Corrupción

El caso Montoro sacude a la actual Agencia Tributaria con dos destituciones

Feijóo rompe el silencio 48 horas después del estallido del caso: "Lo que se tenga que investigar, que se investigue"

MadridEl caso Montoro ya sacude a la actual Agencia Tributaria con la destitución de dos cargos en activo hasta este viernes. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), ha cesado al subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo Galán, así como al hasta ahora director económico financiero de Loterías, Rogelio Menéndez, según confirman fuentes ministeriales al ARA.

Ambos están imputados en el marco del caso Montoro, que investiga una presunta "red de influencias" dirigida por el exministro Cristóbal Montoro. Según el juzgado de Tarragona que lo investiga, el exministro y otros ex altos cargos del ministerio modificaron leyes fiscales para favorecer a empresas de gases industriales y energéticas. Estos cambios legales habrían servido para que las compañías se pudieran ahorrar impuestos, a cambio de realizar pagos a la consultora privada Equipo Económico, fundada por el propio Montoro en 2006, antes de entrar en el gobierno español, ya través de la cual se asesoraban.

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El primer cese que se ha conocido ha sido el de Óscar del Almo. De hecho, Sumar, el socio minoritario en el ejecutivo central, ya había pedido que se le destituyera. En un momento en que el gobierno español, y en particular el PSOE, sigue en el punto de mira por el caso Santos Cerdán, la propia Montero no ha dudado en aclarar que Del Almo "no es un cargo nombrado por el consejo de ministros". "No es un alto cargo del ministerio. [...] Ocupa el escalafón de la escala funcionarial a la que puede optar", reiteró en declaraciones a la prensa desde Santander (Cantabria).

De hecho, ante las acusaciones de quienes señalan el caso Montoro como una estrategia para tapar la investigación del Tribunal Supremo que afecta a lo que hasta hace muy poco era número tres del PSOE, Montero no ha dudado en negar la mayor: "[El caso Montoro] No es un auto que ha iniciado las justas las que han comenzado por el Partido Socialista. Es una interlocución jueces del país [...] que investigan al ritmo que estiman conveniente y publican las resoluciones cuando lo ven conveniente", ha dicho la vicepresidenta primera.

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Del Amo ya ocupaba el cargo de subdirector general de Tributos Locales durante el primer gobierno de Rajoy (2011-2016) cuando Cristóbal Montoro llevaba la batuta de Hacienda. El auto del juez le sitúa detrás de uno de los cambios normativos que benefició a las empresas: la modificación en el impuesto de actividades económicas (IAE), un tributo que gestionan los ayuntamientos y que grava cualquier actividad económica, sea de una persona física o jurídica.

En cuanto a Rogelio Menéndez, fue asesor del gabinete del ministerio de Hacienda entre los años 2013 y 2015. Después pasó a formar parte de la entidad pública Lotería y Apuestas del Estado, que depende del ministerio de Hacienda. A él se le investiga por haber participado en reuniones entre el ministerio de Hacienda y las empresas gasistas beneficiadas. Además, es hermano de otro de los imputados en el caso, Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018; por tanto, también durante el gobierno de Mariano Rajoy.

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Feijóo rompe el silencio

Mientras, 48 horas después del levantamiento del secreto de sumario de la investigación, Alberto Núñez Feijóo rompió el silencio. Sitiado por la ofensiva del PSOE, que le acusaba de no mover ficha después de la imputación del exministro de Hacienda, este viernes el líder del PP ha reaccionado con un mensaje en la red social X: "Lo que se tenga que investigar, que se investigue". Feijóo asegura que este es su "criterio" sobre la corrupción con independencia de quien afecte y, en un dardo a los socialistas por las presuntas tramas que les afectan, añade: "Yo no voy a hablar de persecución de los jueces ni de seudomedios".

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Pero la realidad es que la reacción ha tardado dos días y, hasta ahora, los populares se habían limitado a desvincular el partido de las supuestas maniobras de Montoro y su equipo para impulsar cambios legislativos en beneficio de algunas empresas. Elextitular de Hacienda se dio ayer jueves de baja del partido, que se había limitado a abrir un "procedimiento de información" relacionado con el caso. Los conservadores, de hecho, se han centrado en remarcar que Montoro hace ya "más de siete años" que dejó el cargo en el gobierno español y que "no tiene vinculación laboral con el equipo de Feijóo ni con el PP actual".

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Con las primeras palabras de Feijóo sobre la mesa, los socialistas no han dudado en aprovecharlas para contraatacar, sobre todo después de la lluvia de acusaciones que han recibido de los populares por el caso Cerdán. “Esa es la hipocresía que tenemos en este país. de corrupción sistémica, [en el PP] no conocen a las personas imputadas", se ha quejado Montero sobre las declaraciones de Feijóo. "Hay que exigir explicaciones", ha reiterado.

El PP y su relación con la consultoría

Según revelaba una información deEl Independiente, Feijóo recurrió hace dos años a miembros del equipo del exministro Montoro para que le asesoraran. Entre los nombres más destacados se encuentra el de uno de los imputados por el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, el ex secretario de estado de Hacienda Miguel Ferré, que ejercía un "cargo decisivo" en la trama, según el juez que le ha imputado. Además, en la última renovación de la dirección popular, el líder del partido incorporó a Alberto Nadal como vicesecretario de Economía. Nadal fue secretario de estado de Presupuestos al término de la etapa de Montoro, aunque por ahora no forma parte de los imputados por el juez de Tarragona.

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El pronunciamiento de Feijóo llega el mismo día en que se han sucedido las nuevas informaciones sobre el caso y que apuntan que Montoro habría recibido información confidencial de la Agencia Tributaria sobre políticos, famosos y periodistas. También que los pagos en su despacho Equipo Económico –a través del cual las empresas intentaban, presuntamente, influir en el ministerio de Hacienda– habrían llegado de firmas eléctricas y renovables, además de las gasistas que ya apuntaba el juez.