoz del Govern, el independentismo asiste a una “causa general” que “tiene muchos frentes”. Y hace un llamamiento a denunciarlo internacionalmente: “Tenemos que intentarlo, necesitamos que se conozca y, por extensión, toda la represión que se está sufriendo”.

Albert Carreras: “No se me informa a tiempo”

El ex secretario de Economía y Finanzas Albert Carreras (2011-2016) denuncia que no fue informado por el Tribunal de Cuentas en “tiempo y forma” de que se abría una investigación que lo afectaba sobre la acción exterior. “Me tuve que mover yo para que me informaran a medida que compañeros de mi época [en la Generalitat] me dijeron que salía en las listas”, explica: “No me había llegado nada”. No recibió la notificación hasta después de reclamarla, a principios de mayo.

“Hemos sufrido indefensión desde el punto de vista de los plazos, así como en cuanto a cualquier hecho que esté prescrito” y del que no fue informado en su momento, apunta Carreras, que cree que esta alegación es “muy sólida”.

El “peligro” de los precedentes

El catedrático de historia e instituciones económicas de la UPF ve con preocupación los “precedentes” como el 9-N, y denuncia la “decisión” del ex presidente español Mariano Rajoy de judicializar el conflicto. “Hay segmentos del Estado profundo que avanzan en esta dirección [de una causa general contra el independentismo] pase lo que pase”, lamenta: “Es el elemento más amenazante que tenemos encima de la mesa”.

Recalca que los equipos de defensa de los investigados han hecho un “esfuerzo de coordinación importante” para “no ir en direcciones contradictorias”. Y señala que investigar gastos de 2011 en relación al Procés demuestra “incluso incultura”.

Jordi Solé: “La instrucción es una barbaridad”

De los 41 investigados, dos fueron notificados un mes más tarde. Uno de ellos es el eurodiputado de ERC Jordi Solé, que era secretario de Exteriores en 2016. Él defiende que todo lo que hizo entraba dentro de las competencias de la Generalitat. “Si la excusa es que no podíamos utilizar recursos públicos para explicar en el exterior lo que pasaba en el país, entonces que me expliquen qué queda de mi libertad de expresión”, expone.

En su defensa, el eurodiputado recuerda el voto particular de la consejera del Tribunal de Cuentas que criticó la instrucción: “La instrucción es una barbaridad, lo dice ella misma. El procedimiento también”. Así, lamenta que antes que nada se les imponga una fianza -“En la globalidad será descomunal”, pronostica- con riesgo de embargo, y que después se produzca el juicio. “Y esto lo hace un tribunal fuera del sistema judicial. Escandaloso es poco”, resume.

Aparte de acabar en juicio, el primer riesgo es perder ingresos y patrimonio. Solé, sin embargo, asegura que no quiere obsesionarse con este hecho. “He decidido no sufrir más de la cuenta. Uno de los efectos que busca la represión es hundirnos. No me lo puedo permitir. Soy eurodiputado independentista y tengo que estar en plenas facultades”, dice. Está convencido de que el eco que ha contribuido a generar la solidaridad con Mas-Colell internacionalizará el caso, y él también lo está explicando en el Parlamento Europeo. “Muchos compañeros se escandalizan”, asegura.

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