La exconsejera de Interior de la DANA pide archivar la causa contra ella y se presenta como una "cabeza de turco"

BarcelonaLa investigación judicial en el Gobierno de Mazón por la gestión de la DANA continúa su curso: la juez ha citado como investigada el 11 de abril a la exconsejera de Interior Salomé Pradas, cesada después por el desastre de las riadas que dejaron al menos 225 muertos en la Comunidad Valenciana. Ahora bien, Pradas se ha revuelto contra esta decisión y ha pedido a la titular del juzgado número 3 de Catarroja que archive la investigación contra ella. La exconsejera se presenta como una "cabeza de turco" de la tragedia y atribuye a las víctimas y los daños de la DANA a la falta de ejecución de las obras de canalización del agua que desbordó el barranco de Poio. La defensa de Pradas también argumenta que todo ello se debió a una catástrofe natural que, "por sus características y velocidad", no pudo preverse ni evitarse. "Nadie ha atentado contra la vida de los fallecidos", recoge su recurso, que pide que la causa salga de la vía penal y pase, en todo caso, a la administrativa.

La defensa de Pradas trata así de desactivar la que ha sido la principal tesis de la instructora: que, horas antes de enviar la alerta masiva, la Generalitat valenciana ya tenía a disposición datos que demostraban el alcance de las riadas y, sin embargo, no hizo nada por alertar a los ciudadanos. En un auto conocido la semana pasada, la titular del juzgado recordaba que a las 17.10 horas del día 29 de octubre ya había personas pidiendo auxilio por sus familias, atrapadas ya punto de ahogarse. En la resolución, citaba incluso testigos que aparecen en audios de llamadas del 112. Sin embargo, la Generalitat valenciana no envió la alerta hasta pasadas las 20 horas.

El abogado de la exconsejera de Interior evita asumir cualquier responsabilidad sobre esta decisión y dispara también contra la delegada del gobierno español, Pilar Bernabé. En este sentido, sostiene que hubo una "codirección" sobre las medidas de la protección con la delegada del gobierno español y mantiene que no había ningún protocolo interno para que el 112 y las autoridades de protección civil hicieran llegar la información sobre el desbordamiento de las cuencas internas en el Centro de Coordinación de Emergencias, el Cecopio. En la causa también está investigado el ex secretario de Emergencias de la Generalitat Valenciana Emilio Argüeso. De hecho, y en otro recurso, Argüeso confirmó que el 112 no envió ningún mensaje al Cecopio "en toda la tarde-noche".

Por otra parte, la juez ha citado esta semana para que declaren como perjudicados familiares de diecisiete víctimas mortales de las inundaciones. También rechazó que HazteOír sea acusación popular. En cambio, ha aceptado que esté Ciudadanos, que se suma al resto de acusaciones populares presentes: Podemos, Vox, el PSOE, asociaciones de la Comunidad Valenciana y el sindicato FTAP-CGT.