La estrategia jurídica del Catalangate: querellas contra NSO, CNI, Policía y Guardia Civil

BarcelonaLa semana ha estado marcada por los efectos políticos del Catalangate –con la negativa ayer de Esquerra de apoyar el decreto sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania del gobierno español–, pero hay otra vertiente que también será protagonista a medio plazo: la vía judicial. Este viernes Òmnium ha reunido a cuatro abogados en el aula Magna de la UB que llevarán los casos de espionaje a los tribunales –algunos de ellos también han sido víctimas de Pegasus– para que empiecen a desgranar cuál será la estrategia ante la justicia. A pesar de que no han revelado detalles de las querellas, sí que han apuntado contra quién irán dirigidas: la empresa israelí NSO, que es quien vendió el programa Pegasus, además del CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Con esta demanda pretenden aclarar quién ha hecho un uso "ilegal", puesto que han insistido que ningún juez puede haber autorizado –y si lo ha hecho, ha "prevaricado"– un espionaje a más de sesenta personas entre ellas abogados.

"El debate no es si hay o no autorización judicial para el espionaje, sino si hay justificación para violar derechos fundamentales con el único argumento de proteger el Estado del independentismo", ha dicho el abogado Benet Salellas, que ha compartido escenario con Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde y Antoni Abad. Los letrados han recordado que este programa se vende, teóricamente, para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado y que es muy difícil que en Europa –ha remarcado Boye– avalen que el independentismo supone un peligro similar para el gobierno español. "En Europa no entenderán la argumentación de la ministra Margarita Robles, no entenderán que una democracia haya tenido que espiar" a un movimiento independentista.

Por lo tanto, las demandas irán dirigidas contra la empresa que comercializa Pegasus, pero también contra quien ha hecho uso de sus servicios. Van den Eynde ha supuesto que ha sido el CNI porque varias fuentes han apuntado que es cliente de NSO, pero ha admitido que tiene que ser a raíz de la investigación que se ha de determinar quién ha utilizado esta herramienta de "forma masiva" contra los soberanistas y qué se ha hecho con la información. Es decir, a través de NSO como "coautora" de los hechos –sus servidores son los que reciben la información de los dispositivos móviles y la transmiten a sus clientes–, pretenden conocer quién está detrás del espionaje.

De las explicaciones de los abogados se deduce que no habrá una única querella de todos los espiados detectados, puesto que cada uno hará hincapié en una cuestión diferente. Andreu Van den Eynde ha apostado por aprovechar el caso ya abierto en un juzgado de Barcelona por el espionaje al expresidente del Parlament Roger Torrent y al candidato de Esquerra en Barcelona Ernest Maragall para llevar los casos que han afectado a personas dentro del Estado. "El juez y el fiscal ven indicios de delito", ha remarcado. "Ahora tenemos un espacio político espiado de forma masiva y documentada técnicamente. Este procedimiento tendría que entrar en una nueva fase", ha declarado.

En cambio, Boye se decanta por querellas individuales en el exterior atendiendo las circunstancias específicas de cada caso –hay personas espiadas residentes en otros estados y las hay que han sido atacadas más que otras– y en los procesos abiertos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Las primeras consecuencias jurídicas las veremos fuera del Estado sin perjuicio de que haya jueces aquí que puedan pensar que están ante un delito", ha apuntado. En este sentido, ha remarcado que él ha sido espiado –así como Van den Eynde– y que son abogados en causas en que también ha personado el Estado en Luxemburgo. "Tenemos inmunidad respecto a la defensa que llevamos en el TJUE y ha sido violentada por el Reino de España", ha dicho, poniendo énfasis en que la parte contraria en estas causas, España, les ha podido espiar con todo lo que comporta sobre el derecho a la defensa. "Hay una doble vulneración", ha enfatizado, dejando claro que aportará la documentación ante el TJUE tal como explica en la entrevista de este viernes en el ARA.

En este punto, Salellas ha recordado que la jurisprudencia que hay dentro del estado español sobre esta cuestión es muy clara: el Tribunal Supremo inhabilitó al juez Baltasar Garzón por interceptar llamadas entre los imputados en el caso Gürtel y sus abogados. El alto tribunal dijo en aquel caso que no aceptaba prácticas de "estados totalitarios".