Joaquim Bosch: "Es muy lamentable que políticos inciten a la prevaricación con la expulsión de los menores de Ceuta"

BarcelonaEl magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965) atiende a ARA para explicar la especial protección de los menores inmigrantes que están en Ceuta bajo tutela de las autoridades españolas.

La Unión Europea se ha posicionado a favor del retorno de todos los inmigrantes a Marruecos, también de los menores.

— Lo que dicen representantes de la UE es un poco ambiguo. Afirman que lo que corresponde es retornar a los menores a Marruecos, pero que no se puede hacer de cualquier manera. Tampoco es que digan que se debe hacer una expulsión inmediata y masiva.

¿Es posible, legalmente, devolverlos de forma masiva?

— Tanto las normas europeas como la legislación española y la jurisprudencia imposibilitan que se pueda hacer una expulsión indiscriminada de un día para otro. El artículo 35 de la ley de extranjería es el ejemplo más claro. Se necesita un expediente individualizado para cada menor en el cual se debe valorar de manera obligatoria qué es lo mejor para cada uno. Se debe analizar la situación familiar, obtener los informes necesarios, escuchar al propio menor... El interés superior del menor prevalece sobre otros intereses en conflicto. En algunos casos, será el retorno a la familia. En otros, deberá quedarse aquí.

¿El gobierno español tiene margen para saltarse estos procedimientos?

— El tema es tan claro que ya condenaron cargos públicos por prevaricación, precisamente por haber acordado una expulsión sin garantías.

¿Y la nueva legislación europea cambia los procedimientos?

— No cambia sustancialmente la regulación de los menores. El nuevo reglamento europeo de retorno no dificulta los trámites. Sí que impone un procedimiento más restrictivo y acelerado para los mayores de edad, pero tampoco excluye los trámites necesarios y, por eso, el gobierno tampoco ha procedido a una expulsión inmediata de los adultos. La evolución de las normas europeas ha cogido enfoques más restrictivos, pero no se pueden dejar en papel mojado los acuerdos internacionales en el tema de asilo. Y, con respecto a los menores, el nuevo reglamento estipula que se deben respetar las garantías de los procedimientos y buscar la solución que más satisfaga el interés superior.

¿Cuáles son estos procedimientos?

— El estado español debe registrar cada situación, determinar la edad de los menores, identificarlos y pedir a Marruecos los informes sociales correspondientes. Y, con la Fiscalía y una asistencia letrada, en última instancia se debe tomar la decisión que sea mejor para el menor.

El PP y Vox están reclamando que se expulse a todo el que llegó a Ceuta, también a los menores.

— Es muy lamentable que representantes políticos estén haciendo incitaciones a la prevaricación. El margen de actuación sería el mismo si en lugar de este gobierno hubiera otro de signo ideológico diferente. Otra cosa es que se pueda reformar la ley de extranjería, pero, aun así, habría límites en cuanto al tratamiento de los menores. La redacción de la ley es de 2009 y, aunque el PP tuvo después mayoría absoluta, no introdujo los cambios que ahora reclaman.

¿Cómo se protegen los derechos de los menores?

— La ley de protección de los menores no diferencia entre extranjeros y españoles, precisamente porque lo marcan los tratados internacionales. En materia de protección de menores es muy difícil ir hacia una regulación legal que acabe anulando los derechos, porque tienen una protección reforzada.

¿Qué dificultades hay para resolver los expedientes?

— Si Marruecos no colabora en la devolución, es imposible practicarla. No se pueden llevar niños a la frontera y esperar que alguien vaya a buscarlos. Y, en el pasado, hemos visto una colaboración nula de Marruecos, como destacan los informes de la Fiscalía. Ahora dicen las autoridades que van a trabajar en ello, pero veremos qué pasa. No es tan fácil tomar una decisión sobre qué es mejor para los menores si no hay información sobre la situación familiar. Se han hecho muy pocas devoluciones hasta ahora por la falta de colaboración de Marruecos.

¿Si el menor no quiere volver, se le ha de respetar la decisión?

— El menor tiene derecho a ser escuchado, sobre todo cuando tiene la madurez suficiente. Pero su opinión no es vinculante, aunque diga que no quiere volver a Marruecos. Si la familia está identificada y las autoridades marroquíes colaboran, es más fácil de retornarlo. De hecho, si en el expediente se constata que, contra la opinión del menor, lo mejor para él es que vuelva al país de origen, se hace.

En caso de que las autoridades españolas devolvieran masivamente a los menores, ¿quién podría pagar penalmente?

— La responsabilidad penal recae sobre quien haya tomado la decisión de la devolución masiva, colectiva sin seguir las garantías –el año pasado se inhabilitó a la delegada del gobierno español y a la vicepresidenta del gobierno de Ceuta–. Pero también pueden responder penalmente las personas que han participado en la decisión. Si se acredita que un ministro ha dado las órdenes o que lo han hecho otros cargos del gobierno, también podrían ser responsables.