JUDICIALIZACIÓN

El estéril camino de la amnistía un año después de aterrizar en el Congreso

El Estado veta todas las vías, pero los partidos ya estudian otras nuevas

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Quim Bertomeu
3 min
Representantes de partidos y entidades soberanistas con las firmas que entregaron en el Congreso  por la amnistía.

BarcelonaUna de las pocas imágenes de unidad que ha brindado el independentismo los últimos tiempos fue cuando, justo esta semana ha hecho un año, registró conjuntamente una ley de amnistía en el Congreso para intentar poner fin a todas las causas judiciales que hay abiertas a raíz del Procés. Esta unidad no ha sido suficiente para saltar el muro que plantea el Estado también en esta cuestión, que hoy por hoy no ha permitido ni siquiera que la norma se haya llegado a debatir en el pleno. ¿Qué ha pasado? Y, sobre todo, ¿y ahora qué?

En aquella foto unitaria en la escalinata del Congreso estaba la diputada de ERC Montse Bassa. Tiene muy presente el día en el que la mesa de la cámara rechazó tramitar la ley con el voto del PSOE, el PP y Vox basándose en un informe de los letrados que decía que era inconstitucional porque aquello que perseguía era un “indulto general” prohibido expresamente por la carta magna. “Vemos el informe y nos estremecemos. ¿Quiénes son los letrados para decidirlo? Es un veto clarísimo”, se lamenta en conversación con el ARA. Con esta primera traba en la mochila, el paso siguiente del independentismo llegó en junio presentando 200.000 firmas en el propio Congreso para intentar vehicular la amnistía a través del derecho de petición, que faculta a los ciudadanos a apelar directamente a las administraciones públicas. Esta vía todavía no ha sido vetada formalmente, pero está paralizada y no se auguran muchas más posibilidades de éxito porque la mesa del Congreso volvería a tener la última palabra.

El día de las 200.000 firmas también hubo una foto unitaria en la misma escalinata y uno de los presentes era el diputado de la CUP Albert Botran. Recalca que solo depende del PSOE que la norma llegue, al menos, a debatirse en el hemiciclo: “Ninguna ley ni ningún reglamento impiden que la ley de amnistía se pueda debatir, solo la voluntad política, decantada por el PSOE”. Fuentes de JxCat apuntan en la misma línea: “Los números suman, pero el PSOE no quiere y Podemos no se esfuerza”.

Amnistia i Llibertat (ALL) es precisamente una de las organizaciones que se encargaron de recoger aquellas firmas y ayer celebró unas jornadas para abordar el estado de la cuestión. Su portavoz, Susanna Pagès, admite que intentar la amnistía a través del Congreso se ha convertido en “vía muerta”, pero añade que ahora lo que toca es “abrir nuevos horizontes”. Una de sus propuestas es “internacionalizar el conflicto poniendo la amnistía en el centro”, es decir, la denuncia de todas las trabas que están poniendo.

Una de las especialistas que participó en las jornadas es la profesora asociada de derecho internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Sònia Güell. De entrada formula un aviso: el derecho internacional “no regula la amnistía porque es propia del derecho interno” de cada estado. “Si el Estado actúa tendría que ser por un convencimiento político y no jurídico”, expone. Ain así, cree que hay rendijas en el ámbito internacional que podrían generar algún escenario más propicio. Por ejemplo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencie a favor de los líderes del Procés condenados afirmando que su conducta “no era delictiva” y esto acabe ablandando los vetos que hay ahora a la ley en el Estado .

Nuevos movimientos

Pero antes de que la cuestión acabe dando el salto con más o menos éxito en el ámbito internacional, en Catalunya se cuece otro intento de, como mínimo, volver a sacudir el debate político sobre la cuestión. En el último debate de política general los tres partidos independentistas adoptaron el compromiso de impulsar una ley de amnistía desde el Parlament. Una ley que se tendría que acabar llevando al Congreso, pero con el simbolismo que esta vez sería con la legitimidad de la cámara catalana. “Estamos buscando el contexto más adecuado para presentarla. Tienen que pasar varias cosas”, explican fuentes de ERC consultadas por el ARA.

Y este contexto se acerca. La idea es volver a poner la amnistía en el centro del debate con una triple acción combinada: impulsarla desde el Parlament; exigirla en la mesa de diálogo, y extenderla a las calles a través de la plataforma que se presentará en sociedad el 1 de abril, el Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació. Nadie puede garantizar su éxito, pero Balsa apunta cuál es para ella la receta: “Se trata de no rendirse”.

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