La Fiscalía Anticorrupción ya investiga el contrato vinculado al hermano de Ayuso

BarcelonaEn paralelo a las importantes consecuencias políticas, la implosión del PP amenaza de dejar también consecuencias judiciales. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato de la Comunidad de Madrid por la compra de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal jefe del órgano, Alejandro Luzón, ha emitido este martes un decreto en respuesta a las denuncias presentadas el viernes por Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos, después de que la presidenta madrileña reconociera que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.850 euros más IVA –Génova elevaba la cifra hasta los 280.000– por comprar 250.000 mascarillas en la China y suministrarlas a la empresa Priviet Sportive, que a su vez las vendió a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones. A pesar de que los tres partidos de la oposición no plantean "imputaciones concretas" contra "persones físicas o jurídicas", el fiscal considera "procedente" iniciar diligencias para "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados".

Luzón argumenta la decisión por la "relevancia" que tiene "el recto y normal funcionamiento de la administración pública", así como por la "transcendencia social del contexto" de pandemia en que se realizó el contrato, que se tramitó el 1 de abril de 2020 por la vía de emergencia. Sobre el papel que habría tenido la presidenta Ayuso, la Fiscalía señala que los denunciantes plantean varias "hipótesis" sobre su presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación o negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero añade que la información remitida no permite trasladar el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo –donde se lo tendría que investigar por el hecho de ser aforada– porque no muestra "indicios razonablemente verosímiles de la realización de los hechos investigados, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en los mismos" de la presidenta madrileña.

Una medida "imperativa"

Sea como fuere, concluye que para hacer una "indagación inicial" hay que abrir la investigación, "imperativa cuando se recibe la noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque estos no estén perfilados". En su denuncia, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso cobró una "comisión" por hacer de intermediario con el gobierno madrileño; el PSOE cree que con el polémico contrato se podría haber cometido malversación y tráfico de influencias, el mismo delito que señala Más Madrid, que en su escrito también apuntaba a un posible soborno. Después de que la presidenta madrileña entregara el lunes a la Fiscalía documentación sobre el contrato de las mascarillas, fuentes de su entorno citadas por Europa Press aseguraban recoger la decisión de Anticorrupción con "total tranquilidad porque está todo en regla".

Ayuso insiste que lo que cobró su hermano "es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", y la semana pasada, ante las acusaciones de la dirección del PP, reiteró que la relación de Tomás Díaz con Priviet Sportive –en 2020 habría facturado hasta cuatro veces con la empresa, propiedad de un amigo de la familia– era "completamente legal". "Todo está regulado ante Hacienda y declarado", dijo. Lo que plantean las denuncias, sin embargo, no es tanto la legalidad del dinero percibido por su hermano como el hecho de que el gobierno madrileño adjudicara el contrato a dedo a una empresa que contaba con sus servicios. En este sentido, la Moncloa ha expresado este martes su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer la investigación abierta y las posibles "irregularidades o corrupción", en palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.