13/10/2021

El fantasma de Baltasar Garzón recorre el juicio de Villarejo

4 min
El juez Baltasar Garzón en el Parlamento  de Cataluña, en una imagen de archivo. Fotografía del 18 de julio del 2017

MadridResultó muy fácil. Demasiado quizá. Aitor Martínez, abogado del bufete Ilocad, cuyo director es el ex magistrado Baltasar Garzón, pidió ayer en nombre de su cliente, uno de los 27 acusados, el ex comisario Enrique García Castaño, suspender dos sesiones del juicio y mira por dónde lo consiguió sin resistencia alguna del tribunal.

El juicio empezó este miércoles 13 y continúa hoy jueves 14, para proseguir, según el calendario aprobado, el 27 y 28 de octubre. Martínez explicó al tribunal que todo el equipo jurídico de Ilocad tiene que asistir a una vista que tendrá lugar esos días en Londres. Allí se verá un recurso de Estados Unidos contra la decisión judicial británica de rechazar la extradición del periodista y director de Wikileaks Julian Assange.

El tribunal aceptó. Por tanto, el juicio oral celebrará sesión este jueves 14 y se suspenderá hasta el 15 de noviembre. Los magistrados, pues, han adaptado su agenda a la del bufete de Garzón. No es frecuente. 

El error del tres en uno

En la primera sesión se pudo apreciar hasta qué punto la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha cometido un error garrafal con su política de tres en uno. O, por el contrario, sabía bien lo que se hacía. Es decir: declarar en marzo pasado conexidad para enjuiciar tres actividades delictivas independientes (las piezas Iron, Land y Pintor) en un solo juicio.

El origen de esa decisión en marzo pasado por parte de la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional fue el eslabón de la cadena que acabó con la libertad del comisario José Manuel Villarejo. Porque acto seguido, la sección cuarta señaló que la Audiencia Nacional no tenía sala disponible antes del mes de noviembre de 2021 para enjuiciar a 27 acusados y acoger a sus respectivos letrados y acusaciones. Y en noviembre vencían los cuatro años, el tope para mantener a Villarejo en prisión preventiva.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo después de declarar en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción, precisamente, había propuesto enjuiciar cada una de las piezas por separado. Varios acusados habían aceptado una sentencia de conformidad. Por tanto, si el primer juicio se celebraba en mayo de 2021, y Villarejo era condenado el problema del tope de la prisión preventiva desaparecería. Porque pesaría sobre él una sentencia condenatoria en primera instancia con la cual la prisión se podía prorrogar hasta la mitad de la condena.

La Fiscalía, que era contraria a la decisión de la sección cuarta, tuvo que pedir la libertad de Villarejo ya que no habría juicio hasta octubre porque los jueces querían hacer un macrojuicio y no había sala disponible. Y claro, no habría sentencia condenatoria antes del 3 de noviembre, cuando vencían la fecha límite de los cuatro años de prisión preventiva.

Toda la estrategia de tres años de la Fiscalía Anticorrupción saltó por los aires. Unos juicios sencillos con varios acusados que aceptaron una sentencia de conformidad durarían pocas semanas y se podría dictar sentencia rápidamente.

Esta decisión siguió a la decapitación del fiscal Ignacio Stampa –es el autor de la calificación jurídica de las piezas IronLand y Pintor– por parte de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en octubre de 2020. También fue fácil. No propuso su nombramiento para la plaza fija a la que aspiraba Stampa en la Fiscalía Anticorrupción.

No advirtió ningún conflicto de intereses Dolores Delgado en el hecho de que su pareja, Baltasar Garzón, es el abogado de uno de los acusados, el ex comisario Enrique García Castaño, a quien asistió durante su detención el 11 de julio de 2018, día en el que amenazó con presentar una querella por detención ilegal contra los fiscales Stampa y Serrano. Fueron ellos quienes ordenaron –conforme a ley– el arresto de García-Castaño, aunque el caso estuviese judicializado.

Ya desde el comienzo de la investigación de lo que sería el caso Tándem-Villarejo, en 2017, la Fiscalía Anticorrupción tuvo indicios de que se filtraban desde su propia sede informaciones sobre sus movimientos. 

Audios de Público

Este miércoles 13, el diario Público ha aportado una grabación inédita realizada en septiembre de 2017 en el despacho de la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Estamos a veintiún días del arresto de Villarejo, que se producirá el 3 de noviembre de 2017. El audio recoge una amplia conversación entre Villarejo y Cospedal en la que el ex comisario le pide ayuda porque está preocupado con la investigación de sus actividades. En referencia al ex magistrado Baltasar Garzón, señala: "¿Qué me dice este Balta?" "La Fiscalía Anticorrupción está investigando el tema a tope. Lo ha encargado al Sepblac….". 

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) depende del Ministerio de Economía, que, entonces estaba bajo la batuta de Luis de Guindos. 

Villarejo recuerda que ya en julio de 2017 habían hablado de la investigación: “Que es cuando en julio tú me dijiste: "He hablado ya con el jefe de este chico [del fiscal José Grinda], con mi tocayo José Manuel [José Manuel Maza, fiscal general] y él [Maza] tranquilo, y tal, ¿no? Pero por las razones que sean, o no le informan, o no le han dicho y el tema ha seguido. Pero lo que me sorprende es que tanto Balta [Garzón] como este comisario [Eloy Quiros, jefe de la Comisaría General de Policia Judicial hasta agosto 2020] sepan de la historia de la Fiscalía Anticorrupción, que hay una investigación del Sepblac contra mí”. 

Cospedal dice que no se cree que el ministro Guindos conozca la existencia de esa investigación. “No, no me lo creo pero, claro yo voy a hablarlo”, dice la ministra e insiste en otra parte de la grabación en que hablará con Luis de Guindos.

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