García Ortiz aparta a los fiscales del Proceso con el aval por la mínima de la Junta de Fiscales
Sitúa su número dos para defender la aplicación de la amnistía a los líderes del 1-O ante el Supremo, que tomará la decisión final
MadridLa amnistía ha dividido en dos a la cúpula de la Fiscalía y ha obligado a su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, a arremangarse. La oposición de los cuatro fiscales del Proceso a defender la aplicación de la medida de gracia ha implicado la celebración de una Junta de Fiscales de Sala este martes, con la presencia de 36 de los 38 miembros, en la que el fiscal general de 'Estado ha impuesto su criterio, que ha obtenido 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención, según fuentes consultadas por el ARA. Un resultado que se puede interpretar como una victoria teniendo en cuenta la situación de García Ortiz: la oposición pide su dimisión y está cuestionado en el cuerpo de la Fiscalía porque se le considera demasiado afín al gobierno español.
Así, el ministerio público defenderá ante el Tribunal Supremo la amnistía por el delito de malversación a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros, así como el levantamiento de las órdenes de detención contra los exiliados. Tras más de cinco horas de reunión, García Ortiz ha designado a los nuevos encargados de firmar los escritos: serán su número 2, María Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de la sala penal del Supremo Joaquín Sánchez-Covisa, que relevarán así los díscolos Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Ahora bien, la decisión final sobre la aplicación de la amnistía será de los jueces del Tribunal Supremo, que no resolverán hasta la próxima semana.
El mismo día que el Congreso dio la luz verde definitiva a la amnistía, los cuatro fiscales del Supremo ya se reunieron con García Ortiz y le presentaron un largo escrito argumentando sus discrepancias con la aplicación de la ley. Entre otras cuestiones, proponían elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para lo que carecen de competencia –la tiene el fiscal general del Estado–, y criticaban políticamente la norma. Una vez el juez instructor Pablo Llarena y la sala segunda del Supremo ordenó a las partes posicionarse sobre la amnistía, el martes, Zaragoza y Moreno volvieron a reunirse con García Ortiz, quien les pidió un escrito ajustara a la solicitud judicial y que no fuera "genérico". Ya ese día fuentes fiscales aseguraban que se les había ordenado cambiar el criterio, aunque desde el entorno del fiscal general lo negaban. Al día siguiente le hicieron saber que se apartarían si recibían una orden contraria y el viernes se produjo el choque definitivo: García Ortiz convocó la Junta de Fiscales de Sala para este martes después de que él formalizara la instrucción para defender la amnistía y los críticos se plantaran.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha subrayado que la Junta de Fiscales de Sala celebrada se enmarca en "la absoluta normalidad" y ha enaltecido el "magnífico trabajo" del fiscal general del Estado. "Confianza plena y absoluta en su trabajo y su profesionalidad", ha afirmado, así como "respeto" por las decisiones que se tomen. Mientras, desde el PP reclaman su dimisión por haberse opuesto al criterio autónomo de los fiscales del Supremo. Y, desde Junts, han reaccionado con un "buen viento y barca nueva" contra Zaragoza, Cadena, Madrigal y Moreno, los cuatro representantes del ministerio público en el juicio del 1-O.
El precedente de Tsunami Democrático
García Ortiz ya tuvo que imponerse hace unas semanas, cuando en la Junta de Fiscales del Supremo 12 de los 15 miembros van defender que el alto tribunal investigara a Tsunami Democrático por terrorismo. El fiscal general designó a Sánchez Conde para llevar las riendas de la acusación y se opuso a la imputación de Puigdemont y Ruben Wagensberg, aunque luego la sala segunda del Supremo le hizo caso omiso y abrió una investigación que ahora pilota la magistrada Susana Polo. Así, es la segunda vez en pocas semanas que el fiscal general del Estado se ve obligado a hacer valer la jerarquía para marcar un criterio en una causa vinculada al Proceso, aunque esta vez –a diferencia de Tsunami– ha ganado su opinión en la cúpula.
Ahora bien, hay una tercera en la que también ha tenido que cambiar los fiscales: en la investigación sobre la filtración de las negociaciones con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lleva la acusación el fiscal jefe de 'Extremadura, ya que la titular original era partidaria de abrir causa, en contra del criterio del fiscal general. Precisamente en esta causa García Ortiz asumió su responsabilidad de haber publicado esa nota de prensa y corre el riesgo de acabar imputado ante el Supremo. Dos ex fiscales generales del Estado consultados por el ARA no recuerdan precedentes anteriores al Supremo, aunque los ha habido en otras instancias.