Dos meses de bloqueo desde el 14-F

Hace siete días que las delegaciones de Esquerra y de Junts no se sientan formalmente en una mesa –presencial o telemática– para negociar. Y ya hace dos meses de las elecciones del 14 de febrero que resultaron en una mayoría independentista que superó el 50% con ERC como primera fuerza. La negociación entre los dos socios del Govern avanza lentamente y el acuerdo completo todavía está lejos: los negociadores hablan de un plazo ahora de finales de abril o principios de mayo, pero lo cierto es que todavía no se han repartido las carteras del eventual ejecutivo más allá de asumir un reparto de coalición 50-50. Tal como avanzó este martes el ARA, lo que hay sobre la mesa es una propuesta global de Esquerra –fruto de conversaciones previas con los de Carles Puigdemont– en la que se expone la estrategia a seguir en el ámbito del Procés –centrada en la mesa de diálogo, al menos, hasta la primera mitad de la legislatura–; los principios a seguir en el Parlament (con una reforma del reglamento sin concretar todavía); el programa de gobierno, y mecanismos de coordinación de la coalición y seguimiento del acuerdo para evitar las crisis de esta legislatura. El documento está siendo estudiado por el equipo negociador de Junts, que tiene que devolverlo, previsiblemente, esta semana.

En todo caso, una vez se cierre este acuerdo global, todavía quedará una asignatura pendiente: abordar la distribución de las consejerías y qué áreas y competencias se queda cada formación. Una nueva fase en la que ya se divisa que el poder sobre el ámbito de las políticas sociales y la gestión de los fondos europeos serán el núcleo de las controversias.

Este miércoles tanto los republicanos como los de Carles Puigdemont han mantenido reuniones internas, pero no se han encontrado para trabajar conjuntamente el documento, que los negociadores de Esquerra enviaron el sábado a sus homólogos de Junts. "Nos tienen que dar respuesta", dicen fuentes republicanas, mientras que desde JxCat aseguran que lo están estudiando. En este contexto, el vicepresidente y aspirante a presidente, Pere Aragonès, ha reafirmado en una entrevista a Catalunya Ràdio que los republicanos han hecho una propuesta "completa" y ha confirmado que se había implicado en las negociaciones a través de conversaciones con el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, que está en la prisión de Lledoners; el expresidente Carles Puigdemont, con quien tuvo una conversación "cordial" y "aclaratoria" –ha asegurado–, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Para Aragonès sería una "irresponsabilidad" agotar el plazo hasta el 26 de mayo –cuando se convocarían de forma automática las elecciones– y cree que el acuerdo puede llegar "pronto". En todo caso, también ha advertido que está dispuesto a gobernar en solitario si finalmente no hay un pacto de coalición con Junts per Catalunya: "Estamos preparados para asumir responsabilidades en cualquier escenario pero otra cosa es lo que quieres".

¿En qué punto está ahora la negociación? No hay nada cerrado y las conversaciones entre los negociadores destilan recelos que se arrastran todavía de la legislatura del referéndum del 2017. Aun así, en las diferentes carpetas hay unas bases dibujadas después de semanas de conversaciones. En el campo del Procés, la estrategia que se perfila pasa por escenificar el inicio de un proceso de negociación con el Estado –con una declaración en el Parlament y en el govern– y una evaluación de las conversaciones en la cámara catalana a través de una comisión de estudio donde se cuente con diferentes comparecencias de expertos en la materia. La mesa de diálogo, que abandera Esquerra, tendría un papel central al menos hasta la mitad de la legislatura. Al mismo tiempo, como ha reclamado Junts, se negocia la creación de un estado mayor del Procés en el marco del Consell per la República –todavía no está cerrada su formación– que construya una alternativa si fracasa el diálogo. Un "embate democrático", según el acuerdo de ERC y la CUP, que tiene que pasar "preferentemente" por un nuevo referéndum.

En el ámbito de las políticas públicas, la propuesta de Esquerra remitida a Junts incluye medidas que ya ha verbalizado Pere Aragonès y otros que también incorporaban a los de Puigdemont en su programa electoral. Tienen que ver con el refuerzo del sistema sanitario –tanto en financiación como en refuerzo de la atención primaria–, la reconstrucción económica o la crisis sanitaria, además de definir las áreas temáticas del Govern. Para evitar las crisis del gobierno de coalición de la anterior legislatura, Esquerra y Junts negocian también mecanismos de seguimiento del pacto y de resolución de crisis: una comisión en el ámbito parlamentario que se reúna cada semana; otra en la que haya representantes de los partidos, los grupos y el gobierno que se encuentre cada quince días, y una comisión en el máximo nivel que solo se reúna de forma excepcional: el llamado botón rojo. A la vez, copiando el Acuerdo del Botánico, en la propuesta de los republicanos se incluyen encuentros cada seis meses de todo el Govern para valorar el grado de cumplimiento del acuerdo de coalición.

Intercambio de documentos sin encuentros

El transcurso de esta negociación es particular. Desde el segundo debate fallido de investidura solo se han reunido dos veces: un justo antes de Semana Santa para emplazarse a una pausa y otra el pasado miércoles en el Parlament. Mientras tanto, aseguran desde los dos partidos, se han ido intercambiando documentos y los contactos son "permanentes" entre los diferentes participantes de la negociación para intentar desencallar cuestiones. Coinciden, eso sí, en constatar que no quieren reunirse si no es para avanzar.

Ahora bien, no hay una misma respuesta ante la pregunta de por qué se han desarrollado así las conversaciones posteriores a las elecciones del 14 de febrero. Los socios de gobierno, de hecho, se acusan mutuamente de llevar la negociación a esta situación.

Los republicanos aseguran desde el primer día que quieren un acuerdo "rápido" y consideran que los de Puigdemont arrastran los pies a la hora de negociar porque quieren ganar tiempo. Aseguran que están "divididos" internamente a la hora de encarar las conversaciones y que por eso se alarga. La versión de Junts, sin embargo, es a la inversa: afirman que si Aragonés todavía no ha sido investido es porque ERC decidió llegar antes a un pacto con la CUP y "perdió el tiempo" al inicio intentando incorporar a los comunes al ejecutivo. También afirman que hay voces internas dentro del partido republicano que cuestionan la estrategia negociadora que la formación ha seguido hasta ahora priorizando el socio del ejecutivo.

No es lo único que no cuadra: tampoco encajan las versiones cuando se pregunta el motivo por el cual no se han encontrado los equipos de los dos partidos en la última semana: ERC dice que Junts no quiere, mientras que los de Puigdemont afirman que son los republicanos los que no los convocan. Un tira y afloja constante que los dos socios del Govern esperan resolver antes de que empiece el siguiente mandato para no abusar del botón rojo.