Amnistía en Puigdemont: el choque definitivo entre los poderes del Estado

MadridSe había previsto desde hace meses, tuvo prólogos y finalmente llegó el choque definitivo. La entrada en vigor de la ley de amnistía es el clímax de una lucha entre poderes del Estado, entre gobiernos, partidos, jueces y fiscales, que vuelve a poner el foco de la política española en el 1-O . El intento de cerrar la espiral de represión que suscitó el Proceso, hace ya casi siete años, abre un nuevo ciclo de máxima tensión. Que fiscales del Tribunal Supremo se nieguen a acatar una orden del máximo responsable del ministerio público y opten por inhibirse, tal y como ocurrirá con los cuatro que pilotan la acusación del 1-O, es una excepción. Como también que el presidente español afirme que "clarísimamente" ha habido episodios de lawfare en España o que el fiscal general del Estado corra el riesgo de ser imputado por la propia sala segunda del Supremo que maniobra por no aplicar la amnistía.

Desde el alto tribunal explicaban a los medios hace tres meses que levantarían la orden de detención contra Carles Puigdemont cuando se aprobara la ley. ¿Era una trampa? El primer paso del juez instructor, Pablo Llarena, parece ir en sentido opuesto. La providencia dictada el martes en la que pide poner énfasis en las exclusiones que la norma prevé para amnistiar el delito de malversación puede ser indicativa de que el magistrado busca no aplicar la ley. Los manuales de instrucciones que habían circulado sobre cómo esquivarla y los augurios en pasillos judiciales daban por hecha la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para paralizar los efectos de la amnistía, pero no está tan claro que éste deba ser el camino. Fuentes del Supremo consultadas por el ARA no quieren avanzar si la estrategia es acudir a Luxemburgo, y algunas voces sospechan que la apuesta podría ser no preguntar a nadie.

"Con esta vía, el recorrido sería más corto", analizan fuentes jurídicas. Es decir, en cuestión de días o semanas los afectados podrían presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la negativa del Supremo de amnistiarles. No es habitual que en el órgano de garantías se alegue una vulneración de derechos fundamentales a consecuencia de la inaplicación de una ley por parte de un tribunal, de modo que se abriría un debate jurídico sobre el margen de maniobra del TC. Una fuente del tribunal opina que no podría obligar al Supremo a aplicar la amnistía, sino simplemente considerar que ha habido una "motivación irrazonable de su argumentación y que debe volver a analizarlo".

El bloqueo al CGPJ

Nada de esta guerra se entendería sin el pacto frustrado con el PP a finales del 2018 para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pocos meses antes del juicio del 1-O, se filtraba ese mensaje del exportavoz conservador en el Senado en el que se alababa de poder controlar la sala segunda del Supremo "por la puerta trasera". ¿Qué prueba más transparente que ésta puede haber sobre la politización de la justicia? El whatsapp de Ignacio Cosidó fue una especie de carta blanca para Pedro Sánchez para, posteriormente, nombrar fiscal general del Estado a la ministra de Justicia –Dolores Delgado, enero de 2020– o magistrado del Tribunal Constitucional a otro ministro de Justicia –Juan Carlos Campo, noviembre del 2022.

Sánchez esgrimía este miércoles ese mensaje para justificar una eventual reforma en el sistema de elección de los magistrados del Supremo. Según el jefe del ejecutivo español, "el incentivo perverso" del PP para seguir teniendo el control del CGPJ es su facultad para nombrar a los jueces del alto tribunal. El anuncio del líder del PSOE ponía en alerta al mundo judicial, que, ante la inconcreción de la medida, sospechaba que la potestad pasara a manos del ministerio de Justicia, como sucedía antes. Sánchez ya se encargó el jueves de aclarar que no será así, sino que se trata de pensar un modelo más "objetivo, transparente y no politizado". El presidente español aseguraba haberse "inspirado" en la propuesta del actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, vocal impulsado en su día por el PP y ahora criticado por el bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces: plantea que una comisión formada por magistrados del Supremo, miembros del CGPJ y expertos elijan a los nuevos miembros del Supremo poniendo el acento en méritos y capacidades.

Este movimiento de Sánchez busca convencer al PP para renovar el CGPJ. ¿Por qué no se decanta por rebajar las mayorías en Les Corts y así poder escoger a los vocales con los socios de investidura? Más allá de que Bruselas frunce la nariz con esta idea, lo que un día se pone de cara al día siguiente puede girarse en contra: una eventual mayoría absoluta de PP y Vox en un futuro podría ser letal. Sin embargo, no es descartable si Alberto Núñez Feijóo sigue decidido a bloquear la renovación.

El factor Ayuso

El último intento de desbloqueo, en octubre de 2022, se truncó por la derogación de la sedición y una presión furibunda del poder mediático conservador. ¿Sería asumible intentarlo ahora en plena aplicación de la amnistía? La reciente experiencia ha demostrado la fuerza que Isabel Díaz Ayuso tiene en los medios de la derecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid salió victoriosa del duelo con Pablo Casado cuando el ex líder del PP puso la lupa en las comisiones del hermano de la presidenta madrileña durante la pandemia, y presentarse ahora como el "azote contra la corrupción ", pese a tener a su pareja encausada por delitos fiscales reconocidos, tiene buena acogida en según qué cabeceras.

Sánchez situaba el miércoles la "sede social de la máquina del barro" en la Comunidad de Madrid y recordaba cómo el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, va avanzando en X qué pasos judiciales se irán produciendo con relación a su mujer , Begoña Gómez, a su hermano y también en el fiscal general del Estado. Una de las medidas del paquete de "regeneración democrática" prometido para julio será una ley sobre la financiación y la transparencia de los medios, aprovechando que es necesario transponer una directiva europea. Una norma orientada a revisar según qué subvenciones públicas a medios con especial atención a Madrid. Mientras Feijóo trata de acercarse a Junts, Sánchez da cuerda a quien considera la verdadera cabeza de la oposición.