Estados Unidos incluye referencias a los presos políticos catalanes en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo
Se hacen eco, entre otros, de la petición de libertad del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y de Amnistía Internacional
BarcelonaLa carpeta de los presos políticos catalanes también ha llegado a la Casa Blanca. Al menos al informe sobre la situación de los derechos humanos en el ámbito mundial que publicó este martes el departamento de Estado norteamericano. Sin posicionarse en ningún momento, la administración de los Estados Unidos recoge todas las veces que organismos supranacionales han condenado la situación de los presos políticos e incluso cuando han pedido su libertad. Concretamente, la Casa Blanca dedica un apartado del informe específicamente a "presos y detenidos políticos", donde recuerda que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas pidió liberar a "siete de los nueve presos proindependentistas catalanes" por su papel en "el referéndum" del 1-O. Estos hechos se remontan a julio de 2019, cuando el grupo calificó de "arbitraria" la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y pidió su "libertad inmediata". Entonces todavía no había sentencia y todos estaban en prisión preventiva (Carme Forcadell y Jordi Turull no pidieron posicionamiento sobre su situación).
La administración norteamericana no ha pasado por alto las recomendaciones del grupo de trabajo, como tampoco la opinión del relator especial de la ONU sobre las minorías, Fernand de Varennes, que según el departamento de Estado de los EE.UU. "coincidió con las conclusiones del grupo de trabajo" y apuntó "que las detenciones prolongadas y las condenas posteriores eran intimidaciones por sus opiniones políticas". Un posicionamiento parecido al de Amnistía Internacional –y así lo recuerda la Casa Blanca–, que el 13 de mayo criticó la interpretación del Tribunal Supremo de la sedición como "excesivamente amplia". Como en el caso del grupo de trabajo, Amnistía Internacional también pidió la libertad de Sànchez y Cuixart. Aun así, el informe apunta que ninguna ONG internacional ha calificado a los ex consejeros de "presos políticos".
Al mismo tiempo, el departamento de Estado remarca que el relator de la ONU pidió al gobierno español que cumpliera "sus obligaciones legales de protección de los derechos humanos de las minorías, incluida la minoría catalana", porque a menudo "son señalados como traidores". Incluso recuerda el espionaje que el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado republicano Ernest Maragall sufrieron en el teléfono móvil.
"Ataques" a la libertad de prensa
La situación de la libertad de prensa en España preocupa a los Estados Unidos. En el informe, alertan de los "múltiples" ataques verbales del gobierno español y de Vox "a determinados medios de comunicación". Algunos de estos "ataques" son del presidente, Pedro Sánchez, cuando acusó a los "medios conservadores de agitar la sociedad", o del ex vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando afirmó que la prensa crítica con el gobierno había "ofendido la dignidad del periodismo". Ante estos hechos, los EE.UU. recuerdan que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y Reporteros Sin Fronteras condenaron las declaraciones del líder de Podemos y precisan que Catalunya se ha convertido en "territorio peligroso" para la libertad de prensa.
La dureza con la que el informe describe el estado de los derechos fundamentales ha tardado pocas horas en aterrizar en España. El primero a hablar ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, que a través de una publicación a Twitter ha pedido "explicaciones urgentes" al gobierno español.
Pocos minutos después han llegado las explicaciones de la Moncloa, que lejos de entonar el mea culpa ha relacionado el informe con la administración saliente de Donald Trump. "Son las últimas secuelas de Trump", ha apuntado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha negado todas las acusaciones. Según ella, ningún país se puede "permitir el lujo de decirle a la democracia española cómo funcionan las libertades". La ministra de Exteriores, Arancha Gonález Laya, ha seguido la misma línea y ha recordado que en el ranking de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa España ocupa el lugar 29 y los EE.UU. el 45.
Preocupación por la corrupción, pero sin mencionar al PP
Aparte de subrayar que ha habido maltrato a internos en prisiones españolas y que no se han respetado los derechos fundamentales de algunos refugiados e inmigrantes en las fronteras, el departamento de Estado de los EE.UU. se centra en la corrupción en España. La define como "un problema en el país" y señala que hay una "acumulación significativa" de casos. Ahora bien, solo se centra en describir el caso Neurona, que investiga a "miembros clave de Podemos" por presunta malversación de fondos públicos. En cambio, no hace ninguna referencia a los casos de corrupción que afectan, por ejemplo, al PP.