El catalán en la escuela pone a prueba la unidad de los partidos que avalaron la ley contra el 25%

BarcelonaEl independentismo salió a la calle por la Diada con el catalán como punta de lanzapero también con la herida abierta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha tumbado el decreto que blindaba la inmersión lingüística en las aulas. Todos los partidos y entidades independentistas clamaron contra una resolución que el Gobierno ya ha anunciado que recorrerá, pero fue el presidente de la ANC, Lluís Llach, quien fue un paso más allá llamar a desobedecerla. Sin embargo, esta opción no está sobre la mesa del departamento de Educación. Y, por ahora, tampoco presionan en esa dirección ni a ERC, ni a Comuns ni Junts, los partidos que junto con el PSC avalaron en el 2022 la ley para blindar el catalán en las aulas y combatir la imposición judicial del 25% de castellano. Ahora bien, la respuesta a la decisión del TSJC y el veredicto que dicte el Tribunal Constitucional sobre esta ley, pendiente desde hace meses, pondrá a prueba esta unidad.

En una entrevista en SER Catalunya este viernes, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha cortado de pura cepa cualquier especulación sobre una posible desobediencia, pese a dejar claro que el Govern defenderá el modelo lingüístico de la escuela catalana "con toda la firmeza". ¿Pero qué hará el ejecutivo si la justicia fuerza a los centros a dar más clases en castellano? "La respuesta es la acción decidida del Govern. El presidente ya anunció que aplicaremos todas las medidas para proteger el modelo. Este es el camino", ha asegurado la consellera.

Fuentes de Educación consultadas por el ARA no concretan en qué se va a traducir esto, pero insisten en que trabajan "en los diversos escenarios" que pueda abrir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley que establecía el catalán como lengua "vehicular" y el castellano como "curricular"pero también sobre el decreto ley que prohibía los porcentajes en las aulas –y que en su momento el PSC no avaló, a diferencia de lo que hizo en el caso de la ley–. Este viernes, Niubó se ha mostrado esperanzada de que el Constitucional le avale, a pesar de que hace unos meses la mayoría progresista se inclinaba por tumbar el decreto ley (pero por razones formales y no de fondo, lo que no impediría al Gobierno tramitar un proyecto de ley con contenido similar). En cambio, en el tribunal de garantías se decantarían por avalar la ley.

Isla defiende el "consenso" con la inmersión

Desde París, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha abierto a realizar "cambios menores" en el decreto tumbado por el TSJC, a la espera de lo que decida, en última instancia, el Tribunal Supremo sobre la decena de artículos anulados. Por ejemplo, quienes establecen que el catalán y el aranés son las lenguas vehiculares y los que fijan el catalán como lengua habitual de los docentes y las comunicaciones con las familias. Los servicios jurídicos de la Generalitat siguen estudiando la resolución para presentar el recurso contra el decreto que, al suspenderse, no llegó a implementarse en las escuelas.

Ante los discursos que alertan sobre el bajón en el uso social del catalán, Illa ha negado que la lengua esté viviendo un retroceso, aunque en estos momentos es sólo uno idioma que habla habitualmente menos de un tercio de la población. "La gente quiere aprender idiomas que sean útiles y necesarios", ha dicho el presidente, durante una conferencia en la capital francesa. Desde allí ha defendido el "consenso muy fuerte" que hay en torno a la inmersión en Catalunya —sólo el PP y Vox se desmarcan— y la importancia de estimular el aprendizaje del catalán entre los recién llegados.

¿Una respuesta de país?

Los movimientos del Govern en materia de lengua están siendo seguidos de cerca por Esquerra. Ante la llamada de Llach, fuentes republicanas aseguran que no es el tiempo de las "proclamas" sino de "hacer trabajo", y presionan al ejecutivo para que no dé ni un paso atrás en la defensa de la lengua. "No avanzamos escenarios", dicen estas fuentes, sobre la posibilidad de tener que recurrir a la desobediencia para garantizar la inmersión. En la misma tesitura se encuentran Comuns, que llaman a consensuar una "respuesta de país" dentro del Pacto Nacional por la Lengua —donde están ERC y Comuns pero no Junts— para hacer frente a lo que decida el Tribunal Constitucional. "No tiene ningún sentido poner criterios judiciales frente a los criterios pedagógicos. Por eso garantizar la seguridad de los docentes y de la comunidad educativa es garantizar que la inmersión tiene una larga vida por delante", apuntan fuentes del espacio.

¿Qué piensa Junts de todo esto? La dirección del partido no quiso atender la petición del ARA sobre cuál cree que debe ser la respuesta a la sentencia. Cuando se conoció la resolución del TSJC, la portavoz en el Parlament, Mònica Sales, aseguró que era un "ataque frontal" y una "injerencia" contra el catalán. "¿Acatarán esta sentencia o defenderán la lengua"?, se preguntó Sales. En todo caso, el expresidente Carles Puigdemont ha confrontado este viernes a X con el líder del PSC por la lengua. Aprovechando una entrevista en la que Illa ha dicho que el encuentro en Bruselas permitió constatar las diferencias entre ambos sobre el rumbo que debe seguir Catalunya, Puigdemont ha afirmado: "Quiero una Catalunya en la que el gobierno del país haga de la lengua catalana la lengua de trabajo y vehicular en todos los ámbitos de su competencia. Él no".

La CUP sí quiere desobedecer

En cambio, la CUP sí comparte la llamada a la desobediencia de Llach. "Es lo que hemos defendido en los últimos meses. Creemos que sólo así se puede hacer frente a las distintas sentencias", remarcan fuentes cuperas. Sobre una posible unidad de acción, la formación asamblearia advierte que no se sumarán si es para "blanquear el gobierno del PSC-PSOE o la tibieza de ERC y Junts" y reiteran que sólo hay una vía: "El conflicto con el estado y sus tribunales: no podemos adaptarnos porque el margen que se nos permite cada vez es más". En julio, además, los cuperos registraron ya una proposición de ley hecha de la mano de Plataforma por la Lengua, y con el apoyo de la PiEC (La Plataforma Pública y en Catalán formada por varios sindicatos y asociaciones educativas), con la voluntad de anticiparse a la sentencia del 25% y blindar el catalán como lengua vehicular. "Es una propuesta de país y para el país, pensada para que puedan sumarse todos los actores posibles", afirman. De hecho, los cuperos ya no avalaron la norma que intentaba driblar al 25% de castellano en las aulas.

"La lengua propia del país"

Con la vista puesta en la sentencia del Constitucional, en los últimos meses el Gobierno ha mantenido contactos con entidades de la sociedad civil sobre la defensa de la lengua, también en las aulas. Desde Som Escola, que aglutina una cuarentena, reclaman al ejecutivo que, en caso de que el Constitucional tumbe el marco jurídico de la inmersión, esté al lado de la sociedad civil cuando se movilice en contra. Preguntada por si el Govern asistiría a una manifestación en defensa de la lengua, al igual que el gobierno de José Montilla participó en las movilizaciones por el Estatut, Niubó ha descartado avanzar escenarios. Ahora bien, reiteró que siempre estarán "junto a la lengua y un modelo que ha funcionado", y que el catalán es "la lengua propia del país y del sistema educativo".