El fiscal general en manos de los periodistas

BarcelonaLa guerra abierta entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a los tribunales. Por primera vez en la democracia, el Supremo ha imputado al máximo responsable del ministerio público por revelar información sobre el procedimiento por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, en medio de la tormenta de acusaciones cruzadas entre el PP y el PSOE por sus supuestos casos de corrupción. Ahora la sala segunda investiga si García Ortiz y la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, cometieron un delito de revelación de secretos: es decir, si difundieron sin amparo legal unos datos que afectaban a un ciudadano sin responsabilidades políticas (pese a su relación con Ayuso) que pidieron antes al fiscal del caso, Julián Salto. Todos los expertos consultados por el ARA coinciden en que la decisión del fiscal general de hacer públicos estos datos en un comunicado es del todo anómala. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que esta investigación acabe con García Ortiz condenado a entre dos y cuatro años de cárcel?

Uno de los puntos clave que puede hacer descarrilar la causa es el secreto profesional de los periodistas, que no tienen la obligación de revelar quiénes son sus fuentes. Precisamente, el Supremo señala que, un día antes de que la Fiscalía hiciera público su comunicado, la prensa ya se había hecho eco de la correspondencia entre el abogado de González Amador y el fiscal de la causa. En estos mensajes, el abogado admitía que su cliente había cometido los delitos de fraude fiscal del que se le acusaba y pedía llegar a un acuerdo con el ministerio público para obtener una condena menor. García Ortiz ha asumido la responsabilidad del comunicado del día siguiente, pero niega haber pasado antes esta información a la prensa. "Ni yo ni mi entorno hemos filtrado ningún correo", dijo este miércoles en una entrevista en el canal 24 horas, donde sugirió que, además de su equipo, este material también estaba en manos de la otra parte. Desde el departamento penal de Legálitas consideran que los periodistas que firmaron estas informaciones están amparados por la cláusula constitucional del secreto profesional y, por tanto, no estarían obligados a esclarecer quién les facilitó la correspondencia.

Esta es, de hecho, la razón por la que la mayor parte de divulgaciones de informaciones que afectan a procedimientos judiciales secretos no terminan en los tribunales, destaca el abogado penalista Xavier Melero. Fuentes judiciales consultadas por el ARA confirman esta tesis y auguran que la investigación quedará en nada, informa Ot Serra. Para Melero, una buena vía de defensa sería argumentar que no hubo revelación de secretos, porque la información divulgada ya no era secreta. Sin embargo, el experto cree que la causa se podría reconducir a una infracción del deber de confidencialidad, dado que se filtró información sobre un "particular" y que el fiscal general admitió que el comunicado se publicó a su iniciativa para supuestamente salvar el buen nombre de la institución. La tesis de García Ortiz es que, ante noticias que apuntaban a que la Fiscalía General habría intentado frenar un pacto entre el fiscal Salto y la pareja de Ayuso por razones políticas, debía salir a defender el trabajo del ministerio público.

¿Un particular?

Pero ¿es realmente González Amador solo un "particular"? La pareja de Ayuso tiene pendiente un juicio por dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil en 2020 y 2021, donde también están acusadas otras cuatro personas y ocho empresas. La abogada Marisa Herrero-Tejedor, socia del bufete Averum, mantiene que, con la jurisprudencia más reciente, no se le puede considerar un personaje público sólo por ser la pareja de la presidenta madrileña si él no ha asumido voluntariamente ese rol , con entrevistas o apariciones mediáticas, lo que reforzaría los límites de su derecho a la intimidad. Si no se acreditan vínculos de estos negocios con la administración pública o la posible aquiescencia de Ayuso –elementos que ahora no están sobre la mesa–, esta información no sería "de interés general" y, por tanto, su divulgación no estaría justificada.

En este contexto, la jurista de este bufete –especializado en derecho a la intimidad– alerta del peligro que puede suponer para el derecho a la defensa avalar que un fiscal, de forma unilateral, pueda dar públicamente detalles de la estrategia que ha decidido seguir a un acusado, sea quien sea. Desde Legálitas consideran que, de acreditarse un perjuicio, González Amador podría reclamar una indemnización a la Fiscalía General del Estado por haber visto vulnerada su presunción de inocencia; sin embargo, más allá de ello, este episodio no afectaría al procedimiento en curso por los delitos fiscales que se le imputan, según las fuentes consultadas.