Marlaska rescinde cinco meses después los polémicos contratos con una empresa de Israel

MadridPedro Sánchez ordenó el 24 de abril rescindir los contratos con la empresa israelí IMI Systems LTD para adquirir 15 millones de balas para la Guardia Civil, tras una fuerte polémica por las contradicciones del gobierno español, que presumía de no comercializar con el régimen de Benjamin Netanyahu en plena ofensiva en Gaza. No fue hasta este lunes que la secretaria de estado de Seguridad, Aina Calvo, firmó la resolución de los expedientes alegando al decreto de embargo de armas aprobado por el consejo de ministros la semana pasada, según informa Europa Press. Una vez que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) ha denegado la importación, el ministerio del Interior ha podido romper los papeles definitivamente.

"La causa de resolución de los contratos con IMI Systems LTD se fundamenta en la imposibilidad legal sobrevenida, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel materializada por la denegación de la licencia de importación por parte de la autoridad competente. [El real decreto ley de 23 de septiembre de 202 de doble uso, así como solicitudes de autorización de tráfico de este material", dice la resolución que ha firmado la número 2 de Interior. Según Europa Press, la propuesta es liquidar el contrato "con la cifra de 0 euros" y sólo se plantea la devolución de 275.500 euros "equivalentes al 5 por ciento del presupuesto base de la licitación de cada lote". Su valor total eran unos 6,8 millones de euros. La cantidad a devolver corresponde a un depósito adelantado por la empresa israelí como garantía de cumplimiento, pero no sería una indemnización.

Ha sido necesario, pues, aprobar este decreto de embargo de armas para acabar con estos polémicos contratos. De hecho, cuando el ministerio del Interior decidió salir adelante a pesar del compromiso de revertirlo, fue porque la abogacía del Estado así lo había aconsejado, dado que no encontraban la manera de renunciar al producto sin perder dinero. Sánchez ordenó la rescisión y el gobierno español aseguraba que estudiarían la fórmula para no salir perdiendo, pero finalmente se acabó necesitando el cambio legal que hacía tiempo reclamaban las organizaciones antimilitaristas y propalestinas: un embargo de armas a Israel.

El Estado mantiene contratos con el polémico intermediario de armamento de Israel que provocó el choque entre PSOE y Sumar