La Fiscalía quiere volver a procesar a tres altos cargos del Govern Puigdemont por la organización del 1-O
El ministerio público también pide que se abran nuevas diligencias de investigación y ampliar las causas contra una docena de acusados
El regreso de la ex consellera Meritxell Serret al Estado ha marcado el inicio del día, pero no ha sido la única novedad alrededor de las causas judiciales todavía abiertas contra la organización del 1-O. La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el procesamiento por parte del juzgado 13 de varios altos cargos del Govern y ha solicitado que se procese a tres personas más, ya investigadas, y se amplíen los delitos contra una docena de la treintena de encausados. Además, según han avanzado El Periódico y El Mundo y como han confirmado fuentes jurídicas a la ACN, las fiscales del caso piden que se hagan nuevas diligencias de investigación, como la aportación de actas levantadas por los Mossos d'Esquadra en varios colegios electorales el día de la votación y la transcripción de conversaciones telefónicas interceptadas y de la declaración de testigos y procesados en el juzgado instructor, entre otros.
En concreto, la Fiscalía quiere que se vuelva a procesar por desobediencia a la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barberà, por no haber abierto ninguna investigación cuando supo que el Govern podía estar utilizando indebidamente datos censals para organizar el referéndum, y más teniendo en cuenta que había sido advertida por el Tribunal Constitucional. También pide el procesamiento por prevaricación, malversación y desobediencia de Ignasi Genovès, director general de Medios de Comunicación, por haber tramitado el contrato del anuncio para promover el registro de catalanes en el extranjero y la inserción de esta publicidad en medios de comunicación. Para acabar, también quiere procesar a Teresa Prohias, directora de Servicios de la conselleria de Políticas Digitales y Administración Pública, por su participación en el diseño de esta campaña publicitaria. Los tres habían quedado fuera de la causa una vez finalizada la instrucción del caso.
Las fiscales Teresa Duerto e Isabel Nevot también quieren que se incluya el delito de desobediencia para otros altos cargos procesados, como el exdelegado del Govern en la Unión Europea Amadeu Altafaj y los directores de las empresas T-Systems y Unipost, que habrían colaborado en la organización del referéndum. A Francesc Sutrias, que era director de Patrimonio de la Generalitat; Albert Royo, exresponsable del Diplocat, y Antoni Molons, ex secretario de Difusión y Atención Ciudadana, les atribuyen también un delito de prevaricación, además de los de desobediencia, malversación y falsedad documental. Al ex secretario general de Trabajo Josep Retama y a un responsable tecnológico de esta conselleria les pide ser procesados por descubrimiento y revelación de secretos, por la campaña de captación de voluntarios.
La macrocausa del 13
El juzgado de instrucción número 13 ya hace más de tres años que investiga esta macrocausa contra la organización del 1-O. El caso se abrió a raíz de las declaraciones del juez Santiago Vidal, que en unas conferencias aseguró entre otras cosas que el Govern había tenido acceso a los datos fiscales de los catalanes y los utilizaría para el 1-O. La primera denuncia contra el ex senador de ERC la presentó un abogado el 27 de enero del 2017 y su admisión a trámite desembocó en la creación de la macrocausa que ha acabado acumulando hasta 45 investigados. Aún así, la juez consideró que no había indicios de criminalidad en la actuación de Vidal, ni tampoco del jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, otro de los primeros investigados. 13 excargos del ejecutivo y empresarios más también quedaron exonerados. Inicialmente, el principal delito era el de revelación de secretos, pero finalmente el procesamiento se centra sobre todo en los delitos de malversación y de desobediencia y afecta a una treintena de encausados.