¿Fue legal la detención de Clara Ponsatí?

BarcelonaClara Ponsatí se presentó este martes por sorpresa a Catalunya, fue detenida a pesar de tener inmunidad parlamentaria y después el juez la dejó en libertad. Era una posibilidad que tanto ella como sus abogados preveían, a pesar de que la denuncian como ilegal. ¿Podía ser detenida? ¿Tiene repercusiones en el exilio? A continuación os explicamos las claves del caso Clara Ponsatí, que puede acabar con otro frente judicial en Europa.

• ¿En qué situación procesal queda Clara Ponsatí?

En las horas que Clara Ponsatí fue detenida en Barcelona, el Tribunal Supremo tuvo que decidir si le tomaba declaración en la capital catalana o si la transportaba a Madrid: optó por la primera opción y la citó a declarar el 24 de abril. Por lo tanto, su situación procesal no cambia sustancialmente: continúa estando investigada por un delito de desobediencia y, ya de vuelta en Bélgica, seguirá haciendo de eurodiputada. Lo que sí le ha solicitado Llarena es que esté localizable y le comunique oficialmente su domicilio.

• ¿Qué pasa si no se presenta el día 24 de abril en Madrid?

Si, como todo apunta, Ponsatí no acude a declarar el día 24 de abril –considera que no es competente el Supremo–, el juez instructor Pablo Llarena ya ha dejado claro que se tendrá que traer “por la fuerza pública”, a pesar de que fuera del estado español no hay ninguna orden de detención vigente y no puede enviar a la policía española ni a los Mossos a buscarla. Es por eso que lo más probable es que Ponsatí no volviera a ser detenida hasta que volviera a España a partir de esta fecha. Según el penalista Joan Queralt, esta situación evidencia que en el Estado “no se aplica” el derecho europeo como en el resto de la Unión Europea: el juez Llarena solo puede detenerla si vuelve, puesto que en el resto de estados no hay euroorden mientras tenga inmunidad y puede circular libremente.

• ¿Los Mossos d'Esquadra tenían que actuar?

"Era su deber legal”, aseguró el martes el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, sobre la detención que efectuaron los Mossos. Una opinión con la que coincide el penalista Jordi Nieva consultado por el ARA: “La detención como tal fue legal”, dice, porque había una orden, a pesar de que la considera "absurda" e "innecesaria" teniendo en cuenta que Ponsatí se enfrenta a un delito sin penas de prisión y podría ser juzgada incluso sin presentarse ante el juez. También porque "colisiona" con la inmunidad parlamentaria que ahora mismo está en litigio en el Tribunal General de la Unión Europea y sobre la cual tiene que pronunciarse esta primavera. Precisamente por eso Queralt considera que la inmunidad tenía que haber prevalecido y que la orden de detención en el Estado no tendría que estar vigente.

Fuentes expertas en el ámbito policial aclaran que los Mossos no pueden decidir si aplican o no una orden de detención vigente en el Estado y que, en todo caso, es competencia del Supremo decidir si mantiene la orden activa (o no) aunque los diputados tengan inmunidad parlamentaria. Mientras esté operativa, añaden, la policía siempre procederá a la detención.

• ¿Qué dice el Parlamento Europeo?

Como Clara Ponsatí y su abogado Gonzalo Boye consideran que no se la podía detener a raíz de la inmunidad parlamentaria, ya han presentado una queja en el Parlamento Europeo para que defienda su inmunidad. De acuerdo con el artículo 9.1 del reglamento de la Eurocámara, la solicitud de amparo "se comunicará al pleno y se remitirá a la comisión competente", que examinará la petición "sin demora", pero "teniendo en cuenta su complejidad relativa" –informan Marc Toro y Gerard Fageda.

Quien ya se ha pronunciado, en todo caso, ha sido el comisario de Justicia, Didier Reynders, y de momento no ha cuestionado la actuación del Supremo: "Hay disposiciones que permiten la detención" de eurodiputados como Ponsatí, a pesar de que ha dejado claro que "verificarán" la "situación exacta" de la parlamentaria de Junts.

• ¿Nuevo recurso en el TGUE?

La situación puede abrir un nuevo frente del Tribunal Supremo en Luxemburgo: Ponsatí podría presentar un recurso contra la decisión que tome la Eurocámara en el Tribunal General de la Unión Europea, a pesar de que desde la defensa no avanzan acontecimientos ni quieren revelar la estrategia. Esta eventual causa se sumaría a la que está pendiente: el TGUE tiene que decir si el Parlamento Europeo actuó bien autorizando el suplicatorio contra Ponsatí, Puigdemont y Comín por sedición y que les levantaba la inmunidad (después se les devolvió de forma cautelar por orden de Luxemburgo a raíz de la detención del ex president en Cerdeña).

La cuestión central de estos procedimientos es si España puede mantener las órdenes de detención vigentes mientras los parlamentarios tengan inmunidad. Las euroórdenes ya ha quedado claro que no. Hasta ahora, el Supremo –y así lo ha expuesto Llarena en el caso de Ponsatí– interpreta que la inmunidad europea dentro de España es diferente que en el resto del territorio de la UE, puesto que se equipara a la que tienen los diputados del Congreso y el Senado.

En este sentido, Llarena defiende que las órdenes de detención estatal "no están condicionadas" a un suplicatorio –a diferencia de las euroórdenes– y descarta pedir una nueva por el procesamiento de Clara Ponsatí por desobediencia. Argumenta que, de acuerdo con la legislación española, solo es necesario hacer esta petición para "inculpar" o "procesar" diputados y Ponsatí está procesada desde el 2018 por rebelión. "¿Por qué pidió, pues, el suplicatorio al Parlamento Europeo?", se pregunta Jordi Nieva, mientras que desde el equipo de letrados de Ponsatí defienden que el magistrado instructor, incluso, tendría que pedir ahora un nuevo permiso a la Eurocámara para sacar adelante ahora el proceso penal por desobediencia. Remarcan que los suplicatorios son por delitos concretos y que el que autorizó el Parlamento Europeo era por sedición.

• ¿Un precedente para Puigdemont?

El regreso de Clara Ponsatí se ha convertido también en un banco de pruebas para el resto de exiliados con inmunidad: Carles Puigdemont y Toni Comín. Hasta ahora no estaba claro si España los detendría si pisaban territorio español y, con el episodio de este martes, es muy claro que sí. Además, Ponsatí quedó en libertad porque el delito por el que se la acusa, desobediencia, no conlleva penas de prisión, pero Puigdemont y Comín, si hicieran lo mismo, se arriesgarían a quedar en prisión preventiva hasta el juicio. Ambos están procesados por malversación con penas que pueden llegar hasta los 12 años de privación de libertad.