La Fiscalía Anticorrupción seguirá investigando un fleco del caso de Juan Carlos I
La Fiscalía del Supremo separó una parte de las indagaciones en octubre de 2020
MadridEl próximo archivo de las diligencias de las tres investigaciones sobre las actividades presuntamente delictivas de Juan Carlos I por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo dejará abiertas, según han señalado fuentes judiciales al ARA, las que mantiene la Fiscalía Anticorrupción sobre un posible corrupción en las transacciones económicas internacionales en la adjudicación del AVE del Desierto La Meca-Medina de 2011.
Estas diligencias fueron iniciadas a finales de 2018 por Anticorrupción habida cuenta de que dicha institución es la que, en virtud de un convenio suscrito por los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tiene la potestad de indagar presuntos delitos tipificados en el artículo 286 ter del Código Penal.
Junto a esas diligencias, Anticorrupción también investigó los fondos transferidos, unos 800.000 euros, desde Irlanda, por el financiero mexicano Allen Sanginés-Krause al testaferro de Juan Carlos I, el coronel del aire Nicolás Murga, que sufragó gastos de Juan Carlos I, la reina emérita Sofía, sus hijas y nietos.
En la investigación del AVE del Desierto, el fiscal a cargo, Luis Pastor, interrogó en calidad de testigos a Shahpari Zanganeh -esposa del traficante de armas Adnan Kassoggi, fallecido en 2017-, que fue contratada por el consorcio hispanosaudí de empresas Al Shoula, aspirante a hacerse con el proyecto del AVE, para desbloquear las negociaciones en 2011 por una comisión de gestión de alrededor de 100 millones de euros.
Declaración de Corinna
Pastor también viajó a Londres para tomar declaración, en 2019, a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que ya había sido imputada en 2018 por el fiscal de Ginebra Yves Bertossa.
La Fiscalía Anticorrupción elevó a la Fiscalía del Supremo, que asumió todas las actuaciones el 5 de junio de 2018, sus diligencias.
El 26 de octubre de 2020, el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, a cargo de las investigaciones sobre el emérito, resolvió desgajar de las diligencias del AVE del Desierto (transferencia de 100 millones dólares realizada por el ministerio de Finanzas de Arabia Saudí el 8 de agosto de 2008 a una cuenta en el banco Mirabaud de la cual era titular Juan Carlos I a través de la fundación panameña Lucum) las diligencias sobre cohecho y las devolvió para continuar la investigación en la Fiscalía Anticorrupción. En esencia ocurre que en la adjudicación del AVE a la Meca podrían haber participado personas que no eran el emérito, debiendo continuar las actuaciones respecto de éstos.
En enero de 2021, el fiscal Pastor cursó una comisión rogatoria (auxilio judicial internacional) a Arabia Saudí para recabar datos sobre un posible caso de corrupción o cohecho de funcionarios públicos (artículo 286 ter ya citado) en la adjudicación del proyecto de 6.700 millones de euros. Dicha comisión llegó a manos de las autoridades saudíes en julio, según confirmó el ministerio de Justicia de España.
Pero las autoridades de Arabia Saudí no han contestado al requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes judiciales señalan que es una práctica habitual en dicho país no cooperar judicialmente con los países que lo solicitan.
El fiscal Pastor citó a declarar en calidad de testigos a cuatro embajadores de España ante Arabia Saudí. Entre ellos, Pablo Bravo Lozano, que ocupó esa plaza entre el 11 de diciembre de 2009 y el 25 de mayo de 2012, periodo clave en el desenlace de la adjudicación del AVE La Meca-Medina.
