La Fiscalía Anticorrupción ve indicios para imputar al PSOE en el caso Leire, pero cree que todavía es “prematuro”

La jueza que investigó al hermano de Sánchez confirma al juez que detectó seguimientos, pero admite que no sabe si Leire Díez estaba detrás

08/10/2026 - 12:54 h.

MadridLa Fiscalía Anticorrupción cree que hay motivos para imputar al PSOE en el marco del caso Leire de la Audiencia Nacional, pero considera que todavía es “prematuro” dar este paso. Es la respuesta del ministerio público a la petición que formuló el PP –que encabezaba las acusaciones populares– hace dos días, al día siguiente de la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre. La fiscal argumenta que primero hay que practicar diligencias que hay pendientes como, por ejemplo, la declaración como investigado de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE. Los populares querían que se investigara al partido de Pedro Sánchez por los delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación.

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Este movimiento coincide con la declaración en la Audiencia Nacional de Beatriz Biedma, la jueza que investigó y envió a juicio al hermano de Pedro Sánchez. Lo ha hecho como perjudicada tras denunciar que se vio “afectada” por una supuesta campaña para “desacreditarla pública y profesionalmente”. Está bajo sospecha el presunto papel que tuvo el clan de narcotráfico de Los Rochos en aquellas maniobras. Fuentes jurídicas relatan al ARA que, ante el juez, ella ha reconocido que no conoce a Leire Díez y no sabe si está detrás de estas maniobras. Hay dos principales puntos de interés.

En primer lugar, un abogado le dijo que Luis Sáenz de Tejada –un exjuez que fue expulsado de la carrera tras una condena por violencia machista y que es un presunto colaborador de las bautizadas como cloacas del PSOE, aunque no está investigado formalmente– había contactado con Cinthia Rocho, que es la líder del clan de Los Rochos. Hace 24 horas, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contenía la declaración como testigo, precisamente, de Cinthia Rocho. Narraba una llamada telefónica con Luis Sáenz de Tejada en la que él le había dicho que Beatriz Biedma era un “puto grano en el culo” y que “había que eliminarla”. “A palos aprende el burro”, habría añadido. Y ella entendió que “querían causarle daño físico”.

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En segundo lugar, Beatriz Biedma ha explicado que otro abogado le dijo que había visto vídeos de ella y de sus hijas. A la vez, desde la escuela de sus hijas le preguntaron por su “secretario” y su “hermano”, aunque ella no tiene ni secretario ni hermano. Tiene una hermana, que es quien la ha acompañado a Madrid. Ella no tiene protección y se alarmó, pero no sabía quién estaba detrás y no ha podido aportar pruebas. Eso sí, ha dicho que no se sintió “amenazada” y que no cambió ninguna resolución.

En el escrito para personarse, la jueza esgrimía que había sido víctima de una “última y desesperada estrategia” para apartarla de la investigación de David Sánchez con “actos muy graves que pudieron poner en peligro su propia integridad física”. Ella apuntó a los delitos de obstrucción a la justicia, contra la integridad moral, de amenazas y coacciones, de descubrimiento y revelación de secretos, de acusación o denuncia falsa y de organización criminal. Ahora bien, la Fiscalía lo circunscribió únicamente al delito de calumnias porque consideró que estaba “directa y personalmente afectada” por los hechos investigados en “íntima relación” con la causa sobre el hermano de Pedro Sánchez.

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El hermano de Sánchez recurre su condena

En paralelo, el hermano de Pedro Sánchez ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la sentencia que le condenó a nueve años de inhabilitación. David Sánchez justifica que se le investigó por su “libro de familia” y por la “condición de político de su hermano”. El escrito, al que ha tenido acceso el ARA, lamenta que con “el cebo de un absentismo laboral inexistente” por su parte, “se abrió la veda” a una “investigación prospectiva”. Cree que las acusaciones populares, entre las cuales estaban el PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír e Iustitia Europa, tenían “fines etéreos que envuelven artificiosamente otros intereses”.