El gobierno español ya trabaja en un impuesto "temporal" a las grandes fortunas

MadridLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado este jueves un paso más para asegurar el apoyo de sus socios de Unidas Podemos y el resto de grupos de izquierdas, como ERC y EH Bildu, al proyecto de presupuestos y ha anunciado que el ejecutivo ya está trabajando en un impuesto a las grandes fortunas que sería "temporal". En concreto, Montero lo ha vinculado al desarrollo de la guerra en Ucrania, que está provocando una grave espiral inflacionaria. La previsión es que, como los impuestos también temporales que se han aprobado para la banca y para las energéticas, entre en vigor a partir del 1 de enero de 2023, según ha explicado Montero.

De momento, el ministerio de Hacienda solo apunta que estudia diferentes fórmulas. Ahora bien, en caso de que sea nueva figura tributaria se aprobaría fuera de los Presupuestos Generales del Estado. "No todo puede ir dentro de la ley de presupuestos", ha dicho la ministra. El hecho es que las cuentas públicas del Estado solo pueden incluir modificaciones de impuestos ya existentes, pero no la creación de una nueva figura fiscal. ¿A quién afectaría? "Cuando hablamos de ricos, estamos hablando de personas millonarias. Una población que no supere el 1% de la ciudadanía" de España, ha dicho Montero en declaraciones a La Sexta, informa Núria Rius.

Precisamente este jueves se aprobará en el Congreso de Diputados el techo de gasto, fijado en 198.221 millones para todas las administraciones (2.000 más que el año pasado aprovechando que las reglas fiscales europeas se mantienen suspendidas para el 2023), un trámite con el que se da el pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria. Tanto Unidas Podemos como ERC y Bildu han reclamado "valentía" a la ministra para sacar adelante medidas fiscales que graben a los más ricos. "Nos debemos de este debate", ha dicho el diputado de UP Txema Guijarro, que ha lamentado "haber perdido un tiempo precioso" por el hecho de que en junio el PSOE votó en contra de una proposición de ley de su grupo sobre un impuesto a las grandes fortunas.

El hecho de que el PP haya iniciado una carrera para bajar impuestos en las diferentes comunidades autónomas donde gobierna ha situado la política fiscal en el centro del debate. La propia Montero ha tildado de "irresponsable" al gobierno de Juanma Moreno Bonilla por haber suprimido el impuesto al patrimonio. "Nuestra política en este contexto de crisis es grabar los beneficios extraordinarios o los grandes patrimonios, es decir, pedir a los que más tienen que ayuden más", ha concluido.

En cuanto al debate en el Congreso, el diputado de ERC Joan Margall ha reclamado al gobierno español que aproveche el momento actual para modificar la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el PP y revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución para que el pago de la deuda no sea prioritario y se pueda tanto hacer políticas expansivas como permitir a los ayuntamientos que puedan reinvertir su superávit. En este sentido, Margall ha agradecido que el déficit permitido a las autonomías se haya aumentado dos décimas, del 0,1% al 0,3%, tal como avanzó el ARA, cosa que para Catalunya significará poder gastar casi 800 millones más, según cálculos de la Generalitat.

Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha aprovechado el debate para denunciar el déficit fiscal de 20.000 millones que sufre Catalunya y el hecho de que algunos puedan renunciar a impuestos: "Andalucía y Murcia cobran del Estado, no aportan como Catalunya. Pero Catalunya siempre paga", ha concluido. Nogueras también ha querido destacar que el gasto social en Catalunya es mucho más elevado que en la Comunidad de Madrid. "Nos dicen que no se tiene que comparar para no afectar al reencuentro, pero nosotros creemos que sí se tiene que hacer". Junts se abstendrá en este trámite, igual que la CUP.

Los presupuestos apenas ahora empiezan su camino en el Congreso, pero el tono del debate indica que hay muchas posibilidades de que salgan adelante con la mayoría de la investidura. En el caso de Catalunya, la aprobación de las cuentas estatales repercute positivamente en los catalanes, puesto que supone más ingresos. Aún así, la estrategia de ERC pasa por condicionar el apoyo a los presupuestos estatales a obtener adelantos concretos en la mesa de negociación, y en concreto en el ámbito de la desjudicialización. El objetivo es abrir el melón de la reforma del Código Penal para tocar algunos delitos como el de sedición y el de malversación, pero de momento el PSOE se muestra reticente a hacer concesiones. Habrá que ver cómo avanzan las dos negociaciones en paralelo y si se encuentra finalmente un punto de encuentro para las dos formaciones.