El fantasma de la corrupción vuelve a los bastiones del PSC

BarcelonaEl 12 de enero Manuel Bustos entraba en prisión en cumplimiento de una pena de tres años por haber retirado multas a familiares suyos. No era la primera condena del exalcalde socialista de Sabadell a raíz del caso Mercurio. Y podría no ser la última. Pero su ingreso en Lledoners recordaba que no hace tantos años el PSC vivía salpicado por la corrupción. También con casos como el Pretoria, que estalló en otro feudo socialista de ámbito metropolitano como es Santa Coloma de Gramenet. El partido reivindica que ha hecho limpieza de aquella época –gobierna de nuevo en las dos ciudades–, pero últimamente la justicia ha vuelto poner el foco en bastiones del PSC, con investigaciones abiertas en L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat. En paralelo, la Oficina Antifraude ha señalado posibles dietas irregulares del exalcalde de Sant Andreu de la Barca Enric Llorca, que en julio dejó el cargo después de 26 años por "motivos personales".

La dirección de Salvador Illa niega "preocupación" por el recorrido de estos casos y rechazan que se puedan asimilar a las causas de corrupción que sacudieron el partido ahora hace una década. "Estamos hablando de otra liga. Allá había operaciones urbanísticas que movían millones de euros", defiende una voz socialista. En la causa de L'Hospitalet –que mantiene investigada a la alcaldesa, Núria Marín, al teniente de alcalde Cristian Alcázar y al ex concejal Cristóbal Plaza, que dimitió a raíz del caso–, la juez indaga en una presunta trama de desvío de subvenciones al Consell Esportiu de la ciudad. Y de aquí parte precisamente la investigación en Cornellà, una pieza separada por supuesta contratación irregular y que el lunes se saldó con un total de once detenidos; entre ellos, el teniente de alcalde de Economía, Sergio Fernández.

La ejecutiva del PSC, que ha ofrecido "máxima colaboración" a la justicia, ha cerrado filas con las explicaciones que han dado tanto el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, como Marín, que defienden que no hay ninguna ilegalidad en las actuaciones en los respectivos ayuntamientos. Aun así, varios dirigentes admiten que "el ruido no ayuda" a la imagen del partido, en plena construcción de la alternativa a la Generalitat, ni sobre todo de cara a las elecciones municipales del 2023. Si bien sostienen que la trascendencia de las posibles irregularidades no es hoy por hoy lo bastante grande como para perder los gobiernos en los dos grandes municipios afectados –donde el PSC tiene mayoría absoluta– ni tampoco en Sant Andreu de la Barca –Llorca ya no es alcalde–, las mismas fuentes admiten que puede haber un cierto "desgaste" o "castigo" en las urnas. Especialmente, argumentan, por la campaña en contra que pueda orquestar la oposición y en concreto ERC, que intenta ganar terreno en el llamado cinturón rojo. Los republicanos, de hecho, han pedido en dos ocasiones la comparecencia de Marín en el Parlament, un hecho que ha molestado al PSC.

"Queremos que se esclarezcan los hechos y quede clara la inocencia de los implicados porque esto puede tener un cierto efecto en las municipales", reconoce un cargo, que admite que será un "problema" si se tienen que configurar listas con personas investigadas. Marín, que también es la vicepresidenta del PSC y presidenta la Diputación de Barcelona, ya pidió el jueves a la juez el archivamiento de su causa, desmarcándose una vez más de los hechos investigados y asegurando que actuó para esclarecerlos cuando tuvo conocimiento de ellos. Su entorno confía que la "contundencia" de sus argumentos la deje próximamente fuera del caso.

La amenaza del juicio oral

El transcurso de las investigaciones en los próximos meses será clave en este sentido. Si se llegara a abrir juicio oral, por ejemplo, los estatutos del PSC implican la suspensión de militancia de los afectados. "Si es así, tomaremos las decisiones pertinentes", afirma un cargo de la dirección, que no esconde que el escenario sería entonces más complicado. Sea como fuere, en el partido se cogen al peso de la marca socialista en el área metropolitana –y la ausencia de alternativas fuertes en la oposición– para sostener que las investigaciones no serán decisivas para el electorado a la hora de ir a votar. En L'Hospitalet, de hecho, destacan que en el último barómetro municipal, publicado el enero, un 65,3% de los ciudadanos aprueba a Marín –con una nota media de 5,7– y un 73,1% aprobaba la gestión de su gobierno.