Bruselas critica a España por no luchar lo suficiente contra la corrupción en pleno caso Cerdán
El informe anual sobre el estado de derecho de la Comisión Europea advierte del "alto riesgo" de corrupción en la financiación de los partidos políticos en España
EstrasburgoGolpe duro de Bruselas en el gobierno de Pedro Sánchez en pleno caso Cerdán. El informe anual sobre el estado de derecho de la Comisión Europea toca el corteza al Estado por la falta de lucha contra la corrupción y le insta a tomar más medidas para revertir esta situación. En la misma línea, el ejecutivo comunitario advierte que se mantiene "el alto riesgo" de que haya corrupción en la financiación de los partidos políticos de España. Además, la evaluación critica que "la ausencia de una estrategia unificada puede conducir a la fragmentación" y, como consecuencia, encuentra que existe una "supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción".
Por este motivo, la Comisión Europea insta al gobierno español a sacar adelante una estrategia estatal "integral de prevención y lucha contra la corrupción", y constata que la Moncloa todavía ni siquiera "ha empezado a trabajar" para desplegarla, pese a que estaba prevista para septiembre del año pasado. En este sentido, Bruselas pide al Ejecutivo español que "redoble los esfuerzos" para reducir la "duración de las investigaciones". "El objetivo es aumentar la eficacia de la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel", dice el informe del Ejecutivo comunitario.
La Comisión Europea también califica que el riesgo de corrupción en sectores como infraestructuras o contratos de servicios públicos es "elevado" y alerta de la percepción de los ciudadanos y las empresas sobre la corrupción en la administración pública y entre los dirigentes políticos. Según el Eurobarómetro que recoge el informe del ejecutivo comunitario, el 40% de las compañías de todo el Estado están convencidas de que la corrupción les ha impedido ganar una puja pública durante al menos en los últimos tres años. Esta tasa es quince puntos porcentuales mayor que la media de los estados miembros de la Unión Europea.
En cuanto a la ley de amnistía, aunque la derecha española llevaba tiempo augurando que Bruselas la criticaría, el informe anual del estado de derecho apenas lo menciona y se limita a constatar que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien hay cuatro cuestiones prejudiciales pendientes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De todas formas, está previsto el próximo martes que el ejecutivo comunitario se pronuncie en la vista de dos cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía que se celebrará en el tribunal de Luxemburgo.
Por otra parte, la Comisión Europea pide a España que siga trabajando para reforzar la independencia del fiscal general y para separar su mandato del del ejecutivo español. En este punto, el informe recoge también la situación del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra "en proceso judicial" por "presunta filtración de información confidencial en un caso de fraude fiscal", el de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, el texto del ejecutivo comunitario recoge la reforma para excluir a entidades de extrema derecha de las acusaciones populares y la polvareda que ha levantado esta polémica medida.
Con todo, la evaluación sobre el estado de derecho en España evita mencionar casos de corrupción concretos, como los de los dos últimos secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Tampoco ha pronunciado estos nombres el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath. Cuando al dirigente comunitario le preguntaron en rueda de prensa por los casos de corrupción que asedian la Moncloa, tiró balones fuera y, lejos de mojarse, no quiso entrar en lo que consideró "casos individuales". Así, se ha limitado a subrayar uno de los capítulos de las conclusiones del informe anual sobre el estado de derecho en España. "El gobierno español está obligado por ley a adoptar una estrategia global de prevención contra la corrupción", ha insistido el titular de Justicia de la Comisión Europea.
PSOE y PP se tiran los platos por la cabeza
En este tipo de informes de la Comisión Europea es habitual que tanto PSOE como PP aprovechen para aferrarse a las partes del escrito que más les convienen y aprovecharlo para cargar contra el otro. Así pues, fuentes de la Moncloa "celebran" las conclusiones y aseguran que "ratifican" que no hay ninguna de las reformas que ha sacado adelante el gobierno español que "afecte al estado de derecho ni a la independencia judicial". "Europa no solo apoya las reformas de la justicia, sino que echa por tierra las mentiras que se han repetido insistentemente para frenar la mayor transformación de la justicia en décadas", apuntan desde el ejecutivo socialista.
En cambio, la número dos del Partido Popular Europeo, la eurodiputada catalana Dolors Montserrat, lo ve muy distinto y califica de "demoledor" el informe de la Comisión Europea sobre la justicia española. "La corrupción de España hace saltar las alarmas en Europa", tuitea la popular. En la misma línea, aunque Bruselas no entra a valorar la ley de amnistía, asegura que Bruselas tiene "dudas sobre su legalidad". También asegura que en el Estado se persiguen jueces y periodistas, y que la independencia judicial es "nula". "Sánchez es un peligro", concluye la conservadora.
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Todas las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras, que son en su mayoría, han llevado a las instituciones de la Unión Europea la batalla contra la reforma de la judicatura que impulsa el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y pretende hacer menos elitista el acceso a la carrera judicial. En declaraciones a la prensa, la representante de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha cargado duramente contra el gobierno socialista y le ha acusado de querer "colonizar" la judicatura y de "deteriorar" la separación de poderes y el estado de derecho de España.
Los representantes de estas entidades han asegurado que han invitado a los distintos grupos europarlamentarios y que mantendrán reuniones con casi todos, menos con el Partido Socialista Europeo (PSE). Sin embargo, se han paseado y han organizado una mesa redonda en la sede de la Eurocámara de Estrasburgo con el PP, Vox y el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez. También se han reunido con la presidenta del Parlamento Europeo, la conservadora Roberta Metsola, y la vicepresidenta de la Comisión Europea -también popular-, Henna Virkkunen.
Más allá de la asociación de fiscales, también participan todas las entidades -Fórum Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- que han convocado la huelga de la judicatura por la modificación del acceso a la carrera judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En cambio, no ha asistido ninguna de las asociaciones de jueces y fiscales progresistas.
En todo caso, estas entidades han evitado entrar en el fondo de la cuestión de la reforma Bolaños en las declaraciones a la prensa y Dexeus se ha limitado a calificarla de "operación de maquillaje". Así pues, la representante de la asociación de fiscales no ha mencionado ni las intenciones de la Moncloa de intentar hacer menos elitista el acceso a la carrera judicial a través de un programa de becas y, de este modo, evitar que en la práctica los aspirantes a jueces o fiscales sean en gran parte de clase media o alta.
