La Guardia Civil concluye que el fiscal general del Estado cambió de móvil antes del cacheo en su despacho

MadridEl fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de móvil tras ser encausado en el Tribunal Supremo y antes del cacheo en su despacho el 30 de octubre, según la Guardia Civil. Lo refleja la Unidad Central Operativa en un informe al que ha tenido acceso el ARA y aportado al magistrado instructor, Ángel Hurtado, quien reclamó a los investigadores que le facilitaran los números de teléfono y los códigos de identificación de los terminales y tarjetas que le requisaron. "El inicio de la actividad de los IMSI juntados en los IMEI es el 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico ese día respecto a las tarjetas precitadas", subraya el instituto armado, a partir de la información facilitada por las compañías de telefonía.

El juez ordenó esta diligencia tras constatar que en el móvil interceptado a García Ortiz no había ningún mensaje referente en la publicación del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía en la Fiscalía de Madrid la comisión de dos delitos contra la hacienda pública. La Guardia Civil analizó el WhatsApp del período que va del 8 al 14 de febrero del 2024 y no encontró nada, por lo que no podía concluir si el fiscal general del Estado había enviado o no a algún medio de comunicación, oa algún miembro del gobierno español, el polémico correo. El ministerio público explicó que se realizan eliminaciones periódicas de la mensajería de García Ortiz por motivos de seguridad.

Ahora lo que la UCO constata es que García Ortiz cambió de teléfono una semana después de ser imputado ante el Supremo, el 16 de octubre. Y una semana antes de que se produjera el cacheo en su despacho. Esa diligencia –intervenirle el teléfono y el correo electrónico– era prácticamente la única vía que el juez tenía para esclarecer si cometió la presunta revelación de secretos, dado que los periodistas que publicaron la información se habrían escudado en el derecho de no revelar las fuentes cuando eventualmente declararan como testigos. De hecho, el miércoles de la próxima semana, día 8, están citados ocho periodistas y también el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien se le atribuye una filtración interesada de parte de las comunicaciones entre la Fiscalía y González Amador .

Preguntado por el ARA, el entorno de García Ortiz no quiere entrar a valorar el informe de la UCO y se limita a decir que haciendo públicos datos personales [su número de teléfono] "se pone en riesgo su seguridad". Tampoco ha dicho nada todavía el gobierno español. El presidente, Pedro Sánchez, se mostró muy contundente hace unos días cuando la Guardia Civil no halló pruebas en el dispositivo del fiscal general. "¿Quién pedirá perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que le ha pedido su dimisión sin pruebas y con falsas acusaciones (...) "Se ha creado una inmensa cortina de humo que ahora vemos que se está esfumando", dijo el jefe del ejecutivo del Estado desde Bruselas antes de Navidad. "Cada vez queda más claro que el protocolo de seguridad del fiscal no es algo más que su intento de ocultar pruebas. Y eso es precisamente lo que le delata como culpable", ha twittado la número 2 del PP, Cuca Gamarra.