La fiscal general Delgado decretará el archivo de las diligencias contra Juan Carlos I después del 19 de octubre
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmará un decreto de archivo de las diligencias de investigación sobre tres actividades presuntamente delictivas del anterior rey de España y jefe del Estado y actual rey emérito Juan Carlos I, “autodesterrado” en Emiratos Árabes Unidos desde el 4 de agosto de 2020. La noticia, adelantada por el diario digital El Confidencial esta mañana, culminará una inclinación que ya se advertía hace largos meses. La propuesta ha sido preparada por el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, responsable de las investigaciones con el cual ha colaborado el pionero de las mismas, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La fiscal general del Estado, Delgado, firmará el decreto una vez que “sobreviva” a la impugnación de su nombramiento por parte de Vox, hecho que tendrá lugar el 19 de octubre próximo en la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sala Tercera, del Tribunal Supremo. La magistrada Pilar Teso, ponente en el recurso de Vox, propone desestimar la impugnación, y la posición mayoritaria de la sección es favorable a la propuesta, que incluirá un tirón de orejas al gobierno de Pedro Sánchez por el nombramiento de la ministra de Justicia como fiscal general del Estado.
Las diligencias fueron iniciadas en la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2018 por un presunto delito de cohecho en las transacciones comerciales internacionales en relación con supuestas comisiones pagadas en la adjudicación del tren del AVE del Desierto La Meca-Medina, en Arabia Saudí, un proyecto de 6.700 millones de euros, en 2011. Sobre estas comisiones y grabación filtrada a dos medios digitales españoles en la cual la examante de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Confiaba al comisario José Manuel Villarejo detalles muy precisos. Esa grabación llevó al fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, a abrir una investigación en Suiza por un presunto de delito de blanqueo agravado de capitales del artículo 305 bis del Código Penal helvético. Las diligencias siguen abiertas. A los cuatro imputados (Arturo Giancarlo Fasana, Dante Canonica, el banco Mirabaud y Corinna zu Sayn-Wittgenstein) se ha unido la del banquero suizo Yves Mirabaud.
La siguiente investigación en la Fiscalía Anticorrupción estuvo relacionada con transferencias de unos 800.000 euros por parte del financiero y millonario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, testaferro de Juan Carlos I, quien se encargaba de usar el dinero para pagar diversos gastos de Juan Carlos I, la reina emérita Sofía y de sus nietos. Las diligencias confirmaron pagos de viajes a la agencia de El Corte Inglés. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (Sepblac) a la Fiscalía Anticorrupción permitió citar a imputados y testigos para avanzar en la instrucción de las diligencias.
Estas dos investigaciones fueron asumidas por la Fiscalía del Tribunal en la primera semana de junio de 2020, dada la condición de aforado de Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Supremo, a partir de mediados de junio de 2014, al perder su inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución en el momento de abdicar al trono en favor de su hijo Felipe VI.
Tercera investigación
Mientras se desarrollaban las anteriores diligencias, un nuevo informe de la Unidad de Inteligencia Financiera ya citada, esta vez a la Fiscalía del Supremo, añadió una tercera investigación de las relaciones de Juan Carlos I con un trust de la isla de Jersey, un fleco de unos 1.900 millones de euros cuyo origen procedía de dos transferencias realizadas en los años noventa del siglo pasado pasado por Kuwait Investment Office (KIO), representada entonces por el financiero Javier de la Rosa, a nombre de un presunto testaferro del entonces rey de España, Manuel Prado y Colón de Carvajal.
En ese trust, según la información aportada a la Fiscalía del Supremo, figuraba Joaquín Romero-Maura, un historiador especializado en la restauración española, que asimismo había sido ejecutivo del banco de negocios Merril Lynch en España y Francia. Romero-Maura vive, pero a sus más de ochenta años padece la enfermedad de Alzheimer y permanece ingresado en una clínica geriátrica de la provincia de Zaragoza.
La investigación más relevante de las tres, sin duda, es la referida al tren del AVE del Desierto. El fiscal Bertossa obtuvo en una entrada y registro de la oficina del gestor de Juan Carlos I en Ginebra documentación sobre dos fundaciones –Lucum y Zagatka– en las que circulaban importantes sumas de dinero. En Lucum, por ejemplo, una transferencia de 100 millones de dólares –64,8 millones de euros– del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí del 8 de agosto de 2008; en Zagatka, viajes de Juan Carlos I, primero como rey en ejercicio y después como emérito, por casi 9 millones de euros.
Regularizaciones con Hacienda
Los asesores de Juan Carlos I en España fueron notificados por la Fiscalía del Supremo de las tres investigaciones. El teniente fiscal Campos ofreció también al abogado Javier Sánchez-Junco, que representa al rey emérito, personarse en las diligencias. Pero tácticamente declinaron esa personación. En diciembre de 2020 y enero de 2021, los asesores del emérito decidieron presentaron a la Agencia Tributaria –que nunca abrió una inspección fiscal a Juan Carlos I pese a las informaciones que circularon entre 2018 y 2021– dos regularizaciones fiscales por algo más de 5 millones de euros.
La investigación sobre las presuntas comisiones del AVE del Desierto –los 100 millones de dólares del 8 de agosto de 2008– se archivará por invocación de la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos I hasta mediados de 2014. Las Fiscalía Anticorrupción llegó a enviar una petición de auxilio judicial internacional a Arabia Saudí (comisión rogatoria) en 2021 que llegó a la capital saudí en julio pasado. Sin respuesta. Uno de los cuatro embajadores de España en Arabia Saudí interrogados como testigos por la Fiscalía Anticorrupción señaló que “los dos países más oscuros del mundo son Corea del Norte y Arabia Saudí”.
Las otras investigaciones también se archivan. La referida a los fondos transferidos por el millonario mexicano Sanginés-Krause al testaferro Nicolás Murga porque se considera válida la regularización fiscal de 600.000 euros presentada en diciembre de 2020. Una segunda regularización (4,4 millones de euros) no era objeto de una investigación concreta como tal pero los asesores de Juan Carlos I le aconsejaron presentarla. Es la que alude a 5 millones de euros en gastos sufragados por la fundación Zagatka de Liechtenstein para los vuelos en aviones privados de Juan Carlos I, a partir de 2014, cuando pasó a ser rey emérito.
Si en la fundación Lucum Juan Carlos I era el primer beneficiario hasta transferir los 100 millones de dólares a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en junio de 2012, el segundo era el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón; en Zagatka, el primer beneficiario es Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I, el segundo es Andrés de Orleans, el tercero Juan Carlos I, el cuarto Felipe de Borbón y cuartas y quintas las infantas Elena y Cristina.
La Agencia Tributaria, según se ha sabido, considera las regularizaciones como válidas a pesar de que las investigaciones han sido debidamente notificadas por la la Fiscalía del Supremo a Juan Carlos I, lo que ha anulado, formalmente, el elemento de espontaneidad que se requiere para dar por buenas las declaraciones complementarias y regularizaciones.
