El independentismo en el banquillo de los acusados: el calendario judicial que viene a partir de ahora

BarcelonaOtoño caliente, cuando menos a los juzgados. El independentismo volverá a sentarse en el banquillo de los acusados con diferentes procesos judiciales que afectan a consellers y diputados, pero también a numerosos activistas para participar en movilizaciones del Procés. El compromiso de desjudicializar el conflicto político no altera el calendario judicial.

La primera en pasar por los juzgados será la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, el 14 de septiembre, procesada por desobediencia para firmar la DUI. Exiliada en Suiza desde hace más de cuatro años y medio, volvió por sorpresa a mediados de julio para ponerse a disposición del juez Pablo Llarena una vez tuvo garantizado que solo se la juzgará por desobediencia, que no implica prisión. La cupera volvió aquel mismo día a Ginebra, donde trabaja como secretaria regional del sindicato Unia.

Otra dirigente de la CUP, Eulàlia Reguant, será juzgada el 28 de septiembre en el Supremo acusada de un delito de desobediencia grave a la autoridad por no responder a las preguntas de Vox en el juicio del Procés. La Fiscalía pide cuatro meses de inhabilitación para la diputada de la CUP. El día siguiente será el turno del exdiputado cupero Antonio Baños, por los mismos hechos. Reguant da por hecho su inhabilitación, lo que lo obligaría a dejar el Parlament de forma inmediata, porque la sentencia, cuando proviene del alto tribunal, es firme.

Roger Torrent y los otros miembros independentistas del anterior mesa del Parlament, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, serán juzgados entre el 5 y el 7 de octubre. Se enfrentan a penas de 20 meses de inhabilitación y multas de 24.000 a 30.000 euros por un delito de desobediencia al TC por las resoluciones del año 2019 sobre monarquía y autodeterminación. Si fueran condenados por el TSJC (que, de momento, no encuentra a jueces voluntarios para suplir a los recusados), y la sentencia fuera validada por el Supremo, Torrent tendría que dejar la conselleria de empresa y Delgado la alcaldía de Sant Vicenç de Castellet. También están pendientes los juicios de Laura Borràs, Lluís Salvadó, Josep Maria Jové, todos los investigados en el juzgado 13, y el de Meritxell Serret, todavía sin fecha.  

Alerta Solidària carga contra la desjudicialización

Muchos activistas pasarán por los juzgados los próximos meses por diferentes movilizaciones con acusaciones que sí que conllevan prisión, como las que se han dictado ya contra Adrián Sas u Oriol Calvo. Alerta Solidària, que lleva buena parte de las causas contra manifestantes, denuncia que "la promesa de la desjudicialización es la última de las cartas que queda en el Govern autonomista para mantener el pueblo confundido y dormido" mientras critica que la Generalitat esté detrás de algunos procesos. La entidad ha revelado este viernes que el trimestre que viene habrá 17 juicios con 45 personas represaliadas, aunque incluye las causas contra Reguant, la de la Mesa, dos movilizaciones feministas y una ecologista.

Uno de los primeros a pasar por los tribunales será Roger, que será juzgado el 4 de octubre acusado de un delito de atentado a la autoridad durante la multitudinaria manifestación por la libertad de los presos del 11 de noviembre de 2017 en la calle Marina de Barcelona. El joven asegura que recibió una lluvia de golpes dentro de la comisaría de Via Laietana cuando se negó a identificarse, mientras que la Policía Nacional asegura que los agredió. La Audiencia Provincial de Barcelona aceptó el recurso de la defensa y dos agentes también serán juzgados por un delito contra la integridad moral.

También podría entrar en prisión Carla Costa, encausada por las movilizaciones contra la sentencia en Girona, si es condenada el 14 de noviembre. La Fiscalía le pide dos años y medio, y 34.152,25 euros por desórdenes públicos, agravados por los desperfectos que se produjeron en las vías del AVE durante el corte. Su grupo de apoyo subraya que la causa contra las dos otras imputadas se archivó y denuncia "la represión" del Govern porque las acusaciones de los Mossos están llenas de "irregularidades".

Los días 23 y 24 de noviembre les llegará el juicio a los "11 encausados de Lleida". La Fiscalía solicita que se impongan 5 años y 3 meses para 10 de los acusados y 5 años y 9 meses para el rapero Pablo Hasél, por el agravante de reincidencia, por desórdenes públicos, lesiones y atentado a la autoridad, por la protesta a la subdelegación del Gobierno español contra la detención de Carles Puigdemont en Alemania. Precisamente, las protestas por la investidura fallida de Puigdemont, pero también contra la inhabilitación de Quim Torra o contra actos de Vox configuran el resto de las causas que llegarán a los juzgados en noviembre.