Carles Ramió: "Lo primero que haremos será acabar con la politización de la dirección pública"

BarcelonaCarles Ramió (Girona, 1963) es catedrático de ciencia política y de la administración por la Universidad Pompeu Fabra y desde esta semana preside formalmente la comisión de expertos que ha puesto en marcha el Gobierno para la transformación de la administración pública (CETRA). Explica sus planes en el ARA.

¿Cuál es ahora el principal problema de la administración pública?

— Hay un primer elemento, la demografía nos ha aplastado. Ahora somos 8 millones y esos nuevos ciudadanos son consumidores de servicios públicos. El segundo elemento es el envejecimiento de la población, que consume mayores servicios públicos. Y el tercer elemento es también el envejecimiento de los empleados públicos, de los que el 50% se jubilarán en los próximos diez años. La situación es crítica.

¿Faltan recursos y empleados públicos, pues?

— Las cosas no siempre se solucionan con mayores recursos, sino con un sistema de gestión más eficaz y eficiente. Si a un modelo anticuado le pones más recursos, puede que no se note una mejor calidad.

¿En qué se concreta el cambio de modelo y sistema?

— Esto es lo que trabajará la comisión, pero por ejemplo si no tienes una estabilidad con los mandos porque todos son escogidos por libre designación y son cambiados a cada cambio de gobierno –y en Cataluña últimamente es muy frecuentado–, no hay ningún tipo de continuidad . Se pierde el conocimiento y mucho tiempo. Los países con mayor continuidad en los directivos profesionales tienen mejor calidad institucional y de servicios.

¿A qué se refiere cuando dice directivo público?

— En las subdirecciones generales, que son puestos de libre designación en los que debe ser funcionario, pero el Gobierno puede discrecional y arbitrariamente destituir y nombrar a quien le dé la gana. Por tanto, existe una cierta politización de este ámbito: no se nombra muchas veces por criterios meritocráticos y no está claro que esta gente tenga las competencias por las que han sido escogidos. Y, además, nuestra ambición también es que una parte importante de las direcciones generales sean para profesionales de la gestión.

¿A cuántas direcciones generales afectaría?

— A mitad. El criterio que se propone es que las más técnicas sean para directivos públicos profesionales. Esto significa funcionarios de la Generalitat, de otras administraciones o de fuera. Lo importante es que exista una selección meritocrática.

¿Cómo garantiza la selección meritocrática?

— Hay dos mecánicas. Una es que el directivo público debe acreditar que tiene las competencias de acuerdo con el currículo y una evaluación. Y el otro modelo es que cada vez que hay una vacante se forma una comisión que mira currículums y hace una selección de quien tiene el mejor perfil.

Con el sistema actual, ¿ ¿los partidos han situado a personas no preparadas para los puestos de dirección pública?

— Los partidos colocan a sus clientelas, afiliados, etc., en las direcciones generales, esto es evidente; y que en muchas ocasiones no tienen las competencias también es evidente. Cuando se cambia el gobierno se deben cambiar los altos cargos y los consejeros, sí, porque da legitimidad democrática, pero el tema clave es hasta dónde debe llegar esa dirección política. Que llegue a todas las direcciones y subdirecciones generales (entre funcionarios) es una excesiva politización. Con la reforma lo primero que haremos es acabar con esto: se reconocerán los puestos de ámbito técnico y sólo los profesionales se podrán colocar en estos sitios.

Esta reforma del directivo público ya la hemos oído otras veces por parte de gobiernos anteriores y nunca se ha producido. ¿El hecho de que los directores generales que nombran a los partidos contribuyan en su financiación a través del sueldo dificulta este cambio de modelo?

— La reforma es difícil porque los partidos no suelen ir en contra de sus intereses. Cuanta más libertad y flexibilidad a la hora de poner y cesar a gente, más poder y capacidad de influencia. Por tanto, el hecho de que el partido del Gobierno decida dar este paso es un gesto de generosidad institucional y política. Esto dará legitimidad a la reforma. Hasta ahora no había habido esa valentía.

¿Y con ese nuevo sistema los cargos de dirección pública contribuirán a la financiación de los partidos a través de la carta financiera?

— Yo siempre he estado en contra de eso. Obvio que no puede haber este tipo de vínculo porque serán escogidos de forma meritocrática como profesionales, no de forma arbitraria y casi clientelar como se había hecho hasta ahora. Simbólicamente, esto es terrible, incluso para la política, pero en el ámbito profesional es inadmisible.

También hable de un grupo de trabajo de simplificación de la administración. ¿Eso son recortes?

— No, esto es la lucha contra la burocracia, que es como el colesterol: la administración la necesita, porque hay una parte garantista y de seguridad jurídica, pero debemos combatir lo malo. Se realizarán propuestas rápidas para intentar suprimir algunos trámites que no aportan valor añadido en la gestión pública. Lo que tenemos en mente es que en meses se pueda presentar una especie de ley tipo ómnibus o de simplificación normativa transversal donde se propongan cambios de varias legislaciones para agilizar trámites. Ésta será la segunda prueba de vida.

¿ ¿Confía en reunir suficiente apoyo político?

— Es cierto que el panorama político es altamente complicado y dificulta mucho las mayorías, pero me resulta difícil pensar que los partidos puedan ir contra la dirección pública profesional, lo que se quiere incorporar a la ley de acompañamiento de presupuestos, porque aunque sea ​​una impostura todos lo tienen en sus programas políticos. Aún me resulta más difícil que puedan estar en contra de una ley de simplificación para atender mejor a la ciudadanía.

Ustedes quieren que a partir de 2025 ya pasen cosas.

— Estamos orientados a la acción. Si empiezan a notarse cosas a partir de enero del 2026, será tarde. Mi idea es que en diez meses una tercera parte de las propuestas que incluirá el informe final de la comisión ya estén implementadas, otra tercera parte ya estén empezando a implementarse y haya una tercera parte pendiente, por ejemplo una nueva ley de empleo público, que será más lenta.

Antes ha dicho que la mitad de empleados públicos se jubilarán en diez años. ¿Cómo se prepara el relevo generacional?

— Debemos cambiar los procesos de selección. Ahora, las pruebas se basan únicamente en conocimientos memorísticos, y son enormemente lentas.

¿Se puede realizar con la legislación actual?

— Tenemos ciertos límites, pero el Estatuto del Empleado Público da flexibilidad. Reglamentariamente, se pueden realizar cambios significativos de transición hacia el nuevo modelo. Necesitamos sistemas de elección más rápidos, pero estrictamente meritocráticos.

Ponga un ejemplo.

— En lugar de que todo se base en un temario extensísimo, debe reducirse significativamente el temario. Y establecer un nuevo sistema de prueba, que puede ser más competencial; por ejemplo, la Unión Europea realiza un test de inteligencia y un test psicológico por si estás capacitado para trabajar colaborativamente, además de una prueba para valorar el dominio digital.

¿ ¿Los funcionarios que dependen del Parlamento o de otras instituciones estatutarias estarán afectados por la reforma de la administración pública?

— No, esto es Montesquieu. El poder legislativo tiene independencia, ellos gobiernan sus administraciones y tienen un régimen especial.

Pero la mayoría del Parlament que reformará la legislación de los funcionarios que dependen de la administración de la Generalitat es la misma que podría cambiar las condiciones de los funcionarios del Parlament.

— Como Gobierno y la comisión que presido no podemos. Ahora bien, el sentido común dictaría que su régimen debería ser muy similar. Pero esto ocurre a todos los empleados que dependen del legislativo en España y en el mundo; tienen un conjunto de ventajas laborales que considero injustificadas porque desde el punto de vista técnico realizan un trabajo muy parecido al resto de empleados públicos.