Golpe de puerta del TC en Puigdemont: mantiene la orden de detención mientras estudia la amnistía

MadridEl Tribunal Constitucional evita anticipar una decisión sobre la amnistía a Carles Puigdemont y se niega a levantar la orden de detención que le impide devolver en libertad a Catalunya. Por lo menos mientras todavía esté estudiando el fondo de la cuestión. El TC rechazó este martes por unanimidad las medidas cautelares que tanto él como Toni Comín y Lluís Puig solicitaron en los recursos de amparo contra la negativa del Supremo a aplicarles la norma del olvido penal. En todo momento, alegó que esperarse a la sentencia no provocará un "perjuicio irreparable" y que, en cambio, pronunciarse ahora implicaría un "juicio anticipado". El veredicto definitivo, previsto para los próximos meses, deberá determinar si la malversación que se le atribuye al Gobierno del 1 de octubre está incluida en el perímetro de la amnistía. Hasta ahora, el Supremo –con Manuel Marchena y Pablo Llaren al frente– ha dicho repetidamente que no. La decisión del TC es lamisma que tomócon los casos de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que reclamaban que se levantaran las inhabilitaciones, que están en vigor hasta 2030 y 2031.

En el recurso de amparo que presentó el líder de Junts el pasado mes de julio, el abogado Gonzalo Boye argumentaba que el visto bueno a las medidas cautelares no anticiparía la respuesta final, sino que evitaría una vulneración más grave porque, de decidir pisar España, acabaría en prisión. El escrito, al que tuvo acceso el ARA, esgrimía que, con la negativa, el Supremo está vulnerando el derecho a la libertad de circulación de Puigdemont (porque mantiene el orden de detención en territorio español), el derecho a la participación política y el derecho a la igualdad.

Denunciaba que el Supremo no es competente para decidir sobre él porque el 1-O tuvo lugar en Catalunya y que Pablo Llarena ha vulnerado su tutela judicial efectiva y el principio de legalidad penal al decidir que a él no se le amnistiaba. "El Supremo ha vaciado la ley de contenido, ha convertido la excepción en regla", sostenía. "Genera una disfunción del sistema de garantías democráticas al instaurar un doble estándar de legalidad incompatible con el principio de igualdad ante la ley", añadía. Y recordaba que la ley fue avalada por el Constitucional y, por consiguiente, "todos los órganos jurisdiccionales" deben "preservar" su "eficacia".

Hace dos meses, en noviembre, después de conocerse las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía en las cuestiones prejudiciales –que presentaron el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional–, Gonzalo Boye presentó un nuevo escrito reclamando que se aplique de forma "urgente y preferente" la ley. El abogado de Puigdemont apresuró al Constitucional a levantar la orden de detención para que el recurso de amparo "no pierda su finalidad sin mayores excusas ni dilaciones injustificables".