Los presos políticos vuelven a dormir en Lledoners después de la revocación del tercer grado

BarcelonaComo cada día, hacia las nueve de la noche, los presos políticos de Lledoners volvieron ayer a la prisión para pasar la noche. Todos excepto Josep Rull, que lo hará el viernes porque ayer le estaban haciendo una pequeña intervención quirúrgica. La diferencia con cualquier otro día es que hoy ya no volverán a salir como hacían diariamente desde finales de enero. El juez de vigilancia penitenciaria ha aceptado los argumentos de la Fiscalía y ha revocado el tercer grado de todos ellos, porque es “prematuro” y porque no hay ninguno que haya “asumido” que cometió un delito penal que rompió “normas básicas de convivencia”. En febrero el juez no aceptó la suspensión del tercer grado que pedía la Fiscalía, pero ahora ya ha concluido que, de momento, su lugar es en Lledoners.

Delante de la prisión los esperaba una comitiva convocada por la ANC y Òmnium Cultural para protestar contra la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria número cinco. Carme Forcadell y Dolors Bassa son las únicas que siguen en tercer grado a la espera de lo que decida el juzgado número 1 o el Tribunal Supremo, que, también a petición de la Fiscalía, tiene que valorar la suspensión de la semilibertad. Precisamente ante el Supremo es donde podrían recurrir ahora los presos de Lledoners, a pesar de las escasas opciones de éxito en caso de que lo prueben: el juez de vigilancia penitenciaria se basa en buena parte en la resolución que la sala segunda del Supremo hizo contra el tercer grado en diciembre.

“Nos encierran en la cárcel porque no nos pueden ganar en las urnas”, destacó el presidente de ERC, Oriol Junqueras, desde el escenario montado ante la entrada principal del centro penitenciario. Todos los mensajes que se oyeron fueron reivindicativos. “Basta de tanta persecución”, exclamó Jordi Turull. “Entramos con la cabeza bien alta y la dignidad llena”, subrayó Raül Romeva. “A pesar de lo que nos dicen y exigen no renunciaremos a nuestros ideales”, resaltó Joaquim Forn. “No dejaremos el trabajo que tenemos que hacer, y lo haremos desde la unidad”, insistió Jordi Sànchez. El primero en coger el micrófono fue el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que dijo: “Hoy no es un día para la tristeza, es un día para la dignidad”. Según los presos, el Estado tiene “miedo” de todo lo que representan.

Cuixart se encargó de recordar la coincidencia entre la revocación del tercer grado y la de la inmunidad de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín en el Parlamento Europeo, celebrada por la ministra de Asuntos Exteriores.

“Rompieron la convivencia”

Los argumentos del juez -que no es el mismo que en julio del año pasado validó la semilibertad de los presos- son básicamente tres. El primero, que considera que la decisión es “prematura”, a pesar de que todos ya hayan cumplido una cuarta parte de la condena. ¿Por qué? Por los años que les quedan por cumplir, entre seis y diez dependiendo del caso. “Se necesita más tiempo para que el tratamiento penitenciario produzca sus efectos”, concluye la resolución.

El segundo, la falta de “asunción de responsabilidad”: el juez subraya que solo reconocen una responsabilidad “política o moral”, pero en ningún caso “penal”. “Todos los hechos que se asumen parecen contextualizados, minimizados o justificados”, describe. “No se ve en ellos un mínimo de responsabilidad penal en el sentido de haber roto normas básicas de convivencia”, añade. Y destaca: “No se trata en ningún caso de que se produzca un arrepentimiento [figura solo prevista en delitos de terrorismo], sino únicamente tener conciencia de la comisión delictiva”. Precisamente por eso, la Fiscalía reclamaba que se les aplicara un tratamiento penitenciario específico para resolver esta cuestión, a pesar de que la Generalitat remarca que en tres años de prisión ya se ha podido comprobar “una evolución positiva”. “No nos arrepentiremos de tener unas ideas legítimas y nobles defendidas pacíficamente”, respondió ayer Rull en Twitter.

Y el tercer argumento del magistrado es que el buen comportamiento de los presos y, especialmente, el hecho de tener una red familiar fuera de la prisión no son motivos suficientes para concederles el tercer grado. Además, a pesar de que la inhabilitación especial les impide ocupar cargos públicos, su incidencia política y los cargos que ocupan en partidos y entidades no eliminan la posibilidad de la reiteración delictiva, según el magistrado.

Más allá de las reacciones de los presos a la decisión, también hay implicaciones políticas. Por ejemplo, supone un nuevo dardo en el intento de diálogo con el gobierno español que propugna ERC. Así, el líder de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, se declaró “harto” de las decisiones judiciales como esta y volvió a reclamar al ejecutivo de Pedro Sánchez que haga política. ¿Y el Govern qué dice? Tanto el vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), como la portavoz, Meritxell Budó (JxCat), coincidieron en que todo ello es una “venganza”. Budó y Junts responsabilizan directamente a Sánchez, y este hecho, en plena negociación sobre la hoja de ruta que tiene que seguir el independentismo, no es poco importante.