El juez sitúa a Ábalos como "mediador" en la pata balear del caso Koldo

El exasesor del ministerio de Transportes planificó también una reunión con el portavoz del PP, Miguel Tellado, para contactar con Prohens

José Luis Ábalos en su escaño de diputado en el Congreso, el 21 de febrero.
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Madrid / BarcelonaEl juez del caso Koldo sitúa a José Luis Ábalos en el punto de mira. Pese a no estar investigado, le señala como "intermediario" en la pata balear de la trama de las mascarillas que ha comportado su suspensión de militancia del PSOE. Un auto del juez de la Audiencia Nacional del 7 de febrero así lo evidencia, tal y como ha avanzado El Mundo ya la que ha tenido acceso el ARA: "La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad [policial] han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo".

¿A qué se refiere el juez Ismael Moreno? Cuando menciona al exministro está explicando las gestiones que Koldo García hacía para intentar frenar la reclamación del gobierno de Baleares a la empresa Soluciones de Gestión, que supuestamente había enviado peores pepitas que las que había contratado el servicio de salud balear. De un contrato de 3,7 millones, el Govern pedía a la empresa de Juan Carlos Cueto, otro de los investigados, el retorno de unos 2,6 millones de euros.

"Se han observado nuevas conversaciones que refuerzan la influencia que estaría ejerciendo Koldo para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas diferentes y, por tanto, para favorecer Soluciones de Gestión y su titular real, el investigado Cueto" , dice el juez en el auto, previa al levantamiento del secreto de sumario y en el que argumentaba el motivo por el que había que seguir interviniendo los teléfonos de los investigados. Una de estas dos personas sería Ábalos, según el juez.

Moreno analiza una serie de llamadas que se producen entre finales de noviembre, diciembre y enero. Y ahí es donde aparece salpicado el PP. Según relata El Mundo, que ha tenido acceso a la transcripción de las conversaciones, Koldo maniobra para frenar la reclamación de Baleares contactando con miembros del gobierno de Francina Armengol -lo que inició la reclamación a la empresa adjudicataria- y con la actual, liderado por la conservadora Marga Prohens.

"El día 2 de diciembre del 2023 Cueto logró contactar con Koldo, que le informó de que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y Alberto al día siguiente", dice el juez. Según El Mundo, Koldo también dice a Cueto: "Hemos quedado mañana con Miguel, de acuerdo, con Miguel Tellado" y "Le estamos pidiendo una reunión a través de Alberto y Miguel". Preguntado en los pasillos del Congreso, Tellado ha asegurado que no se ha reunido con ningún miembro de la trama y que "en ningún caso" le llamaron para concertar una reunión. En cambio, el PSOE presiona: "¿Por qué se reúne el número 2 de Feijóo con los investigados? ¿Se trata de contactos sobre la reclamación de las mascarillas enviadas a Baleares? ¿Quién es Alberto?", se preguntan fuentes socialistas, que ven una brecha para que la sospecha de corrupción también afecte al PP.

También ha negado estos contactos de Tellado con miembros de la trama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasillos del Senado. "Evidentemente que no", respondió a los periodistas. Feijóo situó el foco en el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y afirmó que "cada vez se ve más claro que conocía la trama y la tapó". "Debe aclarar qué responsabilidad política y personal tiene", ha asegurado en una comparecencia sin preguntas esgrimiendo las nuevas informaciones que salpican a Ábalos, que los populares están evaluando y han convertido en el nuevo caballo de batalla para desestabilizar al gobierno español.

Ábalos-Koldo en una marisquería

El instructor del caso detalla un encuentro "de especial interés para los hechos investigados" que se produjo el pasado 10 de enero en la marisquería La Chalana de Madrid. El día antes, dice Moreno, se produce una conversación telefónica entre el comisionista Koldo y Cueto y éste "le pedía que antes de que se marchara de viaje a Perú el día 11 de enero le dijera algo a un tercero". Y Koldo le responde que, precisamente, una de las cosas a tratar "con una de las personas que se reunirá al día siguiente -cuando se encuentra con Ábalos- es el caso balear", según el juez. En la cena, de la que hay constancia fotográfica, estaban Ábalos y su exasesor, Koldo García, con quien en las últimas entrevistas afirmó que hacía tiempo que no veía y que su relación se había "enfriado" por la falta de contacto diario.

Por otra parte, según El Mundo, Koldo habría avisado a Ábalos sobre la investigación, pero con precauciones a través de su hermano Joseba. Lo habría hecho facilitando tres documentos: la resolución del Consejo de Transparencia, en el que se solicitaba el contrato de Adif y del ministerio de Transportes con la empresa de la trama Soluciones de Gestión; un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de octubre de 2022; y la respuesta del ministerio que dirigía Ábalos al Consejo de Transparencia de agosto de 2022.

El exministro de Transportes lo niega

"Ni de cachondeo, ni antes, ni después, ni mientras tanto, ni nunca". Así ha negado Ábalos haber ejercido el rol de intermediario para detener la reclamación del gobierno balear en una entrevista este jueves por la tarde en Cuatro. "¿Pero qué pasa? ¿Que yo también sirvo de interlocutor con el PP de Baleares? ¿Tanta capacidad tengo? Mucha fantasía es", ha dicho. También ha asegurado que el encuentro con Koldo el pasado 10 de enero en una marisquería fue fortuito y que él había quedado allí para cenar con otra persona.

Otro caso mascarillas en Las Palmas salpica a un excargo del PP

La fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado otro caso de posibles irregularidades en la compra de material sanitario que salpica a un excargo del PP canario. Según EFE, la querella señala a Lucas Bravo de Laguna, que fue secretario general del PP de Gran Canaria, y otros tres empresarios. El ministerio público pone en duda contratos por importe de 22,9 millones de los que entre 9 y 10 millones "no se corresponden con el material entregado". Un juzgado de Las Palmas admitió la querella porque ve indicios de posibles delitos contra la hacienda pública.

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