El gobierno español se blinda con argumentos jurídicos para llevar el catalán a la Eurocámara
Pide un informe legal después del toque de atención de Puigdemont
BarcelonaEl gobierno español se arma de argumentos jurídicos para conseguir que se pueda hablar catalán en el Parlamento Europeo. La Abogacía del Estado, como consecuencia de una petición este mismo lunes, emitió un informe en el que defiende legalmente la posibilidad de aprobar una iniciativa en la Eurocámara para poder hablar catalán, gallego y euskera sin contravenir el derecho europeo. "Es posible celebrar un acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Parlamento Europeo que permita su uso en la institución mencionada de las lenguas oficiales distintas del español/castellano", concluye el documento de seis páginas al que ha tenido acceso el ARA.
El informe no añade nuevos argumentos jurídicos que no haya mencionado antes el gobierno español para defender esta propuesta, pero es el documento legal más detallado que ha salido a la luz hasta ahora en defensa del catalán en la Eurocámara por parte del gobierno español. Justo en fecha de este lunes a las 18:06 h. Es decir, después de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pidiera al presidente español, Pedro Sánchez, un "punto de inflexión" o "dejar correr" la legislatura porque, entre otros, todavía no se ha hecho realidad que el catalán sea oficial en el global de la Unión Europea. A diferencia de la vía para alcanzar el catalán en el Parlamento Europeo que ahora impulsa el gobierno español, la oficialidad del catalán en todas las instituciones europeas está atascada porque no tiene la unanimidad de todos los estados, según fuentes diplomáticas consultadas por el ARA .
De hecho, el documento al que ha tenido acceso este diario demuestra que el gobierno español –y la mayoría de fuerzas favorables al catalán en Europa– centran ahora los esfuerzos en que el catalán pueda utilizarse oralmente en el Parlamento Europeo y no en alcanzar que sea oficial en todas las instituciones de la Unión Europea. Por ese motivo, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido un informe jurídico sobre las normativas lingüísticas sólo de la Eurocámara. Cabe recordar que hace un año el gobierno español pidió también un informe a la Abogacía del Estado similar al de este lunes, pero que hacía referencia a la iniciativa de conseguir la oficialidad del catalán en todas las instituciones comunitarias . Aquel informe, al que también ha tenido acceso el ARA, también defendía que no es necesario reformar los tratados europeos para añadir el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales en toda la Unión Europea.
Los argumentos
En este sentido, el principal argumento legal de la Abogacía del Estado es el hecho de que en 2005 ya se utilizó el catalán al Consejo de la Unión Europea —aunque se debe pedir con siete semanas de antelación— y al Comité de las Regiones "sin que conste que haya suscitado controversia alguna hasta el día de hoy". Además, recuerda que existen otros acuerdos menores sobre el uso de las lenguas cooficiales del Estado en otras instituciones comunitarias, como es el Tribunal de Justicia de la UE o la Comisión Europea.
Como entonces, el informe constata que no hay ningún punto del derecho europeo ni de los tratados del bloque comunitario que imposibilite que el gobierno español llegue a un entendimiento bilateral con una institución comunitaria, como es el Parlamento Europeo, porque se pueda hablar catalán. De hecho, argumenta que "el acuerdo administrativo" planteado por el gobierno español "no es ampliar el catálogo de las lenguas oficiales" al global de la Unión Europea, por lo que debería contarse con el visto bueno de todos los estados miembros , sino sólo en la Eurocámara.
Por eso, el informe apunta que "nada impide al Parlamento Europeo asumir en virtud de un acuerdo administrativo" que se pueda utilizar oralmente catalán, gallego y euskera en la misma cámara aunque no sean lenguas oficiales de la Unión Europea. "Eso es exactamente lo que ocurrió con el Consejo de la UE", insiste el informe.
Más allá de que se emitiera pocas horas después del toque de atención de Puigdemont, el documento también llega en un momento clave de las negociaciones en el Parlamento Europeo para conseguir que la iniciativa presentada hace más de dos años de permitir hablar catalán se apruebe. De hecho, este martes se ha reunido por primera vez el grupo de trabajo Lenguas de los Ciudadanos del Parlamento Europeo, que tiene por objetivo discutir sobre esta propuesta y precisamente está esperando un informe para evaluar qué consecuencias legales y logísticas tendría aprobar la medida.
En este sentido, desde la desaparición de Ciutadans, las formaciones favorables se muestran más optimistas e, incluso, el consejero de Exteriores y de la UE, Jaume Duch, aventuró el pasado septiembre que confía que haya un acuerdo "en unos meses o un año". Sin embargo, en declaraciones posteriores, tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, han evitado fijar calendarios.
El hecho de que Cs ya no tenga representación facilita que el grupo liberal, que puede hacer decantar la balanza a favor o en contra del catalán en la Eurocámara, se deje de oponer y que la iniciativa obtenga suficientes apoyos en la mesa del Parlamento Europeo. En cualquier caso, también puede ser determinante la presión del PP. "Dependerá de la presión y el ruido que quiera hacer el PP, sobre todo viendo lo ocurrido en los últimos años", dice un europarlamentario en el ARA, que recuerda cómo los populares han "instrumentalizado" constantemente a las instituciones europeas para cargar contra Sánchez y el catalanismo.