¿Cuántos independentistas podrían quedar fuera de la amnistía?

BarcelonaLa sorpresa saltó el martes en el Congreso de los Diputados cuando Junts votó en contra de la ley de amnistía. ¿La razón? Los junteros consideran que no blinda tres casos clave: los dos que existen en la Audiencia Nacional contra los CDR y Tsunami Democrático por las movilizaciones postsentencia y el que se instruye en Barcelona sobre la supuesta trama rusa del Proceso. Una interpretación, en todo caso, que no comparten ni Esquerra ni el PSOE. Hay 26 personas imputadas en estas investigaciones judiciales que apuntan a los delitos de terrorismo y posiblemente de traición, difíciles de blindar en la ley. En total, el independentismo considera que entre 1.400 y 1.500 personas podrían verse beneficiadas por la amnistía, cifra que el PSOE reduce a unas 400.

Ahora mismo en el caso contra los CDR hay doce investigados: para ocho de ellos la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 27 años de cárcel, mientras que para los cuatro restantes pide más de 20. Se les acusa de haber creado una "organización terrorista paralela" para llevar a cabo "acciones violentas o atentados" para conseguir la independencia. Ellos lo desmienten. Son Eduard Garzón, Esther Garcia, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Joaquín Delgado, Ferran Jolis, Javier Buigas, David Budria y Clara Borrego.

El sumario de Tsunami Democrático por las protestas posteriores a la sentencia del Proceso tiene ahora doce investigados. El instructor Manuel García-Castellón sitúa como cerebros de la plataforma al expresidente Carles Puigdemont, la dirigente republicana Marta Rovira y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, que se ha trasladado a Suiza para preparar su defensa. Completan la lista la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el empresario Oriol Soler; el exconseller de ERC Xavier Vendrell; la profesora y delegada del Intersindical-CSC Marta Molina; Josep Campmajó, el periodista Jesús Rodríguez; el informático Jaume Cabaní; el exdirigente de Òmnium Oleguer Serra, y el banquero suizo Nicola Flavio. García-Castellón cree que formaban una "organización estructurada y jerarquizada" que pretendía "subvertir el orden constitucional, desestabilizar el Estado económica y políticamente y alterar gravemente el orden público" con movilizaciones, e insiste en atribuirles la muerte de un turista francés de un ataque al corazón a la protesta del aeropuerto.

Desde Barcelona, ​​el último en moverse ha sido el juez Joaquín Aguirre, que un día antes de la votación de la amnistía en el Congreso reactivó la trama rusa del Proceso argumentando que Rusia podría haber ofrecido "apoyo económico y militar" al independentismo para lograr la "secesión" de España y la desestabilización de la Unión Europea. La causa afecta a Alay, Vendrell, Cabaní y al exmiembro de Convergència Víctor Terradellas, y podría acabar involucrando a Puigdemont, que estaría al caso de los contactos bajo sospecha con los rusos, según el juez.

ERC y el PSOE lo ven cubierto

Al contrario que Junts, ERC y PSOE defienden que la versión de la ley que llegó el martes al Congreso ya cubre estos casos y se niegan a introducir cambios a remolque de la ofensiva judicial. Los republicanos y el Gobierno defendieron que la ley no era "perfecta" pero sí "robusta".

Òmnium sitúa en 1.400 a las personas beneficiadas por la amnistía, una cifra que Junts ha dado por buena y que el PSOE reduce hasta las 400 (contando, también, policías). Desde Esquerra, este miércoles en el atril del Congreso también dieron un dato: "Esta amnistía no va de Puigdemont ni Rovira, sino de las 1.500 personas que llevan siete años su vida en tela de juicio porque el Estado las está reprimiendo", concluyó la diputada republicana Pilar Vallugera. Sea como fuere, quien tendrá la última palabra de cuantos beneficiados habrá en caso de una eventual amnistía es el poder judicial, que es el encargado de aplicarla.