El gobierno español aprueba el plan anticorrupción prometido por el caso Cerdán
La reforma endurece el control sobre las donaciones a los partidos y el veto a las empresas corruptas en la contratación pública
MadridEl gobierno español da un paso más en la promesa hecha a raíz del estallido del caso Santos Cerdán para cortar de pura cepa la corrupción en las instituciones y las empresas. El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde en primera vuelta (por tanto, apenas comienza el trámite) al anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que, entre otras cosas, endurece el control sobre las donaciones a los partidos políticos, pero también la pena de inhabilitación y prohibición a participar en la contratación pública en las empresas que se han visto. Además de partidos y empresas, el foco también se pone en la administración pública.
La medida responde aparte del acuerdo entre los dos socios del gobierno español de coalición, el PSOE y Sumar, después de que el nombre del ex número tres del PSOE saliera salpicado por un presunto caso de corrupción. De hecho, en paralelo a esta norma el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la ley de los grupos de interés o lobis (se está tramitando en el Congreso); la ley de administración abierta (pendiente de volver al consejo de ministros) y la ley de enjuiciamiento criminal (también en trámite parlamentario). Todas, junto con la reforma de este martes, completan el Plan Anticorrupción anunciado por Sánchez el pasado verano, explican fuentes gubernamentales. El objetivo, no poco ambicioso, de fondo es evitar que se haga un mal uso del dinero público, así como conseguir que se devuelva al erario público cada centavo robado.
La reforma incluye 84 medidas que buscan dar respuesta a "todo el ciclo de la corrupción", tal y como ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa este martes.
Nueva Agencia de Integridad Pública
De entrada, se crea una Agencia de Integridad Pública "independiente" que asumirá las funciones de "prevención, supervisión y persecución" de cualquier práctica corrupta. Esta nueva agencia aglutinará el papel de la actual Oficina de Conflictos de Intereses, de la Autoridad de Protección del Informante y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Éste nos tendrá un presidente que será nombrado mediante un proceso público y con el aval del Congreso. Además, será la máxima autoridad en España de la "protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude".
Nuevas tecnologías
En la función de prevención de la corrupción jugarán un papel clave las nuevas tecnologías. La ley prevé que se mejore el uso compartido de información a través de la conexión de bases de datos; que se digitalicen los expedientes de gasto de la Intervención General del Estado; que se adapten tecnologías para detectar de forma "automática" posibles conflictos de intereses, y que se utilice la inteligencia artificial para modernizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.
Control en los partidos
En cuanto a los partidos, se refuerza el control y transparencia de las donaciones que reciben, también sus fundaciones. Así, se reducirá el sombrillo de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 a 2.500 euros y tendrán que informar sobre estas donaciones de forma individual y en un plazo máximo de un mes. Asimismo, la ley les obligará a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas.
Pedagogía a la administración pública
De cara a la administración, la ley prevé formaciones obligatorias a los altos cargos y trabajadores públicos, campañas institucionales de sensibilización, mapas de riesgos obligatorios (las administraciones públicas tendrán que identificar periódicamente dónde se puede producir el fraude y qué medidas adoptan para evitarlo) y unidades de auditoría internas independientes.
Lista negra de empresas
Se creará una lista "negra" pública y accesible de empresas corruptoras: a las compañías que hayan sido "condenadas por corrupción, fraude, cohecho o blanqueo" se les prohibirá que puedan seguir manteniendo contratos con la administración (se incrementa de 15 a 20 años las penas máximas de inhabilitación por contratar o recibir). En cualquier caso, éste es uno de los grandes retos de la norma –una medida similar se recoge en la actual ley de contratación pública que los expertos han cuestionado por sus agujeros. Además, se refuerza la transparencia societaria para que la titularidad de una empresa (y sus filiales) pueda trazarse fácilmente. En este sentido, quiere dificultarse el uso de estructuras societarias a través de las cuales se canalizan prácticas corruptas.
Finalmente, otro cambio en el ámbito penal es que se amplía el período de prescripción de los delitos de corrupción, que pasará de cinco a siete años. "El objetivo es evitar que la prescripción genere impunidad para los corruptos", indican desde el gobierno español.
El caso Cerdán, vinculado también al exministro socialista José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García, fue gasolina para la derecha y la extrema derecha para desgastar a Pedro Sánchez. Asimismo, supuso una brecha importante en la relación entre el PSOE y Sumar, pero también con el resto de los partidos del bloque de investidura. Ahora el gobierno español los necesitará si quiere que la norma prospere.
El ejecutivo central prevé poder volver a llevar la reforma en un consejo de ministros antes del verano. Después daría el salto al Congreso. Durante este período de tiempo puede recibir modificaciones, explican fuentes gubernamentales, que recuerdan que ya en el proceso de audiencia pública que ahora se abre se pueden pronunciar actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).