Grande-Marlaska, otra vez en el punto de mira
La justicia cuestiona las devoluciones de menores ceutís a Marruecos y recibe críticas incluso de sus socios de gobierno
MadridNo hay periodos plácidos para Pedro Sánchez en el gobierno español, aunque ejecute una remodelación de fondo para encarar un segundo tramo de legislatura menos convulso sin la pandemia como gran protagonista. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vuelve a ser diana de críticas y de un nuevo revés, ahora por la devolución a Marruecos de los menores que llegaron a Ceuta en mayo en el marco de la crisis entre los dos países por la acogida del líder del Frente Polisario. La justicia ha enmendado, de momento, el “regreso asistido” –en palabras de Marlaska– de estas personas, como la Audiencia Nacional hizo con la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. No son las únicas manchas en el expediente del juez Marlaska.
Magistrado de la Audiencia Nacional en servicios especiales, el titular del Interior ha sido el principal blanco de la oposición y dolor de cabeza para Sánchez, si bien siempre ha cerrado filas con el ministro. El episodio más destacado fue el año pasado a raíz del cese de De los Cobos por no haber facilitado información sobre la investigación judicial contra el ex delegado del gobierno español en Madrid José Manuel Franco por haber autorizado el 8-M a las puertas de la pandemia. Los subterfugios a la hora de argumentar la destitución –falta de confianza primero, remodelación de los equipos después– quedaron en evidencia cuando se conocieron los verdaderos motivos: puerta abierta a la derecha para acusar a Marlaska de vulnerar la separación de poderes –la Guardia Civil actuaba como policía judicial–. La izquierda no denunció la intromisión del ministro porque, como la Moncloa, entendía que De los Cobos maniobró contra el gobierno de Sánchez.
Un juzgado contencioso administrativo de la Audiencia Nacional anuló el cese y tiene pendiente resolver el recurso de Interior en contra de la restitución del coronel. Si la justicia dictamina definitivamente la ilegalidad de la destitución, será una importante bofetada para Marlaska y Sánchez, que más allá de decir que es escrupuloso con la separación de poderes prioriza la “limpieza de las cloacas”, tal como manifestó cuando salió en defensa del ministro.
Maniobra de distracción del PP
Ahora Marlaska está enfrentándose en solitario al lío generado en Ceuta con la devolución de los menores marroquíes, mientras el presidente español está de vacaciones. Cs recriminó ayer a Marlaska el “buñuelo” y la “falta de transparencia”, pero el PP desvió la atención hacia Afganistán. Acostumbrado a criticar todo lo que hace el gobierno de Sánchez, ayer la maniobra de distracción de Pablo Casado resultó evidente: la devolución se ha hecho en coordinación con el gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas, del PP, y el partido conservador optó por reclamar la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que explique la evacuación de los españoles que están en Kabul. Solo se refirió a la crisis ceutí el portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, respondiendo a preguntas de los periodistas, y apuntó que “hay que exigir al gobierno español que actúe en conformidad con la ley”.
Más bien, esta vez las críticas han llegado desde la misma coalición, con Unidas Podemos reclamando el freno de las devoluciones. Si el titular de Interior afirma que todas las instituciones estaban informadas, el ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra insiste en que no sabía nada. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya pidió a Sánchez viernes que no continuaran los traslados, antes de que la fiscalización pasara a la llanura judicial.
Lunes llegó la suspensión cautelar de los regresos, solicitada por ONGs que trabajan sobre el terreno y a la que se adhirió la Fiscalía. Desde la Fiscalía ceutí no hay inconvenientes a la hora de criticar a Interior por haber prescindido de su criterio a la hora de afrontar las devoluciones. Fuentes de la institución señalaban lunes que, como respuesta a la petición de documentación, solo recibieron un escrito sin firma que alegaba que la operación se hacía en virtud del acuerdo con Marruecos de 2007 sobre inmigración ilegal que nunca se había utilizado. En cambio, la Fiscalía General del Estado, controlada por la exministra de Justicia Dolores Delgado, intentaba contemporizar asegurando que se estaba procurando velar por “el interés superior del menor y el cumplimiento de la ley”. El mismo discurso que Marlaska.
La sombra de las torturas
Las polémicas actuaciones del ministro en su paso por la política se suman a las que ya ha protagonizado como juez de la Audiencia Nacional. Grande-Marlaska es responsable de siete condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado torturas mientras ejercía de juez, la última de enero pasado. También instruyó la causa sobre la quema de fotos del rey en Girona en 2007, que acabó con condena de Estrasburgo al Estado.
A pesar de este currículum, Sánchez lo ha mantenido como intocable en el gobierno español. Marlaska resiste desde la llegada del PSOE a la Moncloa –en junio de 2018–, junto a Nadia Calviño, Teresa Ribera, María Jesús Montero, Margarita Robles, Reyes Maroto y Luis Planas. Según El Confidencial, era uno de los firmes candidatos a ser relevado este julio pasado, pero no se habría encontrado un relevo adecuado. Sí que saltó Arancha González Laya, de Exteriores, señalada por la crisis con Marruecos, que ahora se ha querido reconducir con el acuerdo para la devolución de los menores inmigrantes. La falta de pulcritud en el procedimiento ha vuelto a situar a Marlaska en el punto de mira.
